La crisis del control remoto

BUENOS AIRES.- El generalizado rechazo y condena a la agresión a Alicia Kirchner, así como la cuasi certeza de la ministra de Desarrollo Social de que ello podría ocurrir, son dos cuestiones muy testimoniales del estado de exaltación en que sigue la sociedad de Santa Cruz. Mucho indica que es un error suponer que esa temperatura pueda bajar lo necesario con la satisfacción de los exigentes acuerdos sindicales pues, poco a poco, conforme se agudizaban los acontecimientos, se fue afirmando la convicción de que tras ellos subyacen situaciones irregulares y de corrupción de una década de gestión absolutista de gobierno. La renuncia dispuesta por la Casa Rosada del autónomo ex gobernador Sergio Acevedo, que precedió a Carlos Sancho, y su silencio posterior son un referente que ha unificado la extendida protesta de los santacruceños.
El gobernador Daniel Peralta, a poco de asumir, se encuentra por todo ello ante un futuro tan azaroso como el de lograr la paz social sin contrariar las órdenes que, según parece, seguirán llegando desde Buenos Aires. Así pudo observarse en su segundo discurso o improvisación después de la agresión a Alicia Kirchner, cuando puso como condición al periodismo que solamente preguntase sobre el escrache a la ministra. Por lo pronto, Peralta deberá garantizar a la Casa Rosada si la hermana del Presidente tendría asegurada en las urnas la gobernación de Santa Cruz, con la campaña consiguiente.           

El abuso de poder
La predisposición para hacer concesiones por parte de Peralta no ha llegado hasta el punto de que la negociación con los docentes retorne a Santa Cruz, en lugar de la cartera nacional de Trabajo. Sin embargo, su promesa pública de restaurar el sistema de paritarias después de doce años de su eliminación por Kirchner, se ha mantenido a pesar de que el gremio docente santacruceño declaró otra semana de paros, contrariando la doctrina del ministerio nacional según la cual son incompatibles. Las paritarias prometidas conciernen a todos los sectores estatales, pero el volumen financiero que requerirán, de acuerdo con las exigencias de los gremios respectivos y que pueden repercutir en otras provincias, excede las posibilidades de Santa Cruz y habría que compensarlo por la caja presidencial o, como señalan los más suspicaces, con los fondos que Santa Cruz sigue depositando en el exterior. Como puede observase, casi todas las alternativas del conflicto santacruceño están cruzadas por circunstancias confusas que han convertido el problema sindical en uno de naturaleza social con picos de irritación tan desmedidos como el ataque a Alicia Kirchner. En una provincia donde la cuarta parte de su población depende del empleo público, no es posible administrar con la mismas reglas de juego de otras más pobladas si se pretende hacerlo bien, sostienen quienes defienden a Kirchner de la crítica tan severa que le plantean hoy quienes lo votaron reiteradamente. Pero el juicio es ahora por abuso de poder. (De nuestra Sucursal)