El abogado de Terán dijo que se avasalla a la Justicia

Desde Córdoba, Marcelo Brito, abogado del ex juez federal Felipe Terán calificó a la renuncia del magistrado Jorge Parache como una prueba más del avasallamiento que sufre la Justicia.
Por considerar a Parache una persona de bien, aseguró que no podía dudar de las razones que había esgrimido para dar un paso al costado. “Pero al antecedente mediato es la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento en la causa de Terán, porque avasalló la libertad de decisión de los jueces. La independencia de estos, más allá de sus aciertos o errores en las resoluciones, es la esencia del sistema republicano”, recalcó.  
Brito siguió con su razonamiento. “La lectura que debió haber hecho Parache es: si Terán fue removido por dictar un determinado tipo de resoluciones, y si él mismo dictó varias con anterioridad y en idéntico sentido, sin mucho esfuerzo del intelecto debió concluir que era altamente probable que a él también lo iban a destituir por la misma causa, o sea, por el contenido de sus decisiones”.

Duro cruce
El abogado embistió contra el diputado nacional Carlos Kunkel (PJ), que instruyó el sumario contra Terán por supuestas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública.
Brito insistió. “Kunkel, que fue uno de lo que formuló la acusación contra Terán ante el Jurado de Enjuiciamiento, antes de que este órgano emitiera la sentencia (mediados de octubre de 2006), estuvo en Tucumán e hizo público el resultado del proceso. Anunció no sólo la remoción de Terán, sino la de Parache, así como luego la de algunos vocales de la Cámara Federal de Tucumán”. inmediatamente, acotó: “es claro que Parache, con juicio de realidad, habrá pensado que eran nulas sus chances de obtener un decisión o una sentencia justa en el Consejo o en el Jurado de Enjuiciamiento”.
El diagnóstico de Brito no es nada alentador. “Vamos hacia la destrucción de la República. El poder Legislativo está pintado y delegó todo al Ejecutivo. Y hay que dudar seriamente de la independencia de criterio que pueden tener los jueces si saben que, si emiten decisiones que eventualmente afectan al Estado nacional, eso les generará consecuencias institucionales”, advirtió.



Pese a que el magistrado Jorge Parache presentó su renuncia y como esta aún no le fue aceptada, las causas penales en su contra siguen adelante. El martes, día en que elevó su dimisión al presidente Néstor Kirchner, sufrió un revés procesal. Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2, rechazó el planteo de recusación que aquel había interpuesto contra el fiscal federa l Carlos Brito.
Parache objetó el accionar de Brito por entender que actuaba con parcialidad y falta de objetividad. El fiscal, precisamente, fue quien requirió a Racedo que cite a declarar a Parache como imputado en dos causas (Taranto y Scaravilli López) por considerarlo presunto partícipe necesario de una supuesta defraudación contra la Nación con títulos de la deuda pública. Racedo fue terminante: “la sola aflicción o afectación de ánimo que, sin duda, provoca el requerimiento de instrucción, a lo que se suma la publicidad de la pretensión, no habilita a separar a uno de los actores del proceso penal bajo temor de parcialidad”.
Parache recusó a Brito y, en forma paralela, pidió a Racedo que declare la inconstitucionalidad de la Ley 25.320, que permite que los magistrados -entre otros- puedan ser llamados a prestar declaración indagatoria, pese a sus prerrogativas constitucionales. Esto es lo que ahora tiene que resolver Racedo. El magistrado había sostenido que los requerimientos de Brito en su contra parecían más bien autos de procesamiento. Pero Racedo aclaró que no advertía que el fiscal se hubiera excedido del marco legal que rige su actividad (Ley 24.946, Orgánica del Ministerio Público). 
Racedo insistió: “se advierte que la acción penal promovida por el representante el Ministerio Público Fiscal lo aparte de los preceptos de la Ley 24.946 ni que genere desbordes de sus responsabilidades funcionales que habiliten a inferir que ha mediado quebrantamiento de la legalidad o transgresión al debido proceso”.