La inquietante realidad del país

En las democracias anglosajonas la protección de los derechos individuales suele ser tan significativa que los ciudadanos pueden reclamar compensaciones a sus gobiernos cuando sus intereses son afectados por falta de información al viajar al exterior. Esa es la causa de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya advertido mediante un “informe consular” a los turistas que viajen a la Argentina, sobre los riesgos personales que pueden enfrentar en nuestro país. No es la primera vez que ello ocurre, pero en esta oportunidad la advertencia tuvo una difusión pública considerablemente mayor, lo que dio lugar a que nuestra Cancillería comunicase al embajador de EE.UU el desagrado oficial. “Resulta inadmisible la continuidad de caracterizaciones que no responden a la realidad y que constituyen apreciaciones que generan alarmas injustificadas que en nada agradan al gobierno argentino”, manifestó el canciller Jorge Taiana. La advertencia del Departamento de Estado señaló que la mayoría de ciudadanos norteamericanos que visitan nuestro país lo hacen sin problemas, mas puntualizó riesgos diversos de inseguridad en los grandes centros urbanos, así como bloqueos de autopistas y otras circunstancias notorias.
Esos “informes consulares” son frecuentes en Washington y en Londres con referencia a otros lugares del mundo, y a veces asumen caracteres de alertas, como en el caso de Medio Oriente. Seguramente que la inclusión de la Triple Frontera en el informe ha sido un exceso de apreciación  pero debe reconocerse que, en el resto, esa advertencia no constituye una exageración y está más cerca de la realidad que las manifestaciones del canciller Taiana. En todo caso, el hecho inquietante es que nuestro país presente esa imagen en el exterior, por un concepto equivocado de los derechos individuales de quienes son mayoría en la sociedad frente al delito y las actitudes de múltiples sectores que demandan o peticionan mediante acciones irregulares impunes. El panorama que presenta la capital de la República es en ese sentido un testimonio contundente de caos, más que desorden, que cotidianamente se incrementa y por sus dimensiones representa un ejemplo muy pernicioso para el país. Transportes colapsados tras los imprevistos y renovados cortes de calles por manifestaciones de grupos diversos, filas kilométricas de automovilistas impedidos de avanzar, autopistas de acceso interrumpidas repentinamente por reducidos grupos alterados sin que los medios de un orden mínimo traten de impedirlo.
Los piquetes, expresión hija de la crisis, han sido virtualmente legalizados por una censurable interpretación oficial de los derechos humanos, lo cual hiere el concepto más puro de esos valores que honran a las comunidades libres. El mundo del tercer milenio no es, por cierto, un paraíso; pero lo que agrede el sentido común en nuestro caso es el desorden que las autoridades de aplicación ignoran, y por omisión de las normas de convivencia estimulan. Seguramente que la mayoría de esas demandas sociales que se expresan en el caos son legítimas, pero también es cierto que la impunidad de los excesos provoca la anarquía deliberada de minorías irrelevantes en las urnas. Esa derivación es altamente peligrosa, pues puede llegar el momento en que la sociedad reclame la fuerza y no el orden legítimo, poniendo en riesgo los valores de las libertades democráticas. Puede que el procedimiento de EE.UU. para advertir a sus ciudadanos sea cuestionable, pero no lo es la ceguera oficial frente a la realidad.