Basura, un crónico problema espera solución

El municipio intenta una salida

El drama de la basura, en San Miguel de Tucumán, estaría próximo a concluir. Si la intendente Marta de Ezcurra cumple con su anunciado propósito de solucionar el problema antes de que termine su mandato, pronto habría un llamado a licitación para que otra firma se haga cargo de la prestación del servicio.
Las deficiencias crónicas que arrastra la empresa 9 de Julio, en la disposición final de los residuos, provocan un serio daño al medio ambiente y ponen en riesgo la salud de la población. El problema ya fue corroborado por la Justicia, que emitió sentencia en contra de la firma. En estos días, concejales y funcionarios estudian la mejor manera de sacar al municipio de la trampa legal en que lo encerraron las anteriores administraciones. A las voces que claman por proteger las finanzas municipales y la sanidad del ambiente, se suma ahora la de la Federación Económica, que ha enviado una intimación a la intendenta para que evite reconocer y consolidar la deuda que la empresa reclama, de lo contrario se iniciará una demanda contra la funcionaria para hacerla responsable de los daños que se pudieran ocasionar al patrimonio público.
Según opinaron distintos especialistas consultados por LA GACETA, sería factible desvincular a la 9 de Julio de la prestación del servicio y llamar a licitación, ya que habría varias empresas interesadas. Se calcula que una mejor recolección, con disposición final acorde a las más modernas exigencias ambientales, costaría menos que el actual sistema y terminaría definitivamente con la polución de Los Vázquez. A la vez se podría avanzar en el saneamiento del río Salí, que desde hace años recibe y transporta los lixiviados del basural. Es decir, los líquidos derivados de la descomposición de la materia orgánica.
Sin embargo, no resultará sencillo lograr que la actual concesionaria se resigne a quedar desvinculada, ya que cuenta con un mecanismo coercitivo muy convincente que ha sido utilizado en repetidas ocasiones por su personal, cada vez que la Municipalidad se atrasa en el pago del arancel mensual. La amenaza de tener nuevamente la ciudad atestada de basura espanta a los vecinos y más aún a las autoridades municipales.Según comentaron los concejales que estudian el caso, ante la escasa probabilidad de una salida consensuada, se podría optar por una rescisión unilateral del contrato por incumplimiento, dado que dicho incumplimiento ya fue constatado por la Justicia.
También se puede anular la cláusula que prorroga el contrato. Este caducará en marzo, lo cual otorga tiempo para preparar una nueva licitación.
"La cláusula de prórroga debería anularse, porque no cumple con las condiciones del proceso licitatorio -opinó la concejal Ana Mónica Beverina-. El pliego de bases y condiciones no puede ser alterado". Beverina recordó que en 1996 venció el primer tramo del contrato y se lo prorrogó por tres años más, hasta 1999. "A partir de allí se prorrogó por ocho años, en lugar de cinco con opción a tres más, como dice el pliego. Se debería declarar nula esa cláusula, en sede administrativa, y comenzar a preparar los pliegos para el nuevo llamado. Pero eso puede hacerlo solamente el Ejecutivo".
Otro edil, Raúl Moreno, sostiene que el contrato está incumplido en muchos aspectos, incluso el monetario.
"Hay muchas cosas sujetas a nulidad, no sólo el incumplimiento de la disposición final -afirmó. Se hicieron más de 15.000 actas de incumplimiento en un solo año. Según los principios del derecho, la característica principal del servicio público debe ser la continuidad".Moreno destacó que el contrato era por $ 720.000, pero el entonces intendente Oscar Paz lo "renovó" por $ 957.000. "Es decir que lo que se renovó no es el mismo contrato", dijo. Hoy se paga más de $ 1,1 millón y la empresa pretende $ 1,6 millón.
"Paz le incorporó servicios que no están contemplados en el contrato, como la recolección de los cestos papeleros céntricos y servicios no habituales en casas de familia -indicó-. Son trampas que se hicieron para darle una mayor ganancia a la empresa".

Un buen servicio costaría menos

El probable cese de la empresa Transporte 9 de Julio y la adjudicación del servicio a otra firma contemplará un replanteo de números. Aunque el pliego de condiciones obligará al nuevo concesionario a hacerse cargo a los 370 empleados que tiene la actual concesionaria, esto no sería posible en términos de rentabilidad y generaría un conflicto. Se trata de otra carta fuerte que esgrime la firma para amedrentar a las autoridades municipales.
Cabe aclarar que los empleados, nucleados en el gremio de los camioneros, perciben sueldos más elevados que los del personal municipal.
"Hay que racionalizar el servicio para que sea viable. Por ejemplo, a nosotros no nos interesaría aceptarlo si tuviéramos que incorporar a toda esa gente. Ese servicio, bien organizado, se puede hacer con la mitad de gente. Incluso con menos camiones, poniendo unidades más nuevas. Los actuales están deteriorados, funcionan mal, por eso el servicio resulta oneroso", dijo a LA GACETA un empresario, quien prefirió mantener en reserva su identidad.

Pacará Pintado
Por otra parte, una de las posibilidades que contempló en su momento el Gobierno municipal para resolver el deficiente servicio de disposición final, fue la moderna planta de Pacará Pintado -en Banda del Río Salí-, que recicla la basura convirtiéndola en gas y en compost (tierra para abono). Sin embargo, para poder sumar las 400 toneladas diarias que produce la capital, a las 250 que se procesan actualmente allí, sus responsables debían realizar inversiones destinadas a ampliar la infraestructura.
"La Municipalidad nos ofrecía un contrato por un año, pero para que nos resulte rentable debía durar por lo menos 5 años", explicó Mario Criado, titular de la planta.
Por el lado de los costos de la recolección de la basura y el barrido de las calles de esta ciudad, una cifra razonable sería $ 550.000, según estimó otro especialista. Se trata de un precio total -sumando barrido, recolección y disposición final- cercano a los $ 800.000 mensuales. Es decir, casi un tercio menos que los $ 1,1 millón que se pagan hoy por un servicio altamente cuestionado.
Por su parte, el subdirector de Servicios Públicos, Carlos Saltor, dijo que "hay consenso con la empresa para que haya una salida ordenada. Pero es un trabajo complejo.
Fiscalía municipal está trabajando sobre el tema y, según lo que resuelva, intervendrá mi área -precisó-. Este servicio tiene una necesidad de continuidad, porque suspenderlo genera un problema grave para la ciudad".

La empresa culpa a la Provincia

El gerente de Transporte 9 de Julio, Ricardo Otrino, dijo a LA GACETA que la Municipalidad le debe a la empresa $ 35 millones, desde la última determinación de la deuda que se acumuló desde el 30 de noviembre de 1998 al 30 de abril de 2003, y adujo que las demandas en contra de la empresa "se deben a cuestiones políticas".
Consignó que en la actualidad se está hablando con las autoridades municipales para un retiro consensuado de Tucumán, donde según dijo, "es la única provincia donde Transporte 9 de Julio no pudo actualizar precios".
La Municipalidad paga $ 957.000 mensuales por la prestación de servicios. Respecto de la demanda que realizó la Fundación Planeta por daño ambiental, y contaminación del río Salí por la falta de tratamiento de los líquidos, con sentencia firma del Juzgado Civil y Comercial Común de la 7º Nominación, y confirmada por la Cámara en 1º Instancia, Otrino señaló que la empresa propuso 15 predios alternativos y "nunca conseguimos que la Provincia aprobara ni uno solo", por lo que responsabilizó también al Gobierno provincial por la falta de decisión. "No hay política ambiental en Tucumán, y no lo digo yo, sino que el mismo fiscal Garzón, lo declaró hace unos días públicamente", recalcó el gerente de la concesionaria.
"Si somos tan malos, nos iremos, aunque no dejaremos de prestar el servicio hasta que la Municipalidad tenga un reemplazante", consignó. El empresario dijo que "cuanto antes se determine la deuda, mejor".