Destacan que no se distinguen tareas para gozar del régimen

Adriana Ortiz, abogada de Fernando Escobedo, destacó la importancia de la sentencia de la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social de la Capital Federal (Ver “Un funcionario judicial...”).
“Sienta jurisprudencia en el sentido de que no se puede distinguir entre quienes desempeñan funciones jurisdiccionales y quienes cumplen tareas administrativas a la hora de determinar quiénes gozan del régimen previsto por la Ley 24.018 (otorga el 82% móvil)”, aseguró a LA GACETA.
La letrada explicó que existe una gran diferencia entre la Ley 24.018, que otorga sus beneficios a una mayor cantidad de cargos, y el acta complementaria del convenio celebrado entre la Nación y la provincia, por medio del cual los jueces y funcionarios  judiciales tucumanos quedaron incluidos en aquella norma. Esta última restringe el beneficio a una escala que abarca a vocales de Corte hasta prosecretarios de juzgado (Ver “Una acordada...”).
No obstante, Ortiz precisó: “la adhesión a una ley es total. Como consecuencia, todos pueden gozar de sus beneficios, tanto los que cumplen funciones jurisdiccionales como quienes se desempeñan en los cargos administrativos previstos por la ley. Esto es lo que establece la sentencia sobre Escobedo (este, aunque salarialmente está equiparado a un secretario de Corte, cumple funciones como secretario de la Junta Electoral)”.
La abogada aseveró que la solución pasa por una revisión de la forma en que será aplicada la Ley 24.018. “Sólo así no habrá hijos ni entenados y todas las personas comprendidas por la norma podrán gozar de sus beneficios”, recalcó.


El 19 de febrero, la Corte local ordenó aumentar al 12% el descuento de los aportes previsionales de quienes tienen cargos comprendidos en el anexo “A” del acta que firmaron, en junio, la Nación y la Provincia.
Están comprendidos los vocales de Corte; el ministro fiscal; los vocales y fiscales de Cámara; los jueces y fiscales de primera instancia; los defensores; los secretarios y relatores de Corte, y secretarios del Ministerio Fiscal; los secretarios y prosecretarios judiciales (categorías “A” y “B”); los prosecretarios de categorías “C” y “D”, y los jueces de paz.
En cambio, la Ley 24.018 comprende una mayor cantidad de cargos que la prevista en esa acta. En efecto, abarca desde jueces de Corte hasta prosecretarios administrativos y jefes de despacho de primera  categoría.