El contribuyente debe hacer valer sus derechos

Con la insoportable lentitud de la tortuga a la cual Mafalda bautizó "Burocracia", los trámites en las dependencias del Estado suelen rebasar la tolerancia de los ciudadanos. Ni siquiera cuando intentan pagar pueden hacerlo rápidamente, ya sea en Rentas municipal o provincial, o en la Afip-DGI. Largas colas integran el paisaje cotidiano de la Anses, de los centros de pago o de cobro con pocas cajas, y en el Subsidio de Salud un beneficiario puede llegar a enfermarse de impaciencia.
"No podemos aceptar callados el hecho de que el empleado sea lerdo y no le importe la gente. Yo golpeo el mostrador y digo en voz alta ?¿Quién atiende acá? ¿Quién es el jefe de esta sección?? Entonces se dan por aludidos", afirmó Angela de Sorrentino, presidenta de Adelco.
La defensora de los derechos del consumidor sostiene que en muchos ámbitos "hay poco respeto para el público, para el contribuyente, para el consumidor y para cliente -dijo-. Si la cuota de respeto se mantuviera, el público respondería mas y mejor". Ella tampoco teme reclamar enérgicamente en un supermercado, por ejemplo, cuando ve que hay pocas cajas habilitadas. "Cuando veo que la cola va lerda, le digo al de adelante que me guarde el lugar y me voy a pedir que habiliten otra caja -contó la mujer-. Muchas veces me contestan que no tienen personal. Pero les digo que tendrían que prever con tiempo la situación. Siempre se sabe qué día va a cobrar la gente y va a salir a hacer las compras".
Según opinó Sorrentino, el tedio de la espera ha hecho proliferar los centros de pago rápido, donde el público logra abonar sus boletas en un tiempo récord.


Aguinis en el reinado de los "ñoquis"
La excesiva burocracia se vincula con la ineficiencia de una administración superpoblada.
Durante su disertación en un reciente seminario internacional en Bogotá (Colombia), sobre "las amenazas a la democracia en América Latina", el escritor Marcos Aguinis contó una experiencia que vivió en Tucumán hace un par de décadas.
Argumentó que una de las técnicas del populismo consiste en "aumentar la burocracia, llenar las dependencias de ?ñoquis?, convertir el sector público en una vizcachera de quioscos que alimentan a los punteros políticos, encargados de mantener una clientela miope y adicta".
"A poco de restablecerse la democracia viajé a la ciudad de Tucumán en calidad de secretario de Cultura de la Nación -relató Aguinis-. Cuando fui a la Casa de Gobierno me encontré que a su alrededor se habían establecido numerosos bares que estaban llenos de gente. El gobernador me dijo que quienes llenaban las mesitas tomando café y gaseosas eran empleados públicos que habían designado recientemente y aún no tenían lugar donde trabajar. Ante mi asombro, el gobernador, que era peronista, me disparó esta frase: ?El cargo público es ahora la mejor expresión de la justicia social?. Quedé atónito. Por supuesto que no le preocupaba saber de dónde vendría el dinero para esos sueldos ni la irracionalidad de contratar gente innecesaria".


La cronología del papeleo no sabe de urgencias afectivas
En cuestiones tan delicadas como el proceso legal de la adopción de niños, la burocracia es el fantasma que conspira contra el feliz encuentro de un hogar para los menores sin familia.
Según comentó el presidente de la filial local de la Fundación Adoptar, Julio César Ruiz, a los Juzgados de Familia cada vez llegan menos niños para ser entregados en adopción. Estas oficinas no sólo deben administrar este tipo de gestiones, sino también juicios sucesorios, divorcios, divisiones de bienes, escrituraciones y un sin fin de otros procedimientos.

