La Justicia cambió la modalidad de las investigaciones

Las investigaciones en la Justicia Federal por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la década del 70 tendrán un giro importante. En vez de seguir el estudio de caso por caso, en forma individual, las pesquisas se realizarán sobre todos los hechos denunciados respecto de un mismo centro clandestino de detención, tal como se trabaja en el resto del país.
El cambio de estrategia es clave porque fortalece la idea de un plan orgánico y estructurado desde los sectores del poder para producir secuestros y desapariciones, en el marco del llamado terrorismo de Estado. Sin embargo, no se producirá una acumulación formal de todos los expedientes en uno solo (con lo cual se evitarán retardos en la tramitación procesal, atento al distinto grado de avance de cada causa), sino un análisis integral de lo ocurrido en el sitio de referencia para determinar patrones comunes. Así lo planteó, tiempo atrás, el fiscal federal Emilio Ferrer.
El criterio ya fue articulado por la Cámara Federal de Apelaciones en la causa por el secuestro de Carlos Román Apaza, que fue acumulada jurídicamente por conexidad al expediente sobre la desaparición de Marta y Rolando Coronel. En esta causa madre se incluirán (sin conformar un solo legajo) las relacionadas con desaparecidos vistos en la Jefatura de Policía.
"Al momento de dictaminar cualquier cuestión relacionada con una de las causas acumuladas jurídicamente, resulta indispensable tener a la vista, a efectos de su valoración, todos los expedientes conexos, a fin de evitar pronunciamientos contradictorios y garantizar el derecho constitucional de defensa y los principios del debido proceso legal", resolvieron los camaristas Marina Cossio de Mercau, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Wayar. Los magistrados dispusieron que se suspendan los plazos procesales hasta tener a la vista todos los expedientes.

Citan a Bussi
En coincidencia con esta disposición, pero en forma independiente, el juez federal Jorge Parache (secretaría de Norberto Véliz, que está a cargo específicamente de las denuncias de violaciones a los derechos humanos) resolvió la conexidad en la causa por la desaparición de Julio César Campopiano de todos los expedientes relacionados con el funcionamiento de un centro clandestino de detención en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde actualmente está detenido el ex gobernador Antonio Bussi.
El magistrado fijó nuevas fechas para la toma de declaraciones indagatorias a una veintena de acusados, oportunidad en la cual serán interrogados sobre varios hechos ocurridos en el lugar, y no sólo sobre Campopiano. Entre otras causas, se acumularán las de Luis Eduardo Falú, de Luis Adolfo Holmquist, y de la familia Rondoletto. De esta manera se producirá un sensible ahorro en el tiempo procesal y se podrán agilizar las causas, con una sola presencia de los imputados en los tribunales en vez de una por cada causa.
Las audiencias comenzarán el 2 de mayo, con Luciano Benjamín Menéndez. Para el 7 de ese fue citado Mario Alberto Zimmerman, y tres días después será el turno de Bussi (antes sería sometido a una nueva revisación médica para determinar su estado de salud). En días sucesivos, hasta el 4 de julio, se interrogará a militares y a policías retirados de menor rango.