Un beneficio que siempre provocó diferencias entre los poderes

"Tradicionalmente, la Corte tiene una posición contraria a la reducción y/o fijación de penas a los internos condenados por delitos comunes, ya que, se considera que las decisiones judiciales deben ser inexorablemente cumplidas". Este es uno de los párrafos de la acordada que el 27 de diciembre firmaron los miembros del supremo tribunal, al oponerse a los beneficios a los condenados.
Históricamente, los jueces se opusieron a esta decisión del Poder Ejecutivo, aunque admitieron que se trababa de una facultad exclusiva del gobernador.
En ese momento, el ministro fiscal, Luis De Mitri, ya había dado su opinión: "cuando se ve que casos en los que se logró una condena luego son sujetos a reducción de penas crece un sentimiento público de desconfianza en la Justicia".
Todos los gobernadores otorgaron beneficios a los condenados desde el retorno de la democracia. Generalmente las reducciones se otorgaban a fin de año, e incluso hubo pedidos al respecto para Semana Santa. Pero siempre la Corte se opuso. En el Gobierno ya conocen esta postura, pero no dejaban de enviar la nómina para que los jueces supremos opinaran.En ese sentido, los presos federales jamás reciben beneficios de este tipo, ya que la Nación no se los otorga.