Más controles al gasto de las campañas políticas

A fines de 2006, el Congreso nacional modificó la ley 25.600 de financiamiento de los partidos políticos, con el objetivo de aumentar los controles judiciales sobre los gastos de la campaña presidencial de este año.
Entre las reformas más importantes figura la prohibición a los medios de comunicación a recibir avisos pagados por terceros sin la firma de los responsables políticos y financieros de los candidatos.
Además, se incrementó el número de auditores de los informes de campaña que deben presentar los partidos políticos. Antes eran seis auditores, ahora deberán ser 25. Con ese objetivo, se estableció un aporte de $ 100 millones a la Cámara Nacional Electoral para este año, que incluye la contratación de una empresa privada que realizará las auditorías.

Plazos judiciales
Los cambios fueron aprobados, en primer lugar, por la Cámara de Diputados, y luego, convertidos en ley por el Senado en la segunda quincena de diciembre. Entre otras modificaciones se estableció un plazo de 180 días para que los jueces electorales apliquen sanciones a los partidos que no cumplan la ley.
En relación con el presupuesto de campaña, se aumentaron los gastos que podrán hacer los candidatos presidenciales; de $ 1 se elevó a $ 1,5 por cada elector. Esta decisión implica que durante la etapa proselitista, podrán recaudar hasta un monto total de $ 35 millones.
Esta suba del tope del financiamiento por candidato podría blanquear el accionar de algunos partidos que -otrora- rindieron gastos menores que los que realmente tuvieron y ocultaron aportes anónimos ante la Justicia. Al debatir esta iniciativa, los diputados y los senadores recibieron recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral, que festejó la sanción de la ley.

Según el secretario general de la Unión Cívica Radical (UCR), José Luis Avignone, por mes el mantenimiento del partido -con más de 75.000 afiliados- insume alrededor de $ 6.000. Eso incluye el pago de los impuestos, el sueldo de dos empleados y la cancelación de una deuda que mantiene la agrupación con la AFIP. Para afrontar los costos, los legisladores y concejales del partido destinan un 10% de sus haberes.
El concejal recordó que el artículo 38 de la Constitución Nacional define a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y establece garantías para su creación, organización y funcionamiento democrático. “La UCR funciona precariamente desde el punto de vista presupuestario. Los fondos que envía el Gobierno nacional son tan exiguos que no alcanzan para que un partido pueda funcionar como tal. La Nación debe tener en cuenta esa situación”, reclamó Avignone.

Fuerza Republicana (FR) fue la tercera fuerza electoral de la provincia en las elecciones para diputados nacionales de 2005, por lo cual recibe anualmente alrededor de $ 40.000 de la Nación. Sólo el funcionamiento de la sede partidaria demanda alrededor de $ 2.000 por mes. Según explicaron referentes republicanos, el alquiler del local demanda $ 1.200 mensuales y, entre teléfono, luz y gas se destinan otros $ 500. A esto se deben sumar $ 200 en impuestos y, en gastos operativos, unos $ 350 más.
FR no cuenta con empleados propios, ya que los contratados de concejales, legisladores, diputados y senadores son quienes colaboran en la sede (habitualmente son seis personas). A su vez, todos los afiliados que ostentan cargos electivos aportan, en total, alrededor de $ 6.500 por mes (donan un 5% de sus haberes). Con los fondos, el partido realiza periódicamente cursos de capacitación dirigencial.