Los sumarios truncos complican a los consejeros

Generó un intenso debate el caso de los magistrados que se jubilan, respecto de quienes queda sin resolución una denuncia en su contra.

COMPACTO. Carlos Kunkel, María Laura Leguizamón, Diana Conti y Nicolás Fernández son cuatro de los cinco miembros del bloque del oficialismo (PJ). DYN
COMPACTO. Carlos Kunkel, María Laura Leguizamón, Diana Conti y Nicolás Fernández son cuatro de los cinco miembros del bloque del oficialismo (PJ). DYN
Por Redacción Política 15 Abril 2007
BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial, Federico Abel).- El jueves, antes que fuera tratada la situación del titular del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, Jorge Parache en la reunión de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, se generó una interesante discusión. Esta transcurrió acerca de qué debía hacerse con los jueces que se jubilan y respecto de quienes queda pendiente de resolución alguna actuación o sumario iniciado como consecuencia de una denuncia que se hubiera formulado en su contra.
El diputado Federico Storani (UCR) explicó que es uno de los problemas que genera el haber fusionado las viejas comisiones de Acusación y Disciplina, que hasta el 17 de noviembre del año pasado funcionaban por separado. Agregó que antes, si el sumario era sustanciado en la primera, la actuación de los consejeros terminaba cuando el caso era elevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (es otro órgano), para que resolviera si correspondía destituir al juez.
El radical precisó: "en cambio, si el trámite estaba radicado en la comisión de Disciplina y se producía la renuncia o jubilación declarábamos abstracta la cuestión y lo comunicábamos a la comisión de Selección para que tuviera en cuenta (la denuncia pendiente) a la hora de conformar listas de subrogantes". Ocurre que el magistrado jubilado no pierde su estado judicial, es decir, es una suerte de juez en reserva y puede ser convocado a cubrir temporariamente una vacancia.

Otras posiciones
El senador Nicolás Fernández (PJ) cuestionó tal sistema, que había sido establecido por dos resoluciones del Consejo (las números 328/05 y 581/05). "Es injusto, porque puede tratarse de una denuncia infundada", esgrimió. Y agregó que si la comunicación a la comisión de Selección no perseguía un fin valorativo (excluir al magistrado de las listas de posibles subrogantes), sino uno meramente informativo, no tenía sentido hacerlo.
Santiago Montaña, representante de los abogados, objetó a Storani el peligro de que se incurriera en una tacha para el juez, pese a no haber habido una resolución que estableciera una sanción y que fuera el corolario de un debido proceso.
Mientras tanto, Luis María Cabral, representante de los jueces, en consonancia con Storani, se pronunció a favor de que el magistrado interesado y afectado por una denuncia infundada, pese a haberse jubilado, pida que siga el trámite (conserva el estado judicial) para que pueda demostrarse que no existió ninguna falta de su parte.
Como no hubo acuerdo, los consejeros decidieron postergar la discusión hasta el jueves.


Tamaño texto
Comentarios