Construir viviendas

Hay menos dinero, pero más voluntad
El sueño de un techo propio sigue pareciendo inalcanzable para muchos tucumanos. La Argentina del default paralizó miles de obras en todo el país y condenó a millones de familias a seguir esperando.
Hoy el nuevo Gobierno ha puesto mayor énfasis en la construcción de casas, a pesar de que cuenta con menos recursos. Al parecer, se trata de utilizar mejor lo poco que se dispone.
Aunque el Instituto de la Vivienda (IPVDU) logró reactivar los contratos, todavía no pudo lograr un buen recupero de las inversiones. Solamente paga su cuota el 50% de los adjudicatarios. No se puede afirmar que la crisis y la desocupación sean los únicos culpables de la morosidad, porque las mensualidades son muy accesibles: rondan los $ 50 o $ 60.
La recaudación del IPVDU en octubre fue de $ 550.000 (debería ingresar $ 1,5 millón), mientras que sus gastos de funcionamiento llegan a $ 400.000.
A pesar de la gran necesidad de vivienda, no todas las adjudicaciones tienen final feliz. El interventor del IPVDU, Gustavo Durán, contó que hace tres meses se entregaron 24 viviendas en El Manantial "y ya nuestras asistentes sociales han detectado tres casas que están a la venta -lamentó-. El lunes entregamos 120 viviendas en Yerba Buena y han llegado comentarios de que dos adjudicatarios quieren vender sus casas".Durán explicó que hay personas que prefieren seguir viviendo hacinadas con sus familiares a cambio de hacer negocio con una casa, aunque sea ilegal. El contrato establece que no se puede transferir la propiedad antes de los cinco años, pero igual la gente hace la operación sin asentarla ante escribano público.
"Estamos capacitando al personal del área de recupero. Nos haría falta una buena base de datos. Pero también hay que concientizar a la población", dijo el funcionario.

Un tercio del dinero
Si en la época del menemismo no era fácil acceder a una vivienda, en estos días parece casi imposible porque los fondos que la Nación puede destinar al rubro son muy inferiores a lo que asignaba en la época de la paridad con el dólar.
Durante la década del 80, el fondo a distribuir anualmente para hacer viviendas era de 1.400 millones. Pero el manejo de esos fondos estaba centralizado en Buenos Aires y, para conseguir cupos, los funcionarios de provincia debían "pasillar" en la Capital Federal. En 1992 se descentralizó, pero comenzaron a bajar los fondos y -cuando llegó Domingo Cavallo- se puso un límite de 900 millones. Aún así, la convertibilidad permitía un buen flujo de dinero. Lo malo fue que durante el gobierno de Fernando de la Rúa esos fondos específicos tuvieron libre disponibilidad y se los usó para otros fines. Ahora, con la devaluación, la cifra en dólares se redujo a un tercio. Para los optimistas, la decisión política de incentivar la construcción de viviendas puede obrar el milagro de que -con menos fondos específicos- se hagan más obras. Con ese fin, la Nación está aportándole un flujo de dinero a las provincias mediante los planes de reactivación, que incluyen puestos de trabajo (el 30% del total disponible) para jefes de hogar desocupados.
"La Nación decide cuántas obras se harán en cada provincia; ahora manejan los fondos mediante el sistema premio y castigo. Si uno no toca los fondos específicos y pone en contrapartida de lo que ellos nos dan, nos premian y nos dan más. Están propiciando que las provincias inviertan en viviendas -destacó Durán-. Estamos terminando los barrios que se habían paralizado después de la devaluación y reactivando los contratos que estaban firmados pero por razones financieras no se comenzaban".

Del piquete a la obra
Una de las modalidades más novedosas es la que implementa el programa Emergencia Habitacional, lanzado en setiembre, que hará 116 casas de $ 20.000 cada una (con infraestructura) a través de cooperativas de desocupados, organizadas a través de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Las casas tendrán 42 metros cubiertos.
Cada cooperativa se integra con 16 personas, que tienen a su cargo la construcción de 16 viviendas, y reciben su pago contra certificación de obras. Esto generará 464 puestos de trabajo.
Con respecto a la gente de clase media o baja que tiene su propiedad inconclusa y no puede terminarla, Durán comentó que el Gobierno nacional prepara una línea exclusiva para este sector, pero todavía no fue instrumentada.
Otro programa en ejecución es el Promeba, destinado a mejorar las condiciones de vida de los barrios humildes y precarios, llevándoles servicios, infraestructura y ordenamiento legal de las propiedades."Estamos mejor que en los últimos dos años, pero todavía lejos de como estuvimos durante los años 90 -admitió Durán-. Hay una sensación esperanzadora, porque todo lo que la Nación tiene, lo está reciclando para hacer viviendas".
Hoy una vivienda del IPVDU con terminación media (TM) y 60 metros cuadrados cubiertos, consta de tres dormitorios y demás dependencias, con piso, revoque, cielo raso, azulejos y otros detalles de terminación. Cuesta $ 30.000 con financiación a 25 años, es decir que la cuota a pagar por el adjudicatario será de $ 100 mensuales. Aparte deberá abonar la infraestructura de servicios y los nexos (calles y accesos), que se calculan en $ 7.000 como valor promedio.

