Los fiscales deberán supervisar más la tarea policial

Luego de las palabras pasaron a la acción. Es por eso que ayer hubo una reunión entre dos representantes del Poder Ejecutivo y uno del Poder Judicial, quienes quedaron de acuerdo en que de la crisis de seguridad que se vive en la provincia se sale únicamente trabajando en forma mancomunada.
Los ministros de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, y de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, visitaron en Tribunales al ministro fiscal Luis de Mitri, jefe de los fiscales de Instrucción a quienes, sin nombrarlos, apuntó el gobernador José Alperovich al decir que de las 2.800 personas que se arrestó en los últimos 15 meses, sólo permanecen detenidas 209.
La reunión de ayer fue cordial, aunque De Mitri les dejó en claro a sus visitantes que el Poder Judicial no es culpable de lo que está pasando. "Convinimos que cada uno en su área trabaje aunando esfuerzos. Fue una reunión muy productiva", indicó posteriormente el jefe de los fiscales. "La máxima a la que todos pretendemos llegar es que la Policía realice exitosas investigaciones, bajo la supervisión de los fiscales, que los encausados sean llevados a juicio y que, si hay pruebas suficientes, sean condenados", añadió el ministro fiscal.De Mitri indicó que les solicitó a los diez fiscales del fuero penal de la capital que elaboren un informe en 48 horas sobre el estado de las causas en las que se haya detenido a un arrebatador, uno de los delitos que más sensibilizan a los tucumanos y por el cual, según la Policía, se arrestó a 132 personas en los últimos 15 meses, aunque ninguna de ellas quedó detenida con prisión preventiva.
Si bien es cierto que el plazo para presentar el informe solicitado vence hoy al mediodía, LA GACETA realizó un sondeo. Tres fiscales indicaron que trataron 20 causas por este delito y que sólo en tres de ellos aparecen personas contra las cuales se dictó la prisión preventiva.
Los responsables del ministerio público destacaron que los acusados por estos hechos estuvieron detenidos diez días hábiles y que recuperaron la libertad bajo caución, es decir que salieron de la cárcel después de garantizar el cobro de una fianza de entre $ 1.000 y $ 3.000. Se pudo establecer además que por lo menos en 18 de estos casos ya se solicitó la elevación a juicio oral. A raíz de una falla en el sistema, los fiscales hasta ayer no podían identificar las causas relacionadas con arrebatos, por lo que para cumplir con la exigencia del ministro fiscal, deberán realizar un trabajo manual. De Mitri también explicó que, a partir de ahora, y cada vez que comience un turno, el fiscal correspondiente llamará a los principales representantes de la Policía para indicarles cómo se trabajará durante esos 14 días. "Tiene que haber más diálogo. No puede trabajar cada uno por su lado", dijo.
El ministro López Herrera también se mostró conforme con el resultado de la reunión. "Nosotros dejamos en claro que la Policía se subordinará a las órdenes de los fiscales, ya que son auxiliares de la Justicia. No debe haber polémica. La gente nos está reclamando que nos ocupemos de este tema", indicó el ministro. "Estoy seguro de que se van a ver resultados en poco tiempo", agregó.
Por su parte, el vicegobernador Fernando Juri señaló que a problemática de la seguridad involucra a los tres poderes del Estado y sostuvo que es necesario una reunión entre miembros del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura para que aborden este tema. "Se trata de un problema de Estado, por lo que la responsabilidad es de todos, y los tres debemos involucrarnos", dijo anoche a LA GACETA. Juri indicó que juntos, cada uno aportando lo que le corresponde y con acciones conjuntas, se puede enfrentar el problema de la seguridad. "No es una dificultad del Gobierno; se transformó en un verdadero problema de Estado, y así hay que enfocarlo; no se trata de nombres o de hombres, sino de analizar políticas", acotó. Indicó que en la Cámara hay iniciativas sobre esta cuestión, pero reiteró que se hace necesario un encuentro para que quede claro qué puede aportar cada poder.
"Nosotros debemos ver qué herramientas necesitan y cómo las podemos dar, más allá de las propuestas propias de la Legislatura; se trata de una tarea en conjunto", enfatizó.

Demoras en Antecedentes
Una de las quejas que desde la Justicia se realizó al Ejecutivo es la falta de celeridad en la recepción de la planilla de antecedentes penales de los acusados. El ministro Mario López Herrera indicó que, como el sistema se está informatizando, se están cargando los datos. "Es un proceso lento, pero necesario", advirtió el funcionario.