La impronta política del Consejo se advierte hasta en gestos nimios

BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial).- Basta ver en qué lugar se sientan sus integrantes para advertir la preponderancia del factor político en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se acentuó como consecuencia de la Ley 26.080. La norma entró en vigencia el 17 de noviembre del año pasado, redujo de 20 a 13 el número de miembros y rompió la proporcionalidad que existía entre los tres estamentos que lo forman. Ahora, en cambio, los diputados y los senadores tienen tres representantes cada uno, al igual que los jueces, mientras que los abogados sólo disponen de dos. Los otros dos lugares son para los consejeros por el Poder Ejecutivo (Marcela Losardo, subsecretaria de Justicia de la Nación) y por los académicos del Derecho (Mariano Candioti).
Cada 15 días, cuando hay un plenario (lo forman los 13 consejeros), Pablo Mosca (presidente y representante de los abogados) se sienta a la cabecera de la mesa ovalada que está ubicada en la sala Lino E. Palacio, en el segundo piso de Libertad 731 de esta ciudad. Suelen flanquearlo dos funcionarios del cuerpo: Pablo Hirschmann (secretario general) y Cristina Akmentins (administradora general).
A la derecha se ubican Santiago Montaña (por los abogados), Candioti y el bloque político de la oposición radical: el senador Ernesto Sanz y el diputado Federico Storani. A la izquierda del presidente del cuerpo, en cambio, suelen sentarse los tres consejeros jueces: Luis María Cabral, Luis María Bunge Campos y Miguel Angel Gálvez.
En el centro y de frente a los radicales se sitúan los integrantes del bloque justicialista u oficialista (este último adjetivo utilizan sus integrantes): Losardo, los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, y los senadores María Laura Leguizamón y Nicolás Fernández.
Aunque la posición individual puede variar, no la de cada bloque, hasta el punto de que antes de que lleguen los consejeros a las reuniones, sus asesores, que suelen hacerlo antes, colocan pesadas carpetas con el orden del día y otras anotaciones o indicaciones sobre el lugar que generalmente utiliza cada miembro del cuerpo.

Incluso en las chanzas
Más allá de la ubicación, en los discursos -y hasta en las ocasionales bromas que los consejeros se dispensan durante los debates- queda bien marcada la pertenencia a cada estamento, fundamentalmente por parte del oficialismo.
Durante el plenario del jueves, por ejemplo, se produjo una pequeña y breve diferencia en el propio oficialismo cuando llegó el momento de tratar las condiciones exigidas por el Banco Mundial para concretar una donación a favor de la Escuela Judicial, que depende del Consejo (ver "El Banco..."). Cuando Losardo pidió la palabra para explayarse sobre el proyecto, Kunkel murmuró que se trataba de una intromisión de un órgano internacional en un asunto interno. La consejera levantó la voz y reprochó a su par: "no estoy de acuerdo con lo que decís ni con el enfoque ideológico que le das".
A la exposición de Losardo la elogió Sanz (UCR). Luego, Fernández (PJ) dijo: "sin sumarme a los radicales, comparto...". Esto, además de las bromas de Storani y de Sanz, obligó a que Losardo hiciera las pases con Kunkel y pusiera las cosas en su sitio: "esto tampoco significa que yo me alejo de los míos".

BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial).- Para el próximo plenario del Consejo de la Magistratura (será el 26 del corriente) fue postergada la discusión acerca de una donación que ofreció el Banco Mundial (BM) para la Escuela Judicial, que depende de aquel órgano y que en Tucumán tiene su delegación en el Colegio de Abogados. El objetivo es que una auditoría determine las necesidades de capacitación de los miembros de la Justicia Federal (magistrados, funcionarios y empleados).
El tema debió haber sido tratado el jueves. Sin embargo, su tratamiento fue aplazado como consecuencia de los interrogantes que plantearon algunos consejeros. Como consecuencia, por sugerencia de Marcela Losardo (representa al Poder Ejecutivo), durante el próximo plenario serán expuestas -y evacuadas- las dudas antes de aprobar la iniciativa.
El BM prometió alrededor de $ 321.600 para afrontar los costos que demandaría la contratación de una consultora independiente, además de otros U$S 45.000 para la adquisición de bienes e insumos, y para financiar programas de estudios, capacitación, publicaciones y trabajos de investigación académica en que pudieran intervenir miembros del Poder Judicial.
El BM sólo exigió como condición para el otorgamiento del dinero la contratación de una consultora independiente, que diagnostique y determine las necesidades de capacitación que existen. La desavenencias entre los consejeros giraron en torno de si debía aceptarse un condicionamiento externo y a cómo debía seleccionarse a la firma que haría el estudio.