Plantean que el plan es político y que responde a la coyuntura

"Antes de hablar de una reforma en el Código Procesal Penal, se tendría que hacer un plan de prevención para luchar contra la inseguridad", señaló Alejandro Diéguez, uno de los abogados consultados sobre una de las ideas del Poder Ejecutivo, para evitar que las personas acusadas por delitos recuperan rápidamente la libertad.
Gustavo Morales indicó que, esta iniciativa, en caso de que prospere, sería inconstitucional, puesto que violará todos los pactos internacionales vigentes a los que está adherido la Nación.
"Naturalmente este es un planteo de tipo político, puesto que se lo hizo en un momento propicio. Además, habrá que saber si el sistema no colapsará ya que todos los procesados deberán quedar detenidos", indicó.
Alvaro Zelarayán, por su parte, indicó que "no es necesario modificar el Código, sino que el Gobierno debe garantizar una mejor educación, trabajo y vivienda digna y que se reduzca el gasto político. Todo lo demás son soluciones coyunturales".
Silvia Furque, en tanto, opinó: "la iniciativa no servirá de nada; la modificación, en todo caso, se debe hacer en el Código Penal porque el hurto seguirá siendo un delito excarcelable, pero eso evidentemente se debe concretar en el ámbito del Congreso Nacional".
Cergio Morfil también se mostró pesimista sobre los resultados que se pueden conseguir si prospera esta medida. "Pero lo que me parece lamentable es que el gobernador diga que hay 400 personas identificadas como las que delinquen. Pareciera que hemos vuelto a los tiempos de las listas negras", exclamó.
"Hay varios países que endurecieron las leyes y nunca lograron bajar los índices de delitos. Hay una realidad: el que sale a robar no piensa si le van a dar cinco o diez años si es que lo llegan a atrapar. Tengo temor de que esto se transforme en Estado parapolicial", expresó Zelarayán.
Diéguez, en tanto, señaló: "la Justicia está aplicando la Ley como corresponde y es incomprensible que se intente hacer creer que ese es el origen de la inseguridad. El problema de fondo es que no existe un plan de prevención contra el delito". "El PE debería entenderlo y no involucrarse en cuestiones del Poder Legislativo y Judicial", advirtió.
"La prevención no se hace encerrando gente en la cárcel. Por delitos menores no se puede privar de la libertad a una persona, salvo que sean reincidentes o que tengan antecedentes penales. Hay que pensar bien y no actuar por reacción", agregó Morfil.