El precario equilibrio entre los poderes

Durante la reciente asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha considerado que las cifras de crecimiento y superávit económico argentino siguen siendo muy buenas, pero se observó con preocupación cierta falta de equilibrio entre los poderes, especialmente en lo que concierne al Ejecutivo respecto del Legislativo. El tema apunta a la inquietud de los inversores, especialmente por la crisis en la seguridad que ha derivado de la virtual intervención del Instituto de Estadística y Censos (Indec).
La confiabilidad de las estadísticas, se dijo así, se ha debilitado, y hay una inercia inflacionaria por los salarios y los mayores costos que puedan generar los indisimulados controles de precios. Pero ello no ocurre tan sólo en el manejo de la economía, sino que forma parte de una concepción política de gobierno que contradice el espíritu de la reforma constitucional de 1994, donde la tendencia de los constituyentes fue reducir o, por lo menos, controlar el presidencialismo de la ley suprema histórica que el transcurso del tiempo y la experiencia nacional aconsejaban. Durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín estuvo claro el propósito de avanzar en esa dirección y descentralizar la gestión del Ejecutivo, pero una variedad de problemas, especialmente económicos, impidió concretarlo.
Ello no fue óbice para que en la Convención Constituyente de 1994, el ex presidente y su sucesor Carlos Menem avanzaran en algo, no siempre adecuadamente, pues la imposición de la reelección presidencial, como la inserción del tercer senador fueron vistas como canjes entre los dos grandes partidos, después de la reciente y fuerte derrota electoral del radicalismo. Pese a ello, el saldo general de la reforma fue el señalado, es decir, una reducción del presidencialismo y mayor control por el Congreso, mediante la creación del cargo de jefe del Gabinete de Ministros, cuyas funciones tienen una especial supervisión del Congreso, hasta el punto de poder removerlo. Ese funcionario o sombra de primer ministro, debe constitucionalmente concurrir todos los meses, alternativamente, a ambas Cámaras, e informar sobre la gestión del Ejecutivo. Sin embargo, el actual jefe del Gabinete, Alberto Fernández, lo hace  irregularmente y mediante un cuestionario anticipado por escrito y que suele no responder en su totalidad.
El jefe del Gabinete dispone además de facultades especiales conferidas por la mayoría oficialista y que la Comisión Bicameral Permanente no controla adecuadamente, ni tampoco lo hace con los del Presidente, hasta el punto de modificar las asignaciones presupuestarias. La ley de Emergencia Económica y los decretos de necesidad y urgencia (DNU) largamente excedidos de la excepcionalidad exigida por la Constitución, configuran así un presidencialismo abusivo y abundante en testimonios. No debe extrañar por ello que el juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, haya señalado recientemente que “en una forma de gobierno donde todo depende de la salud física o mental de una persona, cualquier alteración en ella puede generar una crisis del sistema”.
Camino al bicentenario, sugirió el magistrado, todo aconseja pensar en un sistema semiparlamentario, requerimiento cada vez más necesario a la luz de la experiencia y cuando la mayoría de los organismos autónomos de control del Poder Ejecutivo aparece dependiendo de un presidencialismo extremado. Este justifica su gestión en una emergencia que no se condice con la exitosa realidad de las estadísticas y discursos oficiales.