La crisis de los vuelos aerocomerciales

La crisis en el control de los vuelos aerocomerciales constituye un paradigma del fracaso de nuestro Estado por incapacidad o irresponsabilidad de sus periódicos administradores como autoridades de aplicación de las leyes y reglamentaciones. El problema que hace tres semanas hizo eclosión con la avería por un rayo de un radar del control de tráfico aéreo de Buenos Aires es, seguramente, uno de los hechos más graves -si no el que más- de aquella incapacidad estatal, por afectar la seguridad de miles de personas que vuelan sobre el mayor nudo de comunicaciones aéreas del país.
“La estructura aérea argentina está quebrada”, dijo el presidente Kirchner dos semanas después de producirse aquel rayo destructor que desorganizó el tráfico aerocomercial y aún está pendiente de normalizarse por la carencia de acuerdos entre personal de vuelo y los responsables de la seguridad. Horas antes de aquella terminante manifestación del jefe del Gobierno, la ministra de Defensa, Nilda Garré, había anunciado que la seguridad aérea en el país estaba garantizada. Las medidas oficiales de respuesta a los hechos consistieron en traspasar al control civil gubernamental la responsabilidad de la Fuerza Aérea, adquirir 15 radares y alquilar otros más complejos en exterior. Como puede advertirse, el estrago en el sistema resultó superior al supuesto inicialmente y tiene mucha mayor antigüedad que lo producido por la tormenta de hace tres semanas.
“Esta fue la Argentina que nos dejaron en la década del 90”, imputó el Presidente a sus antecesores en su discurso improvisado para anunciar la situación. Al parecer, la desconocía, a pesar de que denuncias de pilotos y controladores la ponían de manifiesto periódicamente. Incluso uno de ellos, director de cine, lo reveló en un filme premiado.
La decisión de pasar a manos civiles el control de vuelos aerocomerciales no es, por cierto, un trámite de corto plazo, pues se calcula que antes de 3 a 5 años no se habrá completado. Lleva tiempo la capacitación del personal especializado. En consecuencia, lo que habrá de cambiar es la dependencia del sistema. El personal actual ha demostrado capacidad durante décadas, por más que la gestión superior haya padecido las graves insuficiencias que nuestro Estado ha tenido en ese y otros temas, por incapacidad o desidia de sus administradores. Basta recordar las causas de la privatización de las telecomunicaciones y de otros servicios públicos que por incompetencia y ruinosos déficit debieron pasar a manos privadas; algunos mediante contratos que pueden ser y han sido objetados, precisamente por la incorrección de los propios funcionarios privatizadores.
La corrupción y la incapacidad han sido los referentes de esa realidad someramente descripta. No se trata, pues, de que el Estado en sí no deba administrar servicios públicos, sino de asegurar que sus administradores sean eficientes.
El gravísimo problema de la seguridad aerocomercial ha superado todo precedente, lo cual obliga a insistir en la creación de un órgano o consejo nacional de notables autónomo y con representación socialmente múltiple que, ad referéndum del Congreso, advierta sobre nombramientos en cargos ejecutivos de quienes tienen en su haber público irresponsabilidades como gestores, o aquellos que fueron incapaces en situaciones que -acumulativamente- llevaron al país a la crisis. Si las renovaciones políticas no llegan, e impiden la renovación de las dirigencias, ese consejo autónomo puede impedir el retorno de los ineptos para la preservación de los intereses generales.