Un funcionario judicial tiene derecho a pedir el 82% móvil

El secretario de la Junta Electoral de la provincia, Fernando Escobedo, dio un importante paso en el afán de poder gozar del régimen de la Ley 24.018, al que se acogió la provincia. Este sistema permite que los magistrados y los funcionarios judiciales se jubilen con el beneficio previsional del 82% del haber que perciben quienes todavía están en actividad.
La Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social de la Capital Federal lo habilitó a efectuar ante la Anses las gestiones correspondientes “en los términos previstos en la cláusula segunda del acta complementaria” del convenio firmada por el presidente Néstor Kirchner y el gobernador José Alperovich el 1 de junio.
El convenio es el que incluyó a los magistrados y funcionarios judiciales provinciales en la Ley 24.018, de la que ya gozaban los jueces federales y nacionales. Ocurre que desde 1995, como consecuencia del traspaso del sistema previsional de Tucumán a la Nación, en el caso de los magistrados, cuando se retiraban, quedaban sujetos al tope previsional de $ 3.100. Ahora, en cambio, podrán gozar del 82% móvil.
 
Un largo peregrinar
En agosto de 2003, Escobedo (ingresó al Poder Judicial en 1966) solicitó a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Safjyp) el rescate de lo que él había aportado al sistema privado de capitalización para poder ser encuadrado en el sistema de la Ley 24.018.
Luego de haber consultado a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Anses, la Safjyp le informó a Escobedo que el traspaso de aportes del régimen de capitalización al de reparto (estatal) no era posible si no mediaba una sentencia que, previamente, lo declarara comprendido en el régimen de la Ley 24.018.
Como consecuencia, Escobedo interpuso  una acción meramente declarativa (a fin de que fuera incorporado en la mencionada normativa) ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 7 de la Capital Federal. El 21 de octubre de 2004, su demanda fue desestimada por considerar que los Poderes Judiciales provinciales no estaban comprendidos en la Ley 24.018.
Tanto Escobedo como la parte demandada, la Anses, aunque esta por las costas del proceso, apelaron el fallo. Por ello, la causa recayó en la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.
Los vocales Néstor Fasciolo, Juan Carlos Poclava Lafuente y Martín Laclau concluyeron que, como consecuencia del convenio suscripto entre la Nación y Tucumán, la cuestión se había tornado abstracta. No obstante, aclararon: “sin perjuicio de dejar a salvo el derecho que le asiste a la parte actora (léase Escobedo) a formular su pedido ante la Anses en los términos previstos en la cláusula segunda del acta complementaria”.  
La mencionada cláusula es la que establece que los trámites inherentes a la obtención de los beneficios previsionales previstos por la Ley 24.018 deben ser gestionados ante la Anses, que también puede resolver reclamos de pedidos de reajustes, entre otras cuestiones.


EL ANUNCIO El 1 de junio de 2006, el gobernador, José Alperovich, suscribió con el presidente, Néstor Kirchner, un acta complementaria al convenio de transferencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Por ella, la Nación aceptó incorporar a magistrados y funcionarios en los beneficios de la ley nacional 24.018. que les permitirá jubilarse con el 82% móvil, y eliminar el tope de $ 3.100.

EL ESTANCAMIENTO El 8 de julio, Alperovich sostuvo que el reconocimiento del 82% móvil a los miembros de la Justicia estaba trabado porque la Anses tenía una deuda de $ 40 millones con la Provincia. Y dijo que no podía hacer de gestor de otros poderes, así que la Justicia debía encargarse del asunto. Cabe recordar que la nueva Constitución se había sancionado el 6 de junio y la Corte decidió no jurar el nuevo texto.

LA RATIFICACION El 11 de julio, un fallo de la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social incorporó al titular del juzgado correccional de la I Nominación de Tucumán, Marcelo Mendilaharzu, al régimen jubilatorio previsto por la ley 24.018. Significó una ratificación del derecho de los jueces a percibir el 82% móvil.

EL AVAL El 23 de noviembre de 2006, la Legislatura avaló el convenio entre la Provincia y la Nación que permite a los miembros de la Justicia gozar del 82% móvil. El Ejecutivo manifestó que temía una jubilación masiva de jueces. Pero la Corte desestimó que pudiera producirse un vacío judicial y precisó que el retiro es voluntario.