Ratifican que es la Corte la que debe decir si rigen cinco leyes

La competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para entender sobre la vigencia de cinco leyes fue reivindicada por el ministro fiscal, Luis de Mitri. El funcionario dictaminó ayer en contra de la pretensión del Gobierno de que la causa impulsada por el legislador Carlos Canevaro (Unión Norte Grande) pase a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Este argumento se reiteraría para las otras acciones sometidas a su conocimiento, en las cuales el Poder Ejecutivo interpuso también la excepción de incompetencia del máximo tribunal: son las firmadas por el legislador Ernesto Padilla (ex FR, hoy Recrear) y por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri.
En debate está la puesta en vigencia de las leyes sancionadas por la Legislatura y resistidas por el PE, para reconocer el 82% móvil de los jubilados transferidos; excluir del acople electoral a los partidos municipales y comunales; implementar el voto electrónico; prohibir prácticas clientelísticas; normalizar los entes públicos intervenidos y cambiar el sistema de autarquía financiera.
Además de afirmar que la Corte no es competente para entender en estos asuntos, el Gobierno afirmó que los actores no estaban legitimados para presentar acciones judiciales con los reclamos, como lo hicieron. De Mitri decidió no opinar sobre ello. "La Corte puede declararla inadmisible o diferir su tratamiento para definirla (en el momento de emitir sentencia)", aseveró.

El argumento
El ministro fiscal desestimó el argumento planteado por el Gobierno, acerca de que la Corte sólo puede actuar como instancia de apelación de sentencias emitidas por tribunales inferiores, por lo cual pidió que se deroguen disposiciones del Código Procesal Constitucional que amplía su ámbito de competencia.
Al respecto, recordó que el artículo 120 de la Constitución provincial sancionada en 2006 establece un criterio distinto del esgrimido por el Poder Ejecutivo. "En su primera parte, asigna a la Corte competencia recursiva del recurso de inconstitucionalidad provincial, como mecanismo de control de constitucionalidad del sistema difuso. A su vez, su presencia tiene como cometido contar con un texto constitucional expreso que garantice la supremacía de la Carta Magna provincial, y en la cual la Corte, como tribunal supremo de Derecho Público interno, tiene la última palabra", subrayó.
Complementariamente, De Mitri defendió el artículo 4 del Código Procesal Constitucional (criticado por el Poder Ejecutivo), el que dispone que la Corte es competente en forma exclusiva para entender en todos los planteos que traten sobre actos lesivos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y de las cámaras de Apelaciones o de instancia única, con respaldo expreso de la nueva Constitución de Tucumán.


La división en dos partes de la acción declarativa de inconstitucionalidad impulsada por un grupo de partidos de la oposición encabezados por Ciudadanos Independientes (CI) contra las reformas introducidas en 2006 a la Carta Magna provincial, para que entiendan dos salas distintas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, fue sugerida por el ministro fiscal subrogante de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Marranzino.
El expediente fue girado ahora al superior tribunal en pleno, para que se pronuncie acerca de cuál tribunal entenderá en este caso, luego de que los camaristas no se pusieron de acuerdo respecto de la competencia y les derivaron el problema.
Luego de que los jueces supremos tomen su resolución, la causa volverá a la Cámara para que se avance en el estudio. Hasta tanto, el trámite está paralizado.

Fundamentos
En su pronunciamiento, el funcionario judicial avaló el criterio de separar los temas objetados, tal como fue planteado por la Sala II de la Cámara, que sólo reconoció competencia para el análisis de los cuestionamientos al Consejo Asesor de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento, al mecanismo de Juicio Político para la destitución de funcionarios y al régimen de enmiendas parlamentarias. Acerca de estos asuntos, dispuso la conexidad y la acumulación con la causa presentada por el Colegio de Abogados.
En cambio, respecto del resto de los planteos de CI, el tribunal integrado por Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo declara su incompetencia parcial y lo devuelve a la Sala III (en una conformación especial con Enrique Guibert y Salvador Ruiz) para que sea esta la que entienda. Esos temas son la nueva integración de la Junta Electoral Provincial con mayoría política, el régimen de acople y la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia por el mero silencio parlamentario. En su resolución, Marranzino recordó los argumentos esgrimidos por cada Sala al definirse sobre el asunto en debate. "Entiende este Ministerio Fiscal que le asiste razón a la Sala II, que al pronunciar su incompetencia parcial no ha admitido la radicación total de la causa en su sede y ha señalado las razones", puntualizó al inclinarse por separar la causa.
Giovanniello y Novillo afirmaron que habían rechazado ciertos temas de CI porque no tenían conexión con la demanda del colegio profesional. Esto no fue compartido por Guibert y Ruiz, que resisten la división del expediente.