Una clausura que genera suspicacias

La pregunta que en los últimos días rondó la mente de buena parte de los tucumanos que siguen de cerca los temas de las agendas económica, política y social estuvo vinculada a si fue justa o no la clausura preventiva del ingenio San Juan, dispuesta el miércoles pasado por el Gobierno de la provincia. Sin dudas que la preservación del medio ambiente es importantísima, pero habría que determinar si en las acciones que se asumen en defensa de este propósito no entran en juego intereses que más que comunitarios parecen ser personales y políticos.
Coincidencia o resultado de un acto premeditado, el cierre se produjo el mismo día en que la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, vino a Tucumán para participar del Congreso Nacional del Agua. También, por alguna extraña razón, la funcionaria nacional se atribuyó para sí un anuncio que no le competía al organismo que ella encabeza, ya que este tipo de sanciones le cabe a la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. Un par de días después de consumado el acto, el titular de esta repartición, Alfredo Montalván, dejó en claro ante LA GACETA que la decisión surgió de una resolución de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria (DGFS), que depende del Siprosa, y remarcó que, en este caso, la Nación no tiene competencia para clausurar. “Si bien se trata de una cuenca interjurisdiccional, en este momento no hay proceso de derrame de efluentes porque no hay zafra”, señaló.
La resolución 41 de la DGFS determinó que la clausura se mantendrá hasta tanto el establecimiento proceda a “eliminar el sistema de tuberías que descarga en forma gravítica la cachaza en el canal de desagüe; presentar la documentación que certifique el transporte de la cachaza a campo de terceros; e indicar la ubicación del predio donde se realizará la disposición de la cachaza y nombre del titular, adjuntando autorización para realizarla”.
Lo curioso es que el Complejo Agroindustrial San Juan es una de las 21 industrias que suscribió el 22 de marzo de este año el Programa de Reconversión Industrial (PRI), que vino a reemplazar al Plan de Producción Limpia, al que también se había adherido este ingenio. El PRI establece que las empresas firmantes deben presentar los proyectos individuales y cronogramas de trabajo en un plazo máximo de tres meses, a partir de la firma del acuerdo, y de 40 días hábiles para firmar los convenios individuales. O sea, el ingenio San Juan tenía plazo hasta el 22 de junio para presentar los proyectos que se exigieron el miércoles. Para colmo, a Picolotti se le hizo decir que los propietarios del San Juan “nunca mostraron voluntad de cumplir con el PRI”, lo cual es, por lo menos, discutible, puesto que existe evidencia de que técnicos de esta compañía mantuvieron conversaciones frecuentes con funcionarios nacionales encargados de supervisar el avance de la elaboración de las propuestas. Testimonio de ello podrían dar María Fernanda Bauleo, o María Belén García Bourg, funcionarias de la Dirección de Producción Limpia y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Nación, o Rubén Dip (supervisor del PRI en el orden nacional), o Sergio Villafañe, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, quienes eran los interlocutores de la empresa Indukom Argentina, propietaria del ingenio San Juan.

¿Pasado o futuro?
Tal vez sin darse cuenta, Picolotti arrojó un poco de luz sobre esta decisión de clausura preventiva que sorprendió a la mayoría: “el ingenio San Juan tiene una historia de incumplimiento”, dijo cuando justificó la medida. Si esta versión es cierta, es probable que la clausura del ingenio más chico de Banda del Río Salí haya significado una reprimenda por lo pasado, y no por lo futuro, como se argumentó.
Supuestamente, los responsables del San Juan cumplieron con todas las demandas que llevaron al cierre de la planta, así que se espera que entre hoy y mañana se levante la clausura. De todas formas, habrá que ver si este tipo de sanción alcanza a algún otro ingenio, cuyas autoridades confíen en que existe plazo hasta fines de junio para presentar los proyectos ambientales, según lo convenido. Si ninguna otra planta es objeto de clausuras preventivas, es probable que todo marche de maravillas en el plano ambiental, porque podría entenderse que las fábricas azucareras formularon y realizaron con anticipación sus propuestas ecológicas.