Es una deuda la transparencia del gasto electoral

A 22 días de concretada la elección interna en el Partido Justicialista (PJ), las denuncias de referentes opositores respecto del uso de fondos públicos en la campaña electoral pululan por los pasillos de Tribunales. ¿Cuánto dinero le demandó al oficialismo la primera contienda del año? ¿Las designaciones de personal político en la Legislatura en las jornadas previas al día del comicio guardan relación con la compulsa? ¿Los recursos girados por el Poder Ejecutivo a municipios y comunas antes del 1 de abril persiguieron objetivos políticos o corresponden sólo habituales transferencias financieras?
Las sospechas se repiten elección tras elección y amenazan con monopolizar la atención política si se tiene en cuenta que aún restan desarrollarse, como mínimo, dos comicios: el 26 de agosto para renovación de autoridades provinciales y, el 28 de octubre, para Presidente y diputados nacionales.
El interrogante planteado sobre el financiamiento de los partidos políticos no es un dilema exclusivo de los tucumanos. Por el contrario, prueba de lo añejo y general del debate son las palabras del célebre pensador Max Weber. “Las finanzas de los partidos constituyen para la investigación, por razones comprensibles, el capítulo menos claro de su historia y, sin embargo, uno de los más importantes”, escribió en “Economía y Sociedad”.
El país aún parece estar lejos de poner coto a la cuestión. En el marco de una tendencia mundial y con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los candidatos y partidos y para que éstos no queden a merced de los intereses privados, se ideó un sistema de financiamiento mixto: los fondos pueden provenir de fuentes privadas y públicas.
En efecto, hija de los cacerolazos de diciembre de 2001, la Ley 25.600 (de Financiamiento de los partidos) fue sancionada en el afán de hacer más transparente la actividad política. Pero su debut no fue para nada auspicioso y las sospechas sobre el financiamiento de las campañas electorales reaparecieron durante los comicios legislativos de 2005. En noviembre del año pasado, un fallo de la jueza María Servini de Cubría volvió a encender la polémica, al aprobar las rendiciones de gastos de las campañas presidenciales de 2003 de Néstor Kirchner y de Carlos Menem. En diciembre, el Congreso sancionó la Ley 26.215, mediante la cual modificó la anterior norma y aumentó los controles judiciales.
Pese a los intentos por mejorar la legislación nacional en la materia, los especialistas coinciden en que todo puede resultar en vano si no hay un sinceramiento general. Esto, a partir de los valores asignados por el Ministerio del Interior para el funcionamiento de los partidos políticos. Todos los referentes políticos consultados por LA GACETA coinciden en que los aportes públicos no alcanzan para sostener la agrupación y, mucho menos, para afrontar una campaña electoral.
El PJ, al haber quintuplicado los votos de sus adversarios en los comicios de diputados nacionales de 2005, recibirá para este año poco más de $ 253.000. Sin embargo, la cifra resulta ínfima en comparación con los valores que se barajan actualmente. En la reciente interna peronista, el cálculo mínimo de gasto por voto que efectuó cada lista fue de $ 10, pero los rumores sobre el costo total de la elección echó por tierra esa previsión: se habla de más de $ 2 millones (la suma incluye el pago de fiscales, impresión de boletas, pasacalles, afiches, pintadas y publicidad, entre otros ítems).
Así las cosas, el financiamiento de la política, realizado desde el propio Estado, es una arista crucial para la calidad institucional del país. Pero la clave parece estar en brindar transparencia al proceso de fortalecimiento de la democracia. En ese contexto, las palabras de Ortega y Gasset (“Mejor que combatir los abusos es cambiar los usos”), suenan a ironía.

“En Tucumán, Recrear destina poco más de $ 2.000 por mes para su funcionamiento. Eso incluye el alquiler de la sede y gastos de luz, gas, teléfono, internet, limpieza y papelería, entre otros”, explicó el presidente de la agrupación, Pablo Walter. El ex senador dijo que a ese monto se deben agregar el costo que insumen las acciones políticas o los eventos de capacitación, muchos de los cuales cuentan con el apoyo de la Fundación Naumann. Recrear se sostiene, según dijo, con los aportes de la Nación (alrededor de $ 24.000 anuales y de los miembros de sus órganos partidarios ($ 50 por mes). “También organizamos desayunos o almuerzos para recaudar fondos. El presupuesto para la campaña electoral será de $ 180.000 y los recursos serían aportados por los candidatos, en menor medida, y por empresarios, comerciantes y profesionales del medio”, afirmó.

El Partido Obrero (PO) tiene un gasto operativo mensual que ronda los $ 1.500, explicó el tesorero de la agrupación de izquierda, Ariel Osatinsky. “Por un lado, contamos con los aportes que, a través del Fondo Permanente Partidario, envía el Ministerio del Interior de la Nación en base a los votos obtenidos por el partido en la última elección ($ 4.500 para 2007, según la última resolución) y, por otro, con los aportes de los afiliados al partido; que son trabajadores, por lo que realizan contribuciones mínimas”, aseveró el dirigente.
Osatinsky remarcó que los recursos con que funciona el PO son escasos, por lo cual priorizan aquellos gastos destinados al sostenimiento de la sede partidaria y a las funciones de propaganda, de capacitación y de difusión de ideas a través de volantes y de afiches.