El creciente centralismo fiscal

Entre el año 2003 y el actual la Auditoría General de la Nación (AGN) elevó al Congreso 17 informes sobre las condiciones con que la Nación gira recursos a las provincias. Estos se triplicaron en ese lapso y denuncian controles insuficientes del uso que de ellos hacen sus gobiernos, pudiéndose afirmar que son numerosos los casos de arbitrariedad en esa relación de la Casa Rosada -o Caja Rosada, como con mordacidad se la denomina- con los gobernadores.
    La carencia de un nuevo régimen de coparticipación federal ordenado en la reforma constitucional de 1994 no es, por cierto, culpa del actual gobierno, pero sí corresponsabilidad con los que lo precedieron desde entonces, sin que en algún momento haya hecho referencia a ese vacío legislativo.
De acuerdo con los datos de la AGN, las remisiones de fondos a las provincias por la Nación pasaron de $ 22.663 millones a $ 55.720 durante dicho lapso, y esos recursos, de acuerdo con la Auditoría, ingresan sin cumplir con la periodicidad que dispone la ley 24.049 para los programas sociales nutricionales, algo que ocurre con otros rubros provinciales. El diputado nacional oficialista Oscar Lamberto ha señalado respecto de esa discrecionalidad, que la responsabilidad es de “un Congreso que permitió al jefe del Gabinete redistribuir partidas del presupuesto”, por señalar alguna de sus causas.
Como se observa, no sólo la oposición parlamentaria presiona para que el Poder Ejecutivo clarifique esa gestión.
También en el oficialismo preocupa esa discrecionalidad que el titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Snopek,  afirma que puede ser sospechosa en cuanto al reparto de los fondos. Y es que finalmente se ha ido conformando un sistema que reduce económicamente al federalismo, al someter a casi todas las provincias a la ayuda del poder central para cubrir necesidades que podrían atender por sí mismas.
Ese régimen artificioso y altamente político que ha llegado a extremos como los sugeridos por la AGN y que preocupan a sectores del propio oficialismo, provoca que las provincias tengan una deuda pública que supera los $ 80.000 millones, 70% de la cual es con el poder central, el que tan sólo era acreedor hace tres años del 15%.
El actual conflicto docente tiene mucho que ver con ese centralismo que ha terminado extendiéndolo por casi todo el país y que cuando se analiza provincia por provincia permite observar el alto grado de dependencia política con la Casa Rosada, exacerbado en el año electoral.
Paradójicamente, el distrito más poderoso que es la provincia de Buenos Aires soporta los más graves efectos fiscales, pues ha perdido cuatro de los ocho puntos de coparticipación y carece ahora del fondo de reparación histórica, por lo que ha quedado al borde del colapso fiscal. Por contraste, la Nación sigue con sus índices de “superávit chino”, cuyo manejo fundamental ostenta en virtud de las concesiones parlamentarias de superpoderes sin precedentes en un gobierno constitucional.
Corrientes, Salta, Catamarca y Misiones son los casos más llamativos de recursos nacionales por encima del 75%, y La Rioja sobrevive fiscalmente mediante el 94% de la Tesorería nacional.
No debe sorprender pues que, además, la Auditoría General de la Nación demande transparencia dejando una sensación de desbordes institucionales que comienza a advertirse en el propio oficialismo del Congreso.