En municipios y comunas hay 20.000 empleados sin seguro
El caso de un trabajador estatal que no recibió respuesta de su ART, puso al descubierto el incumplimiento que mantiene el Gobierno provincial respecto de su plantel de trabajadores. En el rubro de la construcción, los obreros sufren un alto riesgo de accidentes.
En enero pasado, Edmundo Cardozo, un empleado de la comuna de Delfín Gallo (Cruz Alta) que realizaba tareas de mantenimiento del alumbrado público, cayó de una altura de seis metros y quedó inconsciente. Aunque salvó su vida, sufrió fracturas costales y actualmente padece mareos y falta parcial de la audición. Pero la ART que presuntamente cubre los riesgos de trabajo de los empleados provinciales se negó a brindarle asistencia, porque la comuna no paga desde hace cinco años el seguro y ya fue dada de baja. LA GACETA pudo averiguar que la mayor parte de las comunas y municipios de la provincia se encuentra en la misma situación, de manera que unos 20.000 trabajadores estatales permanecen sin cobertura.
"Cuando entregué el acta policial del accidente me empezaron a dar vacaciones que me debían de los años 2002 y 2003, en lugar de la licencia por enfermedad -contó Cardozo-.Yo estaba enyesado. Comuniqué a la Secretaría de Trabajo y enviaron una carta documento advirtiendo que no podían hacer abandono de persona. Pero en la comuna tienen una gran ignorancia sobre el tema y no saben qué hacer".
El empleado accidentado se tuvo que costear los gastos sanatoriales por un total de $ 1.500 y para ello debió sacar un préstamo. Ha perdido no solamente las vacaciones, sino también el presentismo. "A causa de la situación económica no los he podido mandar al colegio a mis hijos (de 19 y 20 años). Me está perjudicando tremendamente la comuna", expresó Carrizo.
Según confirmó a este diario el legislador José Manuel Cano, de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, "la mayor parte de la comunas y municipios no están pagando la ART, lo cual significa desprotección de los trabajadores y riesgos de juicios contra el Estado -destacó Cano-. Hemos cursado un pedido de informe a la Caja Popular para saber cuál es la verdadera situación, pero extraoficialmente nos dicen que la mayor parte de las comunas y municipios está en mora. El gerente de seguros informó que hay voluntad política para comenzar a normalizar la situación". Una de las actividades más expuestas a los accidentes de trabajo es la de los obreros de la construcción. Se trata de un rubro que se está reactivando más por el lado de las obras privadas que por el sector público, de modo que en muchos casos se trata de albañiles contratados directamente por el dueño de la propiedad. Si ocurre un accidente y los obreros carecen de seguro, el propietario del inmueble deberá afrontar la responsabilidad.
"La Uocra tiene hoy 2.300 afiliados en Tucumán. Antes de la devaluación había 5.100", comentó Adrián Santillán, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Pero la cifra real de trabajadores sería cuatro veces mayor, porque el último informe del Ministerio de Trabajo estima que en la construcción el índice empleo en negro se eleva al 84%.
"En lo que va de este año hubo un accidente mortal, a fines de febrero -recordó Santillán-. Un obrero de una empresa estaba cortando una base de cemento con una amoladora, se rompió el disco y se le incrustó en el corazón". La viuda del obrero está realizando los trámites para cobrar el seguro de la ART.
"El monto de la indemnización depende de la edad del trabajador. La cifra máxima se ubica ahora arriba de los $ 200.000, y corresponde a una persona de 18 años, que tiene una alta expectativa de vida -explicó Santillán-. Si se trata de una persona de cerca de 60 años, el monto puede estar cerca del mínimo, que son $ 50.000. La ART paga una vez que la Justicia determina la causa de la muerte y se verifica que no hubo negligencia seria de parte del trabajador".
PUNTO DE VISTA
Los que menos ganan son los más expuestos
Guillermo Ruiz Doncel
ABOGADO
Del total de los trabajadores accidentados en la Provincia de Tucumán, el 55 % gana menos de $ 600; el 17 % gana entre $ 600 y $ 700; el 18 % gana entre $ 700 y $ 1.000. Es decir que el 90% de los accidentados tiene sueldos inferiores a $1.000.
Lo que ocurre no es producto de la casualidad ni de la ausencia de la debida atención por parte de aquellos trabajadores que ganan menos, sino que responde a la reproducción social de modelos instaurados que entendemos deberían modificarse.
En la Argentina, a diferencia de lo ocurrido en los países desarrollados, el sistema integrado de prevención y reparación de los siniestros laborales, se incorporó a la estructura jurídica recién a mediados de los 90 con la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). Antes, sólo había una compensación económica del daño previamente ocurrido, con prescindencia absoluta de la prevención.
La nueva norma ofrece mecanismos más rápidos, económicos e integrales para la reparación de los siniestros sufridos por los trabajadores, con la idea de recuperar la capacidad laboral, la reinserción del trabajador y subsidiariamente el resarcimiento económico.
Pero, a pesar de este avance, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no ha estado a nuestro entender a la altura de las circunstancias, pues su actitud se ha caracterizado por ser demasiado tolerante respecto a las exigencias y al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad que deben desarrollar las empresas, demostrado una gran debilidad de estructura para enfrentar los desafíos que en materia de prevención impone la LRT.
Como consecuencia de ello la situación de los trabajadores y en especiales de aquellos que desarrollan las peores tareas y obtienen las remuneraciones más bajas, continúa siendo preocupante.
Como contracara, observamos que en nuestra Provincia el 64,92 % de los accidentes de trabajo ocurren en las empresas de mas de 100 empleados, de lo que podemos deducir que la salud y la vida de los que menos recursos reciben, solventa y mantiene a los que obtienen mayores privilegios del sistema.