SONIA TSCHORNE BERESTSKY
Las claves del éxito chileno
"Para que un país sea exitoso en materia de vivienda, en primer lugar, debe convertir este tema en una política de Estado. Y luego debe procurar que esta política tenga continuidad en el tiempo y trascienda a los gobiernos de turno. El problema en América Latina es que no hay una planificación a mediano y largo plazo; ni se establecen, más allá de los gobiernos, objetivos claros, de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, a la realidad económica y a las perspectivas de crecimiento".
Esta crítica visión pertenece a Sonia Tschorne Berestesky, ex subdirectora nacional de Vivienda en Chile y experta en desarrollo urbano, con una larga trayectoria en implementación de planes de vivienda. La experta contó cómo logró Chile, en 10 años, construir 1 millón 30 mil viviendas, reducir al 50% el déficit habitacional, y prever para 2010 que todas las familias chilenas puedan acceder a una casa propia.
"Continuidad" es la palabra clave para lograr el éxito, según la ex funcionaria. Chile fijó su política habitacional hace 16 años, durante el gobierno de Augusto Pinochet, y que desde entonces sólo se han realizado reajustes. "En estos tres últimos años la hemos reformulado. Estamos focalizando el gasto del Estado en solucionar el problema de los más pobres, con el objetivo de que al 2006, cuando termine el mandato del presidente Ricardo Lagos terminemos de erradicar todos los campamentos (villas de emergencia) del país.", señaló.
Con orgullo, explica que "si se dice que somos tremendamente exitosos es porque hemos logrado tener un financiamiento estable del gasto social del país. De una inversión social del 6,2 % que teníamos antes, hoy llegamos al 4, 5% porque hemos logrado incorporar al sector privado". Chile no recurre a financiamiento externo para llevar adelante sus planes de vivienda, aunque ha transferido el crédito a la banca privada."La política chilena parte de la premisa de que el gobierno debe generar las condiciones para que cualquier chileno pueda acceder a su vivienda. Para ellos se crearon planes que dieron confianza a la gente para que dejara de realizar las tomas de tierras fiscales. Primero se focalizaron los recursos en las clases media y baja, con apoyo del Estado. Y para los que no tenían trabajo se les regaló lotes con servicios (luz, sanidad, etcétera).
Para la experta, una política de vivienda no está completa si no se la acompaña con otros aspectos sociales que elevan la calidad de vida de la gente.

COSTA RICA Y COLOMBIA
Tras una mejor calidad de vida
Aunque el déficit habitacional de Costa Rica no parece importante, comparado con el del resto de Latinoamérica, su Gobierno viene estimulando el acceso a la vivienda de los sectores más pobres, a través del Fuprovi, una organización privada constituida en 1987. Sus principales objetivos son promover la autoconstrucción asistida de viviendas, por ayuda mutua y esfuerzo propio. También busca promover el mejoramiento de las condiciones económicas de las familias, aumentando su capacidad de generación de ingresos.
"Se ha creado un proceso sostenido y bastante bueno en cuanto a asignación de recursos para vivienda. Son unos 40 millones de dólares al año, que para un país de 3,5 millones de habitantes resulta una suma bastante grande", explicó Minor Rodríguez Rojas, director de la fundación.
La de Costa Rica no es una economía floreciente pero sí estable, con un crecimiento del 2% o 3% anual. Además del café, el banano y el turismo, en los últimos años se incrementó la producción de insumos de alta tecnología informática. Filiales de fábricas estadounidenses fundaron una suerte de "mini Silicon Valley" costarricense que se nutre de las fortalezas en educación y en salud con que cuenta el pequeño país. "Los norteamericanos invirtieron allí por varias razones. Una es nuestra tradición pacífica, porque no tenemos ejército desde 1948 -evaluó Rodríguez Rojas-. Hemos invertido en educación, no en milicias". El déficit habitacional es de apenas 150.000 viviendas y en gran parte se debe al medio millón de inmigrantes, la mayor parte nicaragüenses. El Gobierno se propuso terminar con los 83 asentamientos precarios, no sólo para mejorar la calidad de vida de la gente, sino también para evitar que afeen la imagen de un país que vive del turismo.
En Colombia, en cambio, el Estado no construye viviendas, sino que tiene un sistema de subsidios a la demanda. "En el caso de Bogotá, la empresa Metrovivienda no construye sino sólo genera suelo urbano. Los constructores adquieren ese suelo, bajo condiciones de calidad, y la gente accede a través de subsidios y créditos.
Como en otros países latinoamericanos, hay muchas familias de bajos recursos que quedan fuera del sistema", explicó Clemencia Escallón Gartner -foto- , directora del Departamento de Acción Comunal de Bogotá. Su esfuerzo se dirige, en estos días, a buscar el mejoramiento de la calidad de vida en asentamientos precarios de esa ciudad, mediante la apertura de vías de acceso, aporte de servicios y otras intervenciones muy estudiadas.

Se necesita un buen control de las obras
Uno de los problemas más graves que enfrentaron los planes de vivienda durante la década menemista, fue el relajamiento de los controles hacia las empresas constructoras. Se dejaron de lado normativas que regían en ese sentido, y -en consecuencia- hubo masivas protestas de parte de adjudicatarios cuyas casas se agrietaban, sufrían pérdidas en las instalaciones de agua, o padecían inundaciones a causa de haber sido construidas en terrenos inadecuados. En todos estos casos, el IPVDU tuvo que revaluar las casas y rebajar el valor de las cuotas.En otros países han ocurrido experiencias similares, según comentaron algunos de los disertantes del Seminario Iberamericano de Políticas de Vivienda, realizado hace pocos días en el Centro Cultural Virla.Por ejemplo, el costarricense Minor Rodríguez Rojas contó que "en eso hemos trabajado mucho para crear una normativa más estricta, para que la fiscalización sea más rigurosa. Se necesita un sistema mucho más comprometido con la calidad, porque no es un costo sino un valor. La vida humana no tiene precio. Y la satisfacción, la ilusión de la gente por su casa, tampoco. La calidad es un valor -remarcó-. Si no hay un control de calidad, el constructor solo no va a cuidar este aspecto. Nuestras entidades financieras tienen un sistema de control de obra bastante fuerte".