05 Abril 2007 Seguir en 
En una decisión que no tiene precedentes, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la polémica reducción de penas a los condenados del ámbito provincial, resolución que estaba pendiente desde fines del año pasado. Extrañamente, había sido el mismo Gobierno el que había elevado una nómina de beneficiarios, tal como se hace todos los años, pero a último momento se hizo un replanteo y no habrá reducciones.El 19 de diciembre se conoció que el PE había comenzado el trámite para otorgar los beneficios. La iniciativa partió de la Dirección de Institutos Penales, a cargo de Ernesto Salas, que había elevado una lista de reclusos a quienes se podía otorgar un beneficio que contemplaba del 1% al 5% de las penas. Para ello, se indicó en ese momento, se había tenido en cuenta la conducta de los internos y los progresos que habían hecho en el interior del penal, a partir de los informes realizados por pedagogos y psicólogos. El informe fue recibido por el Ministerio de Seguridad Ciudadana, y posteriormente fue enviado al Ministerio de Gobierno y Justicia. La nómina fue enviada a la Corte Suprema de Justicia el 27 de diciembre y, como todos los años, los jueces supremos rechazaron la posibilidad de otorgar los beneficios. "Las penas deben cumplirse", indicaron. Los jueces advirtieron que, en momentos en que la sensación de inseguridad aumentaba, no sería conveniente beneficiar a los presos, algunos de los cuales se acercarían a obtener la libertad a partir de la reducción de penas. Así, la resolución volvió al Gobierno. Todos los años era derivada a la Fiscalía de Estado, luego a la Fiscalía de Estado y finalmente a la Dirección de Leyes y Decretos de la Casa de Gobierno, tras lo cual iba a ser puesta a disposición del gobernador para que la firmara. Pero, en esta oportunidad, quedó en el camino. El ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, decidió que no iba a haber beneficios. "Luego de hacer un análisis de la situación, y tras conversar con el gobernador (José) Alperovich decidimos que no era correcto otorgar beneficios masivos. Eso no sucederá más, y únicamente habrá reducciones para quienes las merezcan, pero serán pocos casos por año", explicó López Herrera. Según trascendió, la decisión ya fue comunicada a los internos y, aunque se temía algún tipo de reacción, eso no sucedió.
195 condenados iban a ser beneficiados a fines del año pasado. Pero la medida se suspendió.
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