Archivaron una causa en contra de Mansilla

La Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas no tiene la obligación de exigir a las delegaciones rurales que rindan cuentas del manejo de los recursos públicos. Esa tarea le compete únicamente al Tribunal de Cuentas. Incluso, la dependencia del Poder Ejecutivo tampoco está obligada a enviar al órgano de control los balances de las comunas. Si hay mora en justificar los ingresos y los egresos, es exclusiva responsabilidad de los comisionados. Y sancionar estas conductas no le compete a la Justicia sino a la Legislatura.
Todos estos conceptos fueron vertidos ayer por el fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, en la resolución por la cual archivó la causa en que se investigaba al secretario de coordinación, Sergio Mansilla, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El funcionario jamás fue citado a declarar en ese expediente.
“A mi entender, (a Mansilla) no le cabría la tipificación de incumplimiento de deberes de funcionario. Según mi criterio, los delegados comunales serían los responsables (por la falta de rendición de cuentas de sus administraciones). Y el Tribunal de Cuentas sería el que tiene competencia exclusiva y excluyente sobre control de estos organismos rurales”, aseveró Herrera a LA GACETA, cuando confirmó el archivo del expediente, que había trascendido desde el PE.
Precisamente, Herrera puntualiza en su escrito que las comunas son organismos autónomos y autárquicos, “supervisadas técnicamente por la Secretaría”. “Es deber de las comunas elevar a la Secretaría el balance de ingresos y egresos, sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Cuentas”, sostiene.
“La Secretaría sólo tiene la obligación de revisión de los balances presentados, sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Cuentas para efectuar las denuncias legales correspondientes en caso de creerlo conveniente”, reitera. A renglón seguido agrega que el funcionario no tiene potestad para sancionar a esas administraciones. Y pauta que, de acuerdo con la ley 7.530, “las comunas rurales solamente podrán ser intervenidas por ley de la Legislatura”.
“Es el Tribunal de Cuentas el que ejerce jurisdicción exclusiva y excluyente en sede administrativa, promoviendo los juicios de cuentas (...) y los juicios de responsabilidad”, subraya el fiscal.

Interpretación de normas
Como se recordará, Mansilla había presentado un escrito el lunes pasado, en el que pidió que se archivara la causa y en el que responsabilizó a los comisionados por la mora en rendir cuentas. Pero no compareció ante el fiscal, ni aportó documentación. Pese a ello, Herrera afirmó en su resolución: “la Secretaría de Estado intima mensualmente a las comunas morosas a la presentación de los balances, dando de esta forma cumplimiento a la obligación impuesta por la ley”.
“El secretario de coordinación no tiene obligación de exigir balances a las comunas rurales”, añade. Y precisa: “la obligación de rendir cuentas es del delegado comunal, y la jurisdicción para controlar, aprobar o denunciar anomalías es del Tribunal de Cuentas”.
“No se advierte intención del Tribunal de Cuentas de denunciar irregularidad alguna a la Secretaría”, consigna.
Herrera sostiene, además, que siendo las comunas autónomas y autárquicas, “deviene en principio incorrecta la injerencia de la administración de Justicia en su funcionalidad”. “El acuerdo 734 del Tribunal de Cuentas, que establecería la obligación para la Secretaría de remitir los balances (al ente de contralor), es una reglamentación inter-administrativa, que carece de idoneidad para modificar las leyes 7.350 (Orgánica de Comunas Rurales) y 6.790 (de Administración Financiera)”, concluyó.