El Gobierno demostró que sólo reacciona bajo presión

BUENOS AIRES.- Ni el patético caso de La Rioja, ni el desaguisado monumental que se les ha provocado a las cuentas provinciales para instalar la candidatura porteña de Daniel Filmus, ni el juego del “Gran Bonete” de los radares, ni siquiera el aburrido minué que baila la oposición, lograron tener en la semana tanta entidad para intentar explicar algunas cosas que le pasan a la Argentina en materia de inversiones, como la difusión de un párrafo perdido dentro de un decreto que apareció en el Boletín Oficial.
“Dichos valores serán calculados propendiendo a que los productores, que operen en forma económica y prudente, tengan la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables a la producción, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable, de tal modo que la misma: a) sea similar al de otras actividades de riesgo equiparable o comparable; y b) guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de la actividad”, señala puntillosamente uno de los artículos del decreto 109/07, que se refiere a los precios que deberán tener los biocombustibles en el mercado interno.
La extensa y farragosa descripción de todas las atribuciones que se fija el Estado en un tema de tanto potencial alcanza su clímax en ese artículo 12, sobre todo cuando la redacción se presta a interpretaciones equívocas, ya que la discrecionalidad puede ser letal en materia de reglas de juego uniformes y persistentes. Lo que queda claro es que, de aquí en más, y tal como pasa en otras áreas de la actividad energética, será el burócrata de turno quien deba decidir qué significan “prudencia”, “ingresos suficientes”, “costos razonables”, “guarde relación...”, “similar a otras actividades de riesgo comparable” y “rentabilidad razonable” para fijar un precio. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, dependencia del Ministerio de Planificación. Toda esta sarta de eufemismos cargados, además, de una clara ideología controladora, tienen como claro objetivo insertar la intervención de los funcionarios en cada una de las etapas del negocio.
Lo más notable del caso es que se trata de una actividad que aún está en pañales y a la que los productores de granos, tal como ha surgido de las reuniones en Expoagro, quieren apostarle -si los dejan- muy fuerte desde ahora. En primera instancia, el biocombustible que se produzca en el país será aportado como mezcla obligatoria (5%) en las naftas tradicionales (etanol) y en el gasoil (biodiesel) a partir de 2010 y, como incentivo adicional a esa obligatoriedad que hace más que atractivo el negocio, los productores gozarán de algunos beneficios impositivos y serán eximidos del pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). Según la Ley, la fecha de puesta en marcha podría ser adelantada si hay suficiente producción. Es decir que el oso aún no ha sido cazado, pero el Estado ya está paladeando cómo acceder a parte del producido por la venta de su piel.
La norma no precisa los precios a los cuales se podrán exportar los biocombustibles elaborados en el país, los que se suponen que serán libres, aunque sin que los productores puedan contar con los beneficios impositivos y sin que se mencionen explícitamente las retenciones. Por los antecedentes, quienes se sumen al negocio pensando en vender al exterior deberán ponderar también qué ocurriría si hacia el futuro los precios internacionales se desalinean en relación con el mercado interno. Los casos recientes de la carne, la harina o las naftas, por no abundar, son demasiado elocuentes al respecto. Quien poco y nada debe haber disfrutado de esta reglamentación tan dirigista, que desalienta desde antes del vamos una actividad en la que los Estados Unidos, Brasil y un importante número de países han puesto buena parte de sus fichas hacia el futuro, y en la que la Argentina ha sido por ahora excluida, pese a ser un productor y exportador granario de primer lote, habrá sido la recientemente llegada al Gobierno, la ex diputada Beatriz Nofal. La hoy titular de la Agencia Nacional de Desarrollo e Inversiones (ProsperAr, según su muy profesional página de internet) es quien está poniendo la cara para convencer a inversores sobre las ventajas de jugar algunas fichas en el país; pero, hasta ahora, sólo se han recibido unas 100 consultas, algún interés muy puntual en determinado tema y no mucho más.
