Ayer eran las 13.45 cuando en el sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en internet (www.csjn.gov.ar) fue publicado el fallo mediante el cual, en una causa sustanciada en la Capital Federal, el alto tribunal declaró inconstitucional el sistema de designación de subrogantes que imperaba en la Justicia Federal. Tal como informó LA GACETA, la Corte convalidó expresamente por un año más los nombramientos efectuados hasta ahora por el Consejo de la Magistratura, así como los actos procesales dispuestos por quienes se desempeñan interinamente como consecuencia de la vacancia en algún despacho o vocalía de tribunal colegiado (ver "El fallo...").
Los alcances de la sentencia habían generado incertidumbre, porque alrededor de 200 de los 874 magistrados federales del país revisten el carácter de interinos. Y, en el caso de Tucumán, la resolución fue conocida el miércoles, cuando, precisamente mediante el mecanismo cuestionado, el Consejo de la Magistratura designó a los abogados Daniel Bejas y Alicia Noli para que se desempeñen como subrogantes en el juzgado federal Nº 1 (tiene competencia electoral) y en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, respectivamente.
Bejas reemplazará a Jorge Parache (su renuncia se hará efectiva a partir del 31 del corriente) y Noli hará lo mismo en relación con Oscar Emilio Sarrulle (dimitió en 2005), al que también aspira a sustituir en forma definitiva (ver nota aparte). A ello hay que sumar que, desde el 4 de julio del año pasado, Mario Racedo está al frente del juzgado Nº 2, también en el carácter de subrogante, como consecuencia de la suspensión y posterior destitución de Felipe Terán.
Opiniones divididas
Actualmente, cada vez que se produce una vacante prolongada y mientras se sustancia un concurso público para elegir al nuevo titular del despacho, las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en las provincias, si no recurren a un magistrado jubilado, envían ternas de postulantes a la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, que elige a uno.
Precisamente, este mecanismo, establecido por la resolución 76/2004 del Consejo, es lo que cuatro ministros de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Carlos Fayt; este con su propio voto) calificaron de inconstitucional. En cambio, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni se pronunciaron en disidencia.
El criterio de la mayoría del tribunal es que el sistema imperante no respeta el diseñado por la Constitución nacional para la designación de un juez, según el cual deben intervenir el Consejo (lleva adelante el concurso), el Poder Ejecutivo (a este le eleva una terna el Consejo después de la selección) y el Senado (presta acuerdo al elegido por el Ejecutivo). Estos órganos deberán intervenir ?sí o sí- en el nuevo procedimiento para la cobertura de vacancias que deberá ser sancionado a partir del fallo.
Luego de haber considerado que la cantidad de subrogantes representa el 20% del plantel total de magistrados, la Corte concluyó: "el carácter extraordinario del sistema se ha visto claramente desvirtuado convirtiéndose en regla la excepción, lo cual conlleva a una afectación del desarrollo regular de la administración de justicia".
Por ello, el tribunal fue terminante: "en ningún caso dichos subrogantes podrán continuar en funciones más allá de un año, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, lapso durante el cual el Congreso y el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus funciones, establecerán un sistema definitivo sobre la materia en debate con estricta observancia de los parámetros constitucionales observados".
En la causa "Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación", la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó cualquier duda sobre la validez de los actos procesales dispuestos por quienes, como consecuencia de una vacancia, se desempeñan como subrogantes en un juzgado o en un tribunal federal colegiado.
Aunque no por unanimidad, el alto tribunal declaró no ajustado a la Constitución nacional el sistema mediante el cual el Consejo de la Magistratura actualmente elige a los interinos. No obstante, la Corte precisó: "lo expuesto no implica en modo alguno cuestionar el funcionamiento y eficacia de las actuaciones que se hubieran iniciado o que se hallaren aún en trámite bajo el sistema de subrogancias, aquí tachado de inconstitucional".
La Corte se preocupó por destacar que el criterio sentado debía ser aplicado con mucha prudencia. "Deviene imprescindible admitir la validez de las designaciones de jueces subrogantes llevadas a cabo hasta el presente, así como la de las actuaciones procesales por ellos ya practicadas y de las que practiquen", subrayó.
Una clara señal
El tribunal también precisó que las subrogancias existentes se prolongarán por un año. "Continuarán en el ejercicio de sus cargos y su actuación jurisdiccional será considerada válida hasta que cesen las razones que originaron su nombramiento, o hasta que sean reemplazados o ratificados mediante un procedimiento constitucional válido, según las pautas fijadas en el presente", expresó la Corte.
El fallo tiene particular importancia para Tucumán, donde Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2 desde el 4 de julio de 2006, dispuso importantes actos procesales, como decenas de procesamientos, incluido el del ex titular del juzgado que él hoy ocupa como subrogante, Felipe Terán.
Los alcances de la sentencia habían generado incertidumbre, porque alrededor de 200 de los 874 magistrados federales del país revisten el carácter de interinos. Y, en el caso de Tucumán, la resolución fue conocida el miércoles, cuando, precisamente mediante el mecanismo cuestionado, el Consejo de la Magistratura designó a los abogados Daniel Bejas y Alicia Noli para que se desempeñen como subrogantes en el juzgado federal Nº 1 (tiene competencia electoral) y en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, respectivamente.
Bejas reemplazará a Jorge Parache (su renuncia se hará efectiva a partir del 31 del corriente) y Noli hará lo mismo en relación con Oscar Emilio Sarrulle (dimitió en 2005), al que también aspira a sustituir en forma definitiva (ver nota aparte). A ello hay que sumar que, desde el 4 de julio del año pasado, Mario Racedo está al frente del juzgado Nº 2, también en el carácter de subrogante, como consecuencia de la suspensión y posterior destitución de Felipe Terán.
Opiniones divididas
Actualmente, cada vez que se produce una vacante prolongada y mientras se sustancia un concurso público para elegir al nuevo titular del despacho, las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en las provincias, si no recurren a un magistrado jubilado, envían ternas de postulantes a la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, que elige a uno.
Precisamente, este mecanismo, establecido por la resolución 76/2004 del Consejo, es lo que cuatro ministros de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Carlos Fayt; este con su propio voto) calificaron de inconstitucional. En cambio, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni se pronunciaron en disidencia.
El criterio de la mayoría del tribunal es que el sistema imperante no respeta el diseñado por la Constitución nacional para la designación de un juez, según el cual deben intervenir el Consejo (lleva adelante el concurso), el Poder Ejecutivo (a este le eleva una terna el Consejo después de la selección) y el Senado (presta acuerdo al elegido por el Ejecutivo). Estos órganos deberán intervenir ?sí o sí- en el nuevo procedimiento para la cobertura de vacancias que deberá ser sancionado a partir del fallo.
Luego de haber considerado que la cantidad de subrogantes representa el 20% del plantel total de magistrados, la Corte concluyó: "el carácter extraordinario del sistema se ha visto claramente desvirtuado convirtiéndose en regla la excepción, lo cual conlleva a una afectación del desarrollo regular de la administración de justicia".
Por ello, el tribunal fue terminante: "en ningún caso dichos subrogantes podrán continuar en funciones más allá de un año, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, lapso durante el cual el Congreso y el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus funciones, establecerán un sistema definitivo sobre la materia en debate con estricta observancia de los parámetros constitucionales observados".
El fallo convalida los actos de los interinos
En la causa "Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación", la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó cualquier duda sobre la validez de los actos procesales dispuestos por quienes, como consecuencia de una vacancia, se desempeñan como subrogantes en un juzgado o en un tribunal federal colegiado.
Aunque no por unanimidad, el alto tribunal declaró no ajustado a la Constitución nacional el sistema mediante el cual el Consejo de la Magistratura actualmente elige a los interinos. No obstante, la Corte precisó: "lo expuesto no implica en modo alguno cuestionar el funcionamiento y eficacia de las actuaciones que se hubieran iniciado o que se hallaren aún en trámite bajo el sistema de subrogancias, aquí tachado de inconstitucional".
La Corte se preocupó por destacar que el criterio sentado debía ser aplicado con mucha prudencia. "Deviene imprescindible admitir la validez de las designaciones de jueces subrogantes llevadas a cabo hasta el presente, así como la de las actuaciones procesales por ellos ya practicadas y de las que practiquen", subrayó.
Una clara señal
El tribunal también precisó que las subrogancias existentes se prolongarán por un año. "Continuarán en el ejercicio de sus cargos y su actuación jurisdiccional será considerada válida hasta que cesen las razones que originaron su nombramiento, o hasta que sean reemplazados o ratificados mediante un procedimiento constitucional válido, según las pautas fijadas en el presente", expresó la Corte.
El fallo tiene particular importancia para Tucumán, donde Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2 desde el 4 de julio de 2006, dispuso importantes actos procesales, como decenas de procesamientos, incluido el del ex titular del juzgado que él hoy ocupa como subrogante, Felipe Terán.







