Libertad de prensa condicionada

Cuba, como ya es tradición, y Venezuela, son los países del hemisferio donde la libertad de prensa no existe o está gravemente amenazada. Ecuador y Bolivia las siguen con limitaciones y hostigamientos a los periodistas, y el nuestro es observado por las descalificaciones oficiales de los medios de comunicación que no son afines al poder. Tales fueron, en síntesis, las conclusiones de la Sociedad Interamericana de Prensa en su reciente asamblea anual de Cartagena, Colombia.
"En la Argentina -se afirma- funcionarios del Gobierno han seguido dividiendo arbitrariamente a los periodistas y a los medios como amigos y enemigos, recurriendo al uso de la publicidad oficial para apoyar a unos y castigar a otros". Y se recuerda que en el Congreso espera desde hace largo tiempo un proyecto de ley que regula dicha publicidad.
Para mayor abundamiento, la SIP recoge en su declaración frases del secretario de Medios de la Presidencia de la Nación, Enrique Albistur, quien al tratar de justificar la carencia de diálogo con la prensa del presidente Kirchner, expresó que el periodismo ha dejado de ser intermediario necesario en la comunicación ciudadana. Al fin de cuentas, lo que hace el funcionario es repetir la idea del jefe del Gobierno, quien afirma que él se comunica mediante sus frecuentes discursos.
La libertad de prensa y el derecho al sufragio para la elección de representantes son condiciones esenciales de la democracia pluralista. Ambos están relacionados tan estrechamente como lo sugiere el artículo 32 de la Constitución nacional, cuando expresa que el Congreso no dictará leyes que restrinjan esa libertad o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Pero es obvio y está implícito en el concepto constitucional, que la libertad de prensa implica la del acceso a las fuentes de información de interés público, como la obligación de ejercerla con responsabilidad.
Desde nuestra restauración constitucional hace 23 años, y salvo situaciones excepcionales que hallaron amparo judicial, la libertad de prensa ha sido un valor en ejercicio, mas no el acceso a las fuentes de información que, desde el actual gobierno nacional, registra la resistencia presidencial a dialogar con los medios y sus representantes o en conferencias de prensa.
Se agrega el hecho de que los altos funcionarios de gobierno prefieren que no se los identifique por la prensa cuando opinan sin autorización superior sobre cuestiones de interés. El "off the récord", o trascendido, es así la referencia que alimenta no pocas veces al periodismo amarillo, atributo indeseable de la comunicación que desde el poder político sirve para la descalificación generalizada de la prensa libre.
La libertad de prensa, condicionada por el libre acceso a las fuentes de información, es igualmente indispensable para consolidar el principio de transparencia de los actos públicos donde la sociedad democrática es partícipe mediante el sistema representativo. Sus limitaciones notorias, y que la SIP menciona en su declaración anual en el caso argentino, guardan relación con otro tema: el del libre acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, cuya sanción legal ha seguido un laberíntico trámite que desalienta cualquier gestión al respecto para conocer la situación de asuntos de interés general o específico.
Es de desear que esa muralla de silencio que limita el acceso de la sociedad y de la prensa a la información oficial tenga fin, para fortalecer la confianza ciudadana en sus representantes.