"La insolvencia siempre es contagiosa"

Obsesivo de la responsabilidad social empresaria (RSE), Efraín Hugo Richard vino a Tucumán a exponer su visión sobre el tema en el cierre de la Jornada Preparatoria del X Congreso de Derecho Societario y del VI Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (actividad académica de extensión organizada por los institutos de Derecho de la Empresa, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y de Derecho Comercial, de la Universidad Nacional de Tucumán).
Richard es reconocido en el foro por propugnar la moralización de los procesos concursales. Pero no sólo le preocupa la transparencia de la liquidación de la empresa, sino también que esta virtud acompañe a la sociedad a lo largo de su vida. “Los administradores societarios asumen la obligación de no dañar. Pero el daño puede proceder de diversas fuentes y afectar a una infinidad de personas. Es lo que sucede en el ámbito del medio ambiente: muchas empresas contaminan en el afán de ahorrar, porque no usan los sistemas caros que hacen falta. También contaminan cuando operan en cesación de pagos, porque la insolvencia siempre es contagiosa, equivale a contraer el HIV”, advirtió Richard. Y añadió: “está penado contagiar a sabiendas. El empresario es el responsable final del daño comunitario que causa, sea porque incumple la ley o porque provoca un perjuicio que, tarde o temprano, tendrá que reparar”.

-¿Qué entiende por RSE?
-Es una visión muy particular del rol de las sociedades y de las empresas en el mundo moderno, que ofrece mucha controversia porque, en general, las escuelas de análisis económico del derecho tienden a acentuar no sólo la libertad de constituir una sociedad sino también la utilidad que esta otorga a los socios. La RSE no ataca esta idea sino que trata de compatibilizarla con otros principios; en primer lugar, que la libertad jurisgenética, de crear sociedades, no debe dañar a terceros. Una sociedad comercial no puede justificar el perjuicio a los terceros. Donde quizá más fue vista esta realidad es en el caso de las empresas que, operando con dificultades económicas, luego perjudican a sus acreedores y a sus trabajadores. Hoy se advierte que el cierre de una empresa, independientemente del perjuicio que genere a los socios o no, porque a veces los socios son personas ricas dueñas de empresas pobres, perjudican a la comunidad, que queda pauperizada.

-Sin embargo, los economistas ortodoxos dudan de que la empresa pueda ser efectiva en términos de responsabilidad social.
-A esa visión es posible oponer esta otra. Hay que sistematizar el problema de la rentabilidad de la empresa, que divido en dos partes: una alternativa es mirar el mayor valor de las acciones, y la otra, considerar el dividendo que la sociedad produzca. Tradicionalmente prevaleció lo primero, hasta que una corriente económica más agresiva se desinteresa de ello para poner énfasis en el mayor valor de las acciones. A esto están abocados ahora los “brokers” del mundo, quienes deben justificar la globalización financiera. Esta nueva corriente ha traído algunos divertimentos, como los casos de Enron y Worldcom, porque el dividendo es algo palpable, algo que se cobra mensualmente; en cambio, el mayor valor de las acciones resulta de la información contable, que ha sido, en muchos casos, amañada. Sorpresivamente, sobre algunas sociedades que operaron normalmente en el mercado, el síndico, en su informe general, dice que la cesación de pagos viene de seis o siete años atrás. Sin embargo, el balance crecía. Estas son las travesuras de los economicistas.

-¿Pero la RSE no invade un campo de acción más propio del Estado que de la sociedad comercial?
-Estoy de acuerdo en que es el Estado el que tiene que resguardar ciertas circunstancias de la empresa que exceden el ánimo de lucro, pero correlativamente señalo que, cuando la actividad privada genera, como es correcto que genere, nuevos emprendimientos, ellos tienen que cumplir con todas las normas que fija el sistema: cuidar la salud pública, y observar las leyes del consumidor y las ambientales.

Volver al principio
Richard integró la comisión de juristas encargada de redactar la ley de cheques (finalmente sancionada con el número 24.542, fue publicada el 2 de marzo de 1995). Los doce años que transcurrieron desde entonces justifican consultarle si acaso la norma no requiere una reforma para adecuarse a la nueva realidad del país. “Me parece que hay que modificarla volviendo al anteproyecto, que preveía el manejo electrónico de los cheques, particularmente los de pagos diferido, para los cuales se impone la registración. Este requisito fue eliminado por la Cámara de Diputados para beneficiar a las transportadoras de caudales”, respondió a LA GACETA.

-¿Qué mejoras logró la ley?
-Hasta la sanción del proyecto, era rechazado entre el 25% y el 28% de todos los cheques. Además, funcionaban con gran profusión los cheques posdatados. Logramos que el rechazo baje al 0,25%, con lo cual superamos a Suiza. Ahora estamos en el 3% de rechazo. No es alto, pero no se ha eliminado el uso del cheque posdatado. Para mí, esto es nefasto, porque posibilitan la realización de estafas. El proyecto que elaboramos establecía el registro inmediato del cheque diferido, que posibilitaba la revisión electrónica del banco del emisor, lo que le otorgaba más seguridad al negocio. Lo único que quedaba en el alea es que ese cheque correctamente emitido tuviera fondos al momento del vencimiento. Pero el cheque estaba auditado, es decir, que iba a poder ser ejecutado en caso contrario, con lo cual resultaba mucho mejor que un pagaré. Pero no existe la costumbre de registrar los cheques porque es caro y lento. Con algunos retoques, hay que volver a esta idea.

-¿Cree que los bancos lograron recuperar la confianza que habían perdido durante la última crisis?
-Los grandes capitales confían en el sistema bancario. Pero, lamentablemente, lo hacen en la creencia de que se trata de un esquema lícito, y no lo es. Gran parte de las pocas entidades financieras que operan en el país lo hace clandestinamente como banca off shore: este fue el mecanismo que se usó en 2001 para vaciar el sistema financiero.