17 Marzo 2007 Seguir en 
En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) tienen por delante otro desafío, como consecuencia del escándalo desatado porque unos 70 alumnos, en algunas asignaturas, figuraban aprobados en el sistema informático, pese a que en las actas de exámenes libres de los profesores estaban ausentes o desaprobados. Las autoridades ya están evaluando si les permitirán cursar aquellas materias que requieren obligatoriamente tener aprobada la correlativa respecto de la cual, en cada caso concreto, descubrieron las supuestas irregularidades.
El inconveniente ya se había planteado respecto del turno de exámenes libres, que comenzó el jueves. La salida adoptada por medio de una resolución firmada por el decano, José Luis Vázquez, y por el secretario de Gestión Institucional, Fernando Valdez, fue la de excluir de la lista de inscriptos a los estudiantes que se hubieran anotado para rendir en la materia que tiene como correlativa a aquella en la que constataron que ellos figuraban como aprobados en el soporte informático de la Dirección Registro de Alumnos, pese a que los registros de los docentes (se hacen por duplicado) dicen otra cosa.
En la disposición, Vázquez aclaró que se trataba de una medida preventiva, sugerida por el director general de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, porque hay un sumario administrativo en marcha, además de una investigación en la Justicia Federal y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dependiente de la Procuración General de la Nación.
Inicio de clases
El problema ahora se plantea, porque desde el 29 del corriente y hasta el 9 de abril, fecha prevista para el inicio de las clases de segundo a sexto año, los alumnos pueden inscribirse para cursar las materias que serán dictadas durante el primer cuatrimestre o en forma anual.
El sistema único de cursado de Derecho tiene la particularidad de que los estudiantes no están obligados a asistir a las clases, pero si pretenden promocionar la asignatura deben aprobar los hasta tres parciales previstos -o, en su defecto, las respectivas recuperaciones- y obtener en total una calificación promedio de seis puntos. Quienes no cumplen estos objetivos quedan automáticamente habilitados para rendir en las mesas de exámenes como libres o para volver a intentar en el futuro la promoción.
Un dictamen clave
El decano se verá obligado a emitir una nueva resolución para precisar la situación de los -hasta el momento- casi 70 alumnos respecto de quienes fueron constatadas las contradicciones. Entre las autoridades, hay quienes conjeturan que ya no es necesario pedir nuevamente otro dictamen a González Navarