No se pueden cubrir 18 vacantes en la Justicia por el planteo contra la reforma

Dieciocho vacantes esperan ser cubiertas en el Poder Judicial desde hace más de un año, sin que haya posibilidad alguna (por el momento) de que se complete la planta de personal. La imposibilidad está planteada por la medida de no innovar dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo en la causa del Colegio de Abogados contra la reforma de la Constitución provincial, que impide la integración del polémico Consejo Asesor de la Magistratura (ver  “Los nombramientos..”). Los lugares vacíos son tanto en cargos que estaban siendo ocupados por magistrados y funcionarios que fueron destituidos o ascendidos, como en casos en que, pese a su reciente creación por ley, nunca fueron ocupados por nadie. La situación abarca a los tres centros judiciales de la provincia.
En la capital, donde hay nueve vacantes, una situación particular involucra a la Sala VI de la Cámara Penal, que funciona sin un vocal desde el 13 de enero del año pasado, cuando fue destituida Alicia Freidenberg. La ex magistrada cuestionó la decisión de la Legislatura y su expediente está en poder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pronuncie. Tampoco están cubiertas, desde el 3 de febrero de 2006, las defensorías oficiales en lo Civil de la I Nominación y en lo Penal de la IV Nominación (sus anteriores titulares, Hilda Graciela del Valle Vázquez es hoy jueza en lo Civil y Comercial Común de la V Nominación, y María de las Mercedes Carrizo, fiscal de la IX Nominación, respectivamente).
Los otros seis cargos vacíos son de jurisdicciones que nunca fueron puestas en marcha: un Juzgado de Ejecución de Sentencia (la sanción de la ley de creación es de diciembre de 2005); dos jueces de Concursos y Quiebras (mayo de 2004); y los tres restantes, del controvertido Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo (agosto de 2006).
En Concepción, las vacantes corresponden a un juez de Ejecución de Sentencia, uno de Concursos y Quiebras y otro Correccional (vacío desde el 20 de mayo de 2005). Monteros está completo en las oficinas penales actuales, pero figuran seis cargos por ser ocupados en el futuro, cuando se amplíe este centro judicial a otros fueros.

Razones políticas
Aunque en todos los casos se explica públicamente que hay problemas financieros que impiden su funcionamiento (faltan fondos y habilitaciones de nuevos empleados), la discusión es política; en especial, en el caso del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que ni siquiera tiene pauta presupuestaria prevista. Este cuerpo serviría de filtro a todas las sentencias que se dicten en causas donde el Estado sea parte, y el temor es que sea manejado desde el Poder Ejecutivo a su conveniencia. La propia Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra y hubo incluso un expediente abierto por actuales camaristas del fuero para impedir el recorte de sus potestades, que no tiene tratamiento.
En tribunales se resiste también el nacimiento de los fueros de Ejecución de Sentencia, cuya función sería controlar el cumplimiento de las penas en las cárceles (tarea a cargo de los camaristas penales) y de Concursos y Quiebras (hay secretarios en juzgados civiles y comerciales ordinarios con esa función).
Además, según la información que circula dentro de la Justicia, hay dos Juzgados de Paz sin titular (Orán y San Pedro de Colalao). Por último, existen desde hace años otras normas que previeron cargos judiciales que fueron suspendidas por leyes posteriores y que no están en vigencia (Defensorías Oficiales Auxiliares en el interior, juzgados contravencionales y cambios en el Patronato de Liberados).


EL 10 DE DICIEMBRE de 1991, el gobernador Ramón Bautista Ortega creó el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) por decreto, por una iniciativa de su ministro de Gobierno, José Ricardo Falú. El CAM era integrado por la Corte Suprema de Justicia; por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y por el Colegio de Abogados.

DE ESTE MODO, el Poder Ejecutivo se autolimitó en la amplia facultad (dispuesta por la Constitución provincial sancionada en 1990) que tenía para elegir jueces y para pedir su acuerdo a la Legislatura. Surgían de una terna (no vinculante) de propuestos para cada cargo, elaborada por el CAM. La principal crítica contra el organismo era que el proceso de selección sólo contemplaba los antecedentes y no había prueba de oposición (como existe en la Nación a partir de 1998).

EL 22 DE DICIEMBRE de 2003, el gobernador José Alperovich derogó el decreto del ex gobernador Ortega y reasumió todas las potestades constitucionales. Implementó un mecanismo de inscripción pública, presentación de declaraciones juradas y difusión de los datos de cada seleccionado, antes de remitir el pliego a la Legislatura, para que pueda ser impugnado por cualquier ciudadano en sede del Poder Ejecutivo.

EL 22 DE DICIEMBRE de 2004, la Legislatura sancionó la ley 7.469, que habilitó la reforma parcial de la Constitución provincial. En su artículo 2 contempló la posibilidad de recrear el Consejo Asesor de la Magistratura.

EL 29 DE MAYO de 2006, el Colegio de Abogados de Tucumán interpuso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo la primera demanda en contra del proceso de reforma constitucional, cuando todavía estaba en marcha la Convención Constituyente. La entidad profesional objetó el modo de debatir los artículos relacionados con el Poder Judicial.

EL 6 DE JUNIO del año pasado, los convencionales constituyentes aprobaron la nueva Carta Magna de la Provincia. En el inciso 5 del artículo 101 (Atribuciones del Poder Ejecutivo) dispone la existencia del CAM, cuyo dictamen será vinculante. La selección deberá contemplar los concursos de antecedentes y de oposición, entrevistas y opiniones vertidas por la ciudadanía acerca de los candidatos propuestos.

EL 20 DE JUNIO, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.820, mediante el cual dispuso que el Consejo Asesor de la Magistratura sea conformado por seis miembros: el secretario general de la Gobernación, el fiscal de Estado, el ministro de Gobierno, un legislador, un delegado de la Corte Suprema de Justicia y un abogado elegido por sorteo entre la lista de la entidad profesional.

LOS ABOGADOS objetaron el texto final de la Constitución y el decreto del PE. El 28 de junio, el camarista Carlos Giovanniello aceptó la medida cautelar presentada y suspendió la integración del CAM. El PE acató la resolución. La causa aún no está en condiciones de tener sentencia.