Precisamente, la creación de la Agencia tuvo que ver, durante la segunda mitad del año pasado, con la convicción oficial de que el ritmo de inversiones venía decreciendo, tal como se patentizó en las cifras del Indec dadas a conocer la semana última, bajo el título “Avance del nivel de actividad”: el nivel aumentó 22,7% en 2005/2004; 18,7% el año pasado en relación con 2005 y por debajo de 14% durante el último trimestre de 2006, medido contra el mismo período del año anterior. En la página de ProsperAr se describe como parte del atractivo de la Argentina el desarrollo de su infraestructura y, en primer lugar, la aerocomercial. Más allá de los 57 aeropuertos que se mencionan como alternativas para los inversores, la salida de servicio de uno de los radares de Ezeiza ha jugado también en contra de la confiabilidad. De nada sirven estaciones aéreas modernas si las demoras impiden usarlas a satisfacción.

Pasando el plumero
Pero el modo de intentar la resolución de la crisis del control del tránsito aéreo ha puesto otra vez en el tapete uno de los defectos más ostensibles del Gobierno, que no logra superar, aunque pase el tiempo y se siga tropezando siempre con la misma piedra: se hacen los anuncios, las cosas no se materializan por imprevistos y cuando explotan se les pasa el plumero y, tranquilamente, se vuelven a anunciar. Los titulares de los diarios de setiembre del año pasado ya decían que los controladores de las torres aeroportuarias saldrían de la jurisdicción militar y que pasarían a la órbita civil. Ahora, se vuelve a repetir la historia con un par de elementos adicionales, como la creación de una nueva Dirección Nacional bajo la órbita de la Secretaría de Transportes, también dentro del Ministerio de Planificación. Es conocida la ojeriza que el presidente Néstor Kirchner tiene hacia la Fuerza Aérea, lo que lo ha llevado a descabezar más de una cúpula.
Sin embargo, pese a que la paranoia oficial le adjudica el problema a una venganza de los aviadores, en esta ocasión la demora en la implementación ha sido del Ministerio de Defensa, que sabe de sobra que el traspaso no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, sobre todo por la capacitación que se necesita para operar las torres de control con seguridad, know how que hoy sólo posee la Fuerza Aérea. Ahora, el Presidente ordenó una nueva y perentoria vuelta de tuerca, con el alquiler de dos radares, inclusive, que habrá que ver cuándo se instalan.
Entre tantos disimulos de todas las partes interesadas, nunca se dejó en claro si las demoras de los aviones fueron realmente por los radares o si los atrasos de los vuelos respondían a otras razones de las compañías o a las internas entre sindicatos o ministerios. Lo cierto es que la ministra Nilda Garré tuvo que poner la cara y habló con poca convicción de los relevamientos e inventarios que habían demorado la cuestión, pero nunca dijo a ciencia cierta si el radar Número 1 de Ezeiza funcionaba a pleno o no. El paro de un gremio minúsculo en número, como es el de los pilotos de Austral, hizo que la situación de bronca, y sobre todo de temor, de la gente en los aeropuertos no haya podido ser sostenida por el poder político. Esa velocidad que mostró el Gobierno para sofocar el paro y mostrarse activo en un tema que cajoneó siete meses, lo llevó a decir a uno de los integrantes de un gremio aeronáutico: “Kirchner funciona como los elementos neumáticos de un avión: sólo a presión”.
Hasta ahora, la capacidad del Presidente de no hacer caso a las presiones que socaven su autoridad, nunca había sido puesta en duda, ya que siempre Kirchner reaccionó, cuando se han notado, de un modo u otro: muchos empresarios lo han sufrido en carne propia a través de su verba encendida, aunque esta misma semana mostró, callado, cómo no le hicieron mella los aprietes a los que lo sometió el suspendido gobernador riojano, Angel Maza. Primero, con el pedido de intervención a la provincia, y luego atrincherándose en la Casa de Gobierno.
Es más, debido a ello, Kirchner se mantuvo hasta ahora sin opinar sobre la cuestión, tragándose el sapo de un vicegobernador que no le cae nada bien y al que le endilga contactos con el menemismo. Ya se verá cómo lo trata durante la semana, cuando llegue a Buenos Aires para asistir, junto a otros mandatarios provinciales, a un acto en la Casa Rosada. Pese a todo, el arriesgado concepto público del piloto-sindicalista habría sido impensado hace unos meses. Pero ahora, en medio de las paritarias, son muchos los gremialistas de la CGT que, sin decirlo públicamente, hoy piensan lo mismo: en un año electoral lo que menos quiere el Gobierno es que haya olas y esa presión terminará haciéndolo autorizar indirectamente porcentajes superiores a 15%, aunque sea como un segundo round antes de octubre, comentan por lo bajo. (DyN)