Por Redacción LA GACETA
17 Agosto 2003
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A los conflictos contractuales y económicos existentes entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la empresa Transporte 9 de Julio S.A, se suma ahora una nueva acción judicial: la Federación Económica de Tucumán (FET) entiende que la Municipalidad debió reclamar a la empresa recolectora de residuos la devolución de los dineros que pagó el municipio por un servicio que no prestó, referido al tercer punto del contrato relacionado con el tratamiento final de la basura.
El abogado de la FET, Oscar Agustín Arca, dijo a LA GACETA que la institución a la que representa, se arroga el derecho constitucional de custodia de los intereses de los ciudadanos, ya que sus representados pagan por un servicio que no se presta. En ese sentido reclamó por carta documento a la Intendencia de San Miguel de Tucumán a que repare esa omisión y recupere los dineros mal pagados. La intimación se basa en las sentencias firmes en las que Transporte 9 de Julio y la Municipalidad fueron condenados solidariamente por la Cámara Civil y Comercial Común, el 7 de julio de 2001, por la responsabilidad de daño al medio ambiente ocasionado en el predio de Los Vázquez, donde incluso hubo una muerte, juicio iniciado por la Fundación Planeta contra la concesionaria.
"De dichas sentencias judiciales surge que la empresa recolectora de residuos no cumple debidamente con el contrato de concesión, por lo que la Municipalidad tiene la obligación de recuperar esos dineros mal pagados, en su totalidad en lo que corresponde a la unidad operativa Nº 3 del contrato", señala el texto de la carta documento enviada a la intendenta Marta de Ezcurra, el 13 de agosto pasado.
A favor del municipio
Para el abogado de la FET, la suma que la empresa debe devolver al municipio es de $500.000 mensuales, lo que representa $6 millones anuales que deben ser reclamados hasta 10 años atrás en virtud de ser una relación contractual cuyo plazo de prescripción es decenal, más intereses y más gastos judiciales.
La FET exige a la Municipalidad a iniciar acción en contra de los deudores y resguardar de esa manera el patrimonio del municipio. El titular de la entidad empresaria, Eduardo El Eter, dijo a LA GACETA que el comité ejecutivo de la FET respalda totalmente lo expresado por su apoderado legal en dicha presentación.
El plazo otorgado por la FET al municipio para inicie acciones legales contra la empresa es de 10 días, "bajo apercibimiento de concurrir a la Justicia a fin de que obligue a la administración municipal a cumplir con su deber, responsabilizándola solidariamente por su inacción conforme al artículo 1112 del Código Civil".
Arca advirtió que la Intendencia deberá abstenerse de reconocer deuda alguna a la concesionaria, hasta que se resuelvan los importes que adeuda la empresa 9 de Julio al municipio. Según la FET, -incluidos los intereses- la deuda supera los $90 millones, importe aproximado al 50% de la deuda total del municipio.
"Su silencio a este requerimiento le otorga una responsabilidad inexcusable, dada la situación patrimonial del municipio", concluye el texto intimatorio de la FET.
Cobran por un trabajo que no realizan Desde el momento en que la empresa Transporte 9 de Julio SA comenzó a trabajar en Tucumán, contrató con la Municipalidad la recolección de residuos en tres unidades operativas conforme lo ordenaba el decreto 340, del 13 de diciembre de 1990:
recolección y transporte de basuras y residuos; barrido manual y/o mecánico de calzadas; y disposición final por el método de relleno y disposición final de residuos patológicos. Este ítem es el motivo de las controversias.
El abogado Miguel Petracca dijo a LA GACETA que la empresa, no cumplió con ese punto del contrato; "es decir que desde hace 13 años a la fecha cobra por un trabajo que no realiza". Opinó que el recupero de las cifras que abonó la Municipalidad incorrectamente, por el incumplimiento de la concesionaria, "alcanza para sanear todo el descalabro municipal". ¿Por qué no se hizo nada para recuperar ese dinero?, es la pregunta que se hizo el abogado. Petracca plantea que la empresa "no piensa ni remotamente en cumplir la sentencia de la Justicia porque, haciendo gala de la impunidad, se apoya en gestiones políticas para eludirla". Dijo que la empresa recolectora apersonó al estudio jurídico del ex senador José Fernando Carbonell, "para que la defendiera".
