Este año, la paz social costará $ 620 millones

La disciplina fiscal, un concepto que se impuso en la era posdevaluación para diferenciarse del ajuste de la década de 1990, no es aplicable en períodos eleccionarios como el de este 2007. En el año electoral no sólo está en juego el capital político del gobierno de turno; también los fondos públicos que sustentan a la estructura oficial.
La caja del Gobierno se abrió para atender las demandas sindicales que, en ciclos electorales, se multiplican. La férrea pelea entre el gobernador José Alperovich y el vicegobernador Fernando Juri por apoderarse del distrito Tucumán del Partido Justicialista le puso un condimento político que acarreará consecuencias financieras para la provincia. A estas alturas muchos funcionarios se preguntan si valió la pena ir por el partido. Algunos, en voz baja, dicen que se trató de un error estratégico si se toma en cuenta que en la concertación o transversalidad kirchnerista no figura la toma de un partido tradicional como el PJ.
Pero, ¿cuánto le sale al Estado la paz social en Tucumán? La tranquilidad en las calles, sin protestas ni quema de cubiertas de los empleados públicos, le costará al Gobierno no menos de $ 220 millones entre marzo y diciembre. Esa cifra es la estimación del costo extra por los incrementos salariales en el sector público, donde conviven no menos de 80.000 estatales. Y el cuadro de la erogación adicional puede resumirse así:
• $ 110 millones hasta fin de año para abonar los sueldos al sector docente.
• Otros $ 50 millones para pagar el aumento a los empleados de la administración pública.
• $ 20 millones para cubrir el gasto salarial extra de los policías.
• $ 40 millones para pagar un subsidio para compensar el 82% móvil que reclaman los jubilados. Pero la medida beneficiará sólo a aquellos que cobren hasta $ 1.500.
Todos estos beneficios se abonarán a partir del último día hábil de este mes; antes de las elecciones internas del PJ del 1 de abril. ¿Casualidad o causalidad...?
El incremento salarial es una buena noticia para todo aquel que lo percibe, ya sea con tickets o por mejoras en las asignaciones familiares. La mala noticia es que no se aplicará sobre el básico, sino sobre el sueldo de bolsillo. ¿La razón? Sencilla: si el Gobierno decide blanquear gran parte del salario que hoy es no remunerativo ni bonificable estaría incumpliendo los acuerdos suscriptos con la Nación, más allá de que -con las cargas previsionales- el gasto salarial extra sea de $ 400 millones anuales.
En este juego de lealtades y de traiciones políticas en el fracturado oficialismo, los intendentes juegan un rol fundamental. Se convirtieron en los dirigentes territoriales de peso en la estructura alperovichista. El Gobierno no los desamparó, más allá de que el pacto social ya tenga varios años de vigencia. Para allanar la gestión de los jefes municipales, el PE destinó este año casi $ 400 millones, de los cuales dos tercios son para pagar sueldos y el resto para  obras.
Frente a este juego, la disciplina fiscal aparece como un concepto vacío. Lo malo sería que las inconductas financieras despierten a ese fantasma dormido llamado déficit que, en definitiva, golpea el bolsillo de todos los contribuyentes.