Un funcionario del Sepapys que está denunciado fue ascendido

El gobernador, José Alperovich, reveló ayer, en diálogo con la prensa, que ordenó realizar una auditoría en el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys). Como se recordará, el interventor del organismo, Angel Adrián Cúneo Vergés, está denunciando penalmente por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicas, ante la prescripción de la deuda por $ 53 millones de usuarios de la ex Dipos. El vencimiento de los plazos fue informado por dos departamentos del Sepapys, pero aún no se emitió una resolución que oficialice la prescripción.
"Se están realizando auditorías en (la Dirección Provincial de) Vialidad, en (la Dirección de) Estadísticas y en el Sepapys. Mis funcionarios deben saber que si alguien está cometiendo un delito, va a ser denunciado. No permitiré que nadie robe en mi gestión", aseguró.
Sin embargo, LA GACETA averiguó que el mandatario ascendió al rango de subinterventor del Sepapys al jefe del departamento Jurídico de esa entidad, Juan Alberto Caligari. Lo hizo el pasado lunes, día en que este diario reveló que se había reactivado la investigación en contra de ese funcionario, querellado por dos representantes gremiales de los empleados del Sepapys por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario.
El planteo judicial contra el abogado consigna que en octubre de 1997 Caligari habría solicitado, mediante el expediente 4903/C/97, la compra de 500 juegos de bonos profesionales por $ 7.500. La resolución 1.172 aprueba la compra y ordena la emisión de órdenes de pago por $ 3.500 al Colegio de Abogados, y por $ 4.000 a la Caja de Abogados y Procuradores de Tucumán. Luego, se libraron los cheques correspondientes. Pero, de acuerdo con el texto de la denuncia, Caligari no habría entregado esos valores a las instituciones mencionadas, sino que habría adquirido las planchas de bonos profesionales a una firma privada, por los que habría obtenido (siempre según los denunciantes) una diferencia en su favor.
La cuestión es particularmente sensible por cuanto el propio Caligari, en un informe del 13 de julio de 2006, sostiene que la deuda de $ 53 millones de usuarios con el Estado prescribió porque el Sepapys no proveyó de los bonos profesionales que se necesitaban para iniciar demandas de cobro, o para continuar con las ya entabladas. Este argumento fue desmentido, en el mismo expediente, desde la División de Contabilidad del ente.
El lunes, LA GACETA publicó que la Justicia pidió informes al Sepapys sobre la compra de bonos por la que se querella contra Caligari. Ese día, Alperovich, junto con el ministro de Economía, Jorge Jiménez, refrendó el decreto 1.696/3 (ME), por el cual, además de promover a Caligari al cargo de subinterventor, le otorga la retención del cargo de jefe de Jurídico.