Ante la consulta de LA GACETA, Carbonell señaló que no intervino en el juicio de demanda de la Fundación Planeta. "La empresa confirió a mi estudio jurídico la representación legal en mayo de 2003. Mi actuación fue sobre los astreintes, donde pedimos sustitución de embargo", explicó.
La fiscal adjunta Sara Fauze, confirmó lo dicho, pero aclaró que "la Provincia se opuso a dicho pedido, y actualmente se encuentra pendiente de resolución", consignó.
No hubo una búsqueda seria de un predio
Según dijo Juan González, secretario de Medio Ambiente de la Provincia, la empresa Transporte 9 de Julio no presentó 15 predios alternativos para la disposición final de la basura, sino apenas media docena. Sólo uno tenía el correspondiente estudio de impacto ambiental. Está ubicado en El Espinillo (El Chañar), pero la gente del lugar se opuso a la instalación de un basural allí, por tratarse de una zona citrícola de excelencia. Además, cerca de allí hay escuelas y viviendas.
"Otro lugar era en San Felipe, cerca de un canal de agua y de algunos barrios, al igual que uno en San Andrés (los pobladores se opusieron), y otros tampoco tenían el estudio de impacto -detalló González-. Las normas establecen que la empresa debe realizar el estudio de impacto ambiental que avale la aptitud del predio. La empresa no lo hizo. Simplemente señaló lugares que a su criterio parecían aptos".
González propuso al Fiscal de Estado que disponga la formación de un grupo de técnicos provinciales para determinar lugares probables, aptos para la instalación de un predio de tratamiento y disposición final de la basura. Al parecer, el pedido estaría próximo a concretarse.Por otra parte, Medio Ambiente realizó los informes periódicos que dispuso la jueza Nilda Dalla Fontana de Antoraz, respecto de las condiciones del basural de Los Vázquez, constatando que no cumplía con las normas sanitarias. La jueza ordenó que se haga un plan de cierre del basural, bajo pautas establecidas por una consultora. El proceso de remediación del lugar costaría alrededor de $ 4 millones.
El abogado de la FET, Oscar Agustín Arca, dijo a LA GACETA que la institución a la que representa, se arroga el derecho constitucional de custodia de los intereses de los ciudadanos, ya que sus representados pagan por un servicio que no se presta. En ese sentido reclamó por carta documento a la Intendencia de San Miguel de Tucumán a que repare esa omisión y recupere los dineros mal pagados. La intimación se basa en las sentencias firmes en las que Transporte 9 de Julio y la Municipalidad fueron condenados solidariamente por la Cámara Civil y Comercial Común, el 7 de julio de 2001, por la responsabilidad de daño al medio ambiente ocasionado en el predio de Los Vázquez, donde incluso hubo una muerte, juicio iniciado por la Fundación Planeta contra la concesionaria.
"De dichas sentencias judiciales surge que la empresa recolectora de residuos no cumple debidamente con el contrato de concesión, por lo que la Municipalidad tiene la obligación de recuperar esos dineros mal pagados, en su totalidad en lo que corresponde a la unidad operativa Nº 3 del contrato", señala el texto de la carta documento enviada a la intendenta Marta de Ezcurra, el 13 de agosto pasado.
A favor del municipio
Para el abogado de la FET, la suma que la empresa debe devolver al municipio es de $500.000 mensuales, lo que representa $6 millones anuales que deben ser reclamados hasta 10 años atrás en virtud de ser una relación contractual cuyo plazo de prescripción es decenal, más intereses y más gastos judiciales.
