Cada uno por su lado

Por Roberto Delgado
Si se reintegrara esta semana a la Municipalidad, tras haber pasado dos semanas reponiéndose de una angioplastia, el intendente Raúl Topa recibiría una andanada de problemas con el transporte. Los empresarios de ómnibus quieren hacer una restricción horaria para que les den el aumento en el precio del cospel, el convenio que él firmó con Gendarmería para controlar a los remises ilegales no se puede aplicar por oposición del Gobierno provincial, y los transportes "truchos" pululan.
Se trata de una suma de problemas que se fueron uniendo en una red enmarañada, y que ahora es una realidad perversa. Los empresarios, que habían disfrutado durante muchos años el monopolio del trasporte sin hacer casi mejoras, fueron perdiendo clientes en los últimos años mientras los ilegales surgían como hongos por todas partes, aprovechándose a la decadencia de las instituciones. Los empresarios, ante la crisis, presionaron por aumentos del cospel (mientras los sueldos no aumentaron en la última década) y desarmaron empresas y armaron UTEs. Sobrevivieron a su manera, sin que se toque el meollo del problema. Hoy, ante el aumento del gasoil, del dólar y de los repuestos, quieren la suba del cospel.Pero no advierten que la causa de su decadencia es la permisividad que la sociedad ha tenido frente a la ilegalidad. Los remiseros comenzaron apurando al poder y consiguieron ordenanzas que no cumplieron (de hecho, circulan como taxis) y como esto no les alcanzó, directamente ignoraron las normas y se lanzaron en miles de autos ilegales a circular por la provincia. Hoy no se sabe de quiénes son los autos. Pero se dice que muchos pertenecen a punteros políticos y otros, incluso, a policías.
Los remiseros son defendidos por ARUT, que define la cuestión como un problema social, sin importar la legalidad. El ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, dice oponerse al convenio con Gendarmería por una cuestión legal, pero no dice qué hacer con el hecho de que con la Policía provincial jamás se pudo hacer controles. Y sólo propone como solución reflotar el fracasado Consejo de Seguridad Vial. Tampoco dice qué hará la Provincia con los remises ilegales vinculados a ARUT, entidad que es manejada por los hermanos Ale, que manifiestan la misma alineación política que el Gobierno.
El director provincial de Transporte, Enrique Romero, dice que quiere controlar a los "truchos", pero cualquiera puede tomar vehículos ilegales en la Catedral, en la ex Terminal de Omnibus o frente a Tribunales. Para él la salida está en permitir un aumento del cospel, y punto.
Acá hay que sincerarse. ¿Qué harán con los Ale y con los remises ilegales? ¿Cómo harán para que cumplan las leyes? ¿Quién las hará cumplir? Si los empresarios logran el aumento del cospel, ¿mejorarán a su vez el servicio? A lo sumo, habrán conseguido una victoria pírrica, porque el problema de fondo sigue y se agrava en esta sociedad que cada vez se pauperiza más, en la que cada uno tira para su lado, mientras el caos se adueña de todo.