"Merecemos conocer la conducta de un juez"

BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial Federico Abel).- Santiago Montaña, uno de los dos representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, está convencido de que el Poder Ejecutivo interfiere en la labor de aquel órgano cuando le acepta la renuncia a un juez, pese a que en contra de este -como en el caso del tucumano Jorge Parache- existe una actuación en marcha que busca determinar si incurrió en una sanción disciplinaria o en una causal de destitución.
El joven letrado arriesga: “se trata de una injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial (el Consejo forma parte de este último”. Pero inmediatamente aclara a LA GACETA: “eso no implica que el Ejecutivo no puede o no deba aceptar la renuncia de los jueces, pero también está el hecho de que la sociedad, los abogados, las partes, los ciudadanos, etcétera, necesitan conocer si un juez se desempeñó bien o mal y, para eso, hay que terminar los debidos procesos”.
Montaña insiste en que esa injerencia del Poder Ejecutivo genera un inconveniente cuando un magistrado renuncia y queda pendiente de tramitación una denuncia en su contra, que hasta podría ser infundada o susceptible de ser desestimada. “Si, en estos casos, hacemos una anotación marginal en su expediente para que la comisión de Selección del Consejo no lo vuelva a convocar en su condición de juez retirado (frente a una eventual vacancia), por el solo hecho de existir una denuncia (ver nota aparte), eso podría significar una bolilla negra, una tacha o una comisión especial en su contra, pero nunca podría ser considerado un debido proceso”, advierte.  
La conclusión del abogado se enlaza con su posición inicial. “En todos los casos, deberíamos terminar el debido proceso iniciado para tener la calificación definitiva sobre la actuación del magistrado y en relación con su buen o mal desempeño. Y la conclusión puede ser que corresponde una acusación (ante  el Jurado de Enjuiciamiento), una sanción o, bien, que la denuncia sea desestimada. Como ciudadanos, los argentinos nos merecemos conocer la calificación de la conducta de un juez y él también lo merece, sea buena o mala”.
Montaña está persuadido de que los cambios introducidos por la Ley 26.080 (modificó la conformación del Consejo de la Magistratura) van mucho más allá de haber achicado, de 20 a 13, el número de consejeros. “Queremos revisar nuestras facultades ya que algunos usos y costumbres se mantienen desde cuando el presidente de la  Corte Suprema también lo era del Consejo de la Magistratura (ahora lo es el abogado Pablo Mosca). Estamos descubriendo nuestra autonomía y nuestras potestades soberanas; estamos repensando muchas cosas que se venían haciendo automáticamente respecto de las renuncias de los jueces o del tratamiento del presupuesto, entre otras cosas”, resalta.


La representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Marcela Losardo, fue clara cuando LA GACETA le preguntó si el presidente Néstor Kirchner iba a respetar el plazo establecido por Jorge Parache (recomendó que su dimisión fuera operativa a partir del 31 de mayo). “A esa fecha la sugirió él, pero quien determina es el Presidente, porque es una facultad exclusiva de él”, contestó.