La FET exige a la Municipalidad a iniciar acción en contra de los deudores y resguardar de esa manera el patrimonio del municipio. El titular de la entidad empresaria, Eduardo El Eter, dijo a LA GACETA que el comité ejecutivo de la FET respalda totalmente lo expresado por su apoderado legal en dicha presentación.
El plazo otorgado por la FET al municipio para inicie acciones legales contra la empresa es de 10 días, "bajo apercibimiento de concurrir a la Justicia a fin de que obligue a la administración municipal a cumplir con su deber, responsabilizándola solidariamente por su inacción conforme al artículo 1112 del Código Civil".
Arca advirtió que la Intendencia deberá abstenerse de reconocer deuda alguna a la concesionaria, hasta que se resuelvan los importes que adeuda la empresa 9 de Julio al municipio. Según la FET, -incluidos los intereses- la deuda supera los $90 millones, importe aproximado al 50% de la deuda total del municipio.
"Su silencio a este requerimiento le otorga una responsabilidad inexcusable, dada la situación patrimonial del municipio", concluye el texto intimatorio de la FET.
recolección y transporte de basuras y residuos; barrido manual y/o mecánico de calzadas; y disposición final por el método de relleno y disposición final de residuos patológicos. Este ítem es el motivo de las controversias.
El abogado Miguel Petracca dijo a LA GACETA que la empresa, no cumplió con ese punto del contrato; "es decir que desde hace 13 años a la fecha cobra por un trabajo que no realiza". Opinó que el recupero de las cifras que abonó la Municipalidad incorrectamente, por el incumplimiento de la concesionaria, "alcanza para sanear todo el descalabro municipal". ¿Por qué no se hizo nada para recuperar ese dinero?, es la pregunta que se hizo el abogado. Petracca plantea que la empresa "no piensa ni remotamente en cumplir la sentencia de la Justicia porque, haciendo gala de la impunidad, se apoya en gestiones políticas para eludirla". Dijo que la empresa recolectora apersonó al estudio jurídico del ex senador José Fernando Carbonell, "para que la defendiera".
Ante la consulta de LA GACETA, Carbonell señaló que no intervino en el juicio de demanda de la Fundación Planeta. "La empresa confirió a mi estudio jurídico la representación legal en mayo de 2003. Mi actuación fue sobre los astreintes, donde pedimos sustitución de embargo", explicó.
La fiscal adjunta Sara Fauze, confirmó lo dicho, pero aclaró que "la Provincia se opuso a dicho pedido, y actualmente se encuentra pendiente de resolución", consignó.
Según dijo Juan González, secretario de Medio Ambiente de la Provincia, la empresa Transporte 9 de Julio no presentó 15 predios alternativos para la disposición final de la basura, sino apenas media docena. Sólo uno tenía el correspondiente estudio de impacto ambiental. Está ubicado en El Espinillo (El Chañar), pero la gente del lugar se opuso a la instalación de un basural allí, por tratarse de una zona citrícola de excelencia. Además, cerca de allí hay escuelas y viviendas.
"Otro lugar era en San Felipe, cerca de un canal de agua y de algunos barrios, al igual que uno en San Andrés (los pobladores se opusieron), y otros tampoco tenían el estudio de impacto -detalló González-. Las normas establecen que la empresa debe realizar el estudio de impacto ambiental que avale la aptitud del predio. La empresa no lo hizo. Simplemente señaló lugares que a su criterio parecían aptos".
González propuso al Fiscal de Estado que disponga la formación de un grupo de técnicos provinciales para determinar lugares probables, aptos para la instalación de un predio de tratamiento y disposición final de la basura. Al parecer, el pedido estaría próximo a concretarse.Por otra parte, Medio Ambiente realizó los informes periódicos que dispuso la jueza Nilda Dalla Fontana de Antoraz, respecto de las condiciones del basural de Los Vázquez, constatando que no cumplía con las normas sanitarias. La jueza ordenó que se haga un plan de cierre del basural, bajo pautas establecidas por una consultora. El proceso de remediación del lugar costaría alrededor de $ 4 millones.
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