La Corte dirimirá antes de fin de mes la disputa institucional

La Corte Suprema de Justicia resolvería hasta fin de mes la disputa entre los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre la vigencia de cinco leyes. El trámite procesal que tendrán las acciones declarativas de certeza que están en estudio es sumario, lo que abrevia los plazos a su mínima expresión y recorta la posibilidad de planteos de excepción o dilatorios.
Además, como lo que está en discusión es la interpretación de normas constitucionales (fundamentalmente, si la Carta Magna se refiere a año calendario o a año parlamentario respecto de una segunda votación de la Legislatura sobre leyes vetadas), el tema sería declarado de puro derecho, sin necesidad de que se abra a prueba sobre los hechos y por actos que son de público conocimiento.
Los argumentos legales de las partes fueron expresados en los mismos escritos de los planteos presentados, por separado, por los legisladores Ernesto Padilla y Carlos Canevaro (ambos ex Fuerza Republicana), por lo que no haría falta ninguna ampliación de los escritos. Lo mismo ocurre con las acciones interpuestas por el vicegobernador Fernando Juri (en tanto presidente de la Legislatura) y por el legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), sobre las cuales la Corte todavía debe pronunciarse respecto de su competencia para tratarlas. Se descuenta que la resolución será afirmativa y tomará los expedientes para sí, sin derivarlos a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, lo que simplificará aún más la tramitación. Incluso, hasta podría decidir la acumulación de todas las acciones.
Si bien en todos los casos se busca aclarar la situación de incertidumbre generada por al devolución de las normas por parte del PE, sin vetarlas ni promulgarlas, Juri pidió a la Justicia que le ordene al gobernador José Alperovich que las numere y publique de inmediato en el Boletín Oficial, para que tengan plena vigencia. El pedido de Padilla para que se suspenda el llamado a elecciones ya fue rechazado por la Corte.

Seis días hábiles
El próximo paso será correr vista de los expedientes a la Provincia para que siente su posición, en un plazo de seis días hábiles. Luego, será derivado al ministro fiscal Luis de Mitri para que emita opinión, tras lo cual los autos quedarán listos para sentencia. También se puede dar intervención a instituciones representativas de colectivos de personas que podrían ser afectadas, como los centros de jubilados; pero en este caso y para agilizar el trámite, no se concretaría esta posibilidad.
Las normas en debate judicial se refieren a la mejora de los haberes de los jubilados y pensionados transferidos a la Nación hasta el 82% móvil del sueldo de un trabajador en actividad; la concreción del voto electrónico desde este año; la prohibición a los partidos municipales y comunales para que se acoplen a una fórmula provincial; el castigo al reparto de bolsones y dádivas con objeto de obtener votos; la reforma de la Autarquía Financiera para que los poderes Legislativo y Judicial dispongan plenamente de sus presupuestos anuales; y el cambio del sistema de intervención de entes públicos autárquicos, con la imposición de un plazo para que se regularicen los que están en esa situación.