Mucho nos queda por andar en lo que a prevención de riesgos de trabajo se refiere; más aún si tenemos en cuenta que los datos que se mencionan en el presente no toma en cuenta a los trabajadores no registrados ni asegurados por las empresas ("en negro") donde se estima que la siniestralidad laboral duplica la de los trabajadores en situación regular por la mayor precariedad de las condiciones de trabajo.
"Cuando entregué el acta policial del accidente me empezaron a dar vacaciones que me debían de los años 2002 y 2003, en lugar de la licencia por enfermedad -contó Cardozo-.Yo estaba enyesado. Comuniqué a la Secretaría de Trabajo y enviaron una carta documento advirtiendo que no podían hacer abandono de persona. Pero en la comuna tienen una gran ignorancia sobre el tema y no saben qué hacer".
El empleado accidentado se tuvo que costear los gastos sanatoriales por un total de $ 1.500 y para ello debió sacar un préstamo. Ha perdido no solamente las vacaciones, sino también el presentismo. "A causa de la situación económica no los he podido mandar al colegio a mis hijos (de 19 y 20 años). Me está perjudicando tremendamente la comuna", expresó Carrizo.
Según confirmó a este diario el legislador José Manuel Cano, de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, "la mayor parte de la comunas y municipios no están pagando la ART, lo cual significa desprotección de los trabajadores y riesgos de juicios contra el Estado -destacó Cano-. Hemos cursado un pedido de informe a la Caja Popular para saber cuál es la verdadera situación, pero extraoficialmente nos dicen que la mayor parte de las comunas y municipios está en mora. El gerente de seguros informó que hay voluntad política para comenzar a normalizar la situación". Una de las actividades más expuestas a los accidentes de trabajo es la de los obreros de la construcción. Se trata de un rubro que se está reactivando más por el lado de las obras privadas que por el sector público, de modo que en muchos casos se trata de albañiles contratados directamente por el dueño de la propiedad. Si ocurre un accidente y los obreros carecen de seguro, el propietario del inmueble deberá afrontar la responsabilidad.
"La Uocra tiene hoy 2.300 afiliados en Tucumán. Antes de la devaluación había 5.100", comentó Adrián Santillán, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Pero la cifra real de trabajadores sería cuatro veces mayor, porque el último informe del Ministerio de Trabajo estima que en la construcción el índice empleo en negro se eleva al 84%.
"En lo que va de este año hubo un accidente mortal, a fines de febrero -recordó Santillán-. Un obrero de una empresa estaba cortando una base de cemento con una amoladora, se rompió el disco y se le incrustó en el corazón". La viuda del obrero está realizando los trámites para cobrar el seguro de la ART.
"El monto de la indemnización depende de la edad del trabajador. La cifra máxima se ubica ahora arriba de los $ 200.000, y corresponde a una persona de 18 años, que tiene una alta expectativa de vida -explicó Santillán-. Si se trata de una persona de cerca de 60 años, el monto puede estar cerca del mínimo, que son $ 50.000. La ART paga una vez que la Justicia determina la causa de la muerte y se verifica que no hubo negligencia seria de parte del trabajador".
PUNTO DE VISTA
Los que menos ganan son los más expuestos
Guillermo Ruiz Doncel
ABOGADO
Del total de los trabajadores accidentados en la Provincia de Tucumán, el 55 % gana menos de $ 600; el 17 % gana entre $ 600 y $ 700; el 18 % gana entre $ 700 y $ 1.000. Es decir que el 90% de los accidentados tiene sueldos inferiores a $1.000.
Lo que ocurre no es producto de la casualidad ni de la ausencia de la debida atención por parte de aquellos trabajadores que ganan menos, sino que responde a la reproducción social de modelos instaurados que entendemos deberían modificarse.
En la Argentina, a diferencia de lo ocurrido en los países desarrollados, el sistema integrado de prevención y reparación de los siniestros laborales, se incorporó a la estructura jurídica recién a mediados de los 90 con la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). Antes, sólo había una compensación económica del daño previamente ocurrido, con prescindencia absoluta de la prevención.
La nueva norma ofrece mecanismos más rápidos, económicos e integrales para la reparación de los siniestros sufridos por los trabajadores, con la idea de recuperar la capacidad laboral, la reinserción del trabajador y subsidiariamente el resarcimiento económico.
Pero, a pesar de este avance, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no ha estado a nuestro entender a la altura de las circunstancias, pues su actitud se ha caracterizado por ser demasiado tolerante respecto a las exigencias y al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad que deben desarrollar las empresas, demostrado una gran debilidad de estructura para enfrentar los desafíos que en materia de prevención impone la LRT.
Como consecuencia de ello la situación de los trabajadores y en especiales de aquellos que desarrollan las peores tareas y obtienen las remuneraciones más bajas, continúa siendo preocupante.
Como contracara, observamos que en nuestra Provincia el 64,92 % de los accidentes de trabajo ocurren en las empresas de mas de 100 empleados, de lo que podemos deducir que la salud y la vida de los que menos recursos reciben, solventa y mantiene a los que obtienen mayores privilegios del sistema.
Mucho nos queda por andar en lo que a prevención de riesgos de trabajo se refiere; más aún si tenemos en cuenta que los datos que se mencionan en el presente no toma en cuenta a los trabajadores no registrados ni asegurados por las empresas ("en negro") donde se estima que la siniestralidad laboral duplica la de los trabajadores en situación regular por la mayor precariedad de las condiciones de trabajo.
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