Sin abogados
"Los niños huérfanos o abandonados no tienen abogados defensores quienes les procuren la búsqueda de un papá y una mamá con la urgencia que necesitan -explicó Ruiz-. Estos niños y niñas que carecen de este derecho natural básico, están institucionalizados. Tan sólo poseen la contención y el afecto del personal de los establecimientos, y un expediente en algún Juzgado, que permanece oculto bajo otros en que se litigan cuestiones ?importantes?".
Ruiz admitió que muchos de estos niños encuentran un hogar gracias a la solidaridad de algunos jueces, funcionarios y empleados judiciales que, conmovidos por situaciones particulares, activan estas tramitaciones. "Pero la mayoría de los aspirantes a adoptar, tienen preferencia por niños pequeños, lo que conlleva la frustración de aquellos que han pasado del año de edad -lamentó-. La sucesión de internaciones se van generando, conforme van cambiando de edad, hasta llegar a los 18 años, en donde aquella última institución les abre las puertas a un mundo que no conocen".

Un año es demasiado
"Los jueces deben entender que un año puede ser la mitad de la vida de un niño -enfatizó Ruiz. Que el reloj de los niños no es el mismo que el de los adultos y que ellos, que dedicaron sus vidas al Derecho, tienen una misión sublime, como es aquella de administrar Justicia, como esta, que es básica y posibilitadora de un hogar para un niño o una niña".Para mayor desventura de los niños en espera de un hogar y de los padres que aspiran tener un hijo, la Acordada 313 del año 1997 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán prohíbe la inscripción de aspirantes a adoptar de extraña jurisdicción, es decir de otras provincias, en franca oposición a tratados internacionales ratificados por nuestro país con rango constitucional. También transgrede la Ley Nacional de Adopciones 24.779, que como único requisito en este sentido exige domicilio real en el territorio de la Nación.


No se puede prescindir de un sistema racional
En realidad, la verdadera burocracia no es mala en sí misma, sino su deformación.
La burocracia bien entendida es necesaria, porque brinda seguridad al ciudadano, según opinó la docente de Teorías Sociológicas de la UNT, Dolores Suárez Larrabure, quien citó las características descriptas por el alemán Max Weber.
Dichas pautas establecen un carácter racional y una división del trabajo, la impersonalidad en las relaciones, y una estructura jerárquica, donde el funcionario no es dueño de su cargo. La burocracia funciona mediante rutinas y procedimientos preestablecidos. Es una organización donde las reglas, decisiones y acciones administrativas se formulan y se registran por escrito. "Es bueno que haya un sistema que marque etapas de procedimiento. Lo malo no es la burocracia sino su deformación. Hoy el término se usa para señalar un rasgo negativo. Cuando decimos que tal institución es burocrática, queremos significar que el sistema es lento y engorroso, poco ejecutivo", explicó Suárez Larrabure.
El proceso de burocratización, según Weber, conduce a adoptar métodos de selección de personal más eficientes. Una organización burocrática rigurosa tiende a lograr rapidez en las decisiones, pues cada miembro conoce lo que debe hacerse y quién debe hacerlo.
Para la opinión pública, la burocracia implica lo contrario. Se considera que además de rígida, es ineficiente, inhumana, mecanicista, lenta y antieconómica.
"Sin embargo, la burocracia es necesaria en el sistema del Estado, porque en el caso de una compra tiene que haber un pedido, una justificación del gasto y tiene que haber racionalidad. Todo eso se justifica a través del papeleo", finalizó Suárez.


Otros países lograron revertir el mal
Al hablar de la experiencia de otros países en la lucha contra la burocracia estatal, el docente de la UNT José Marcos Bulacio mencionó que en Nueva Zelanda crearon un servicio civil independiente de la clase política.
"Este sistema facilita la administración del personal sin afectar la estabilidad laboral de los empleados estatales, pero también permite administrar bajo parámetros de eficiencia y calificaciones de aptitud, como en la actividad privada. Esto se logra poniendo a la administración pública al servicio de una comisión que es nombrada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los ingresos, promociones, premios y castigos, se manejan de forma independiente de la clase política", explicó Bulacio.
Mediante el sistema descripto, los países anglosajones consiguieron alcanzar niveles de eficiencia y transparencia bastante altos, según consignó Bulacio, quien dicta la cátedra de Finanzas Públicas. Pero aclaró que para ello debieron pasar al menos dos décadas, porque el régimen no se puede aplicar con retroactividad.
Es decir que, si se implementara en la Argentina, no se podría incluir en él a los empleados actuales, sino a los que ingresaran de ahora en más.
"Los otros ya tienen derechos adquiridos, de modo que podrían oponerse a las reformas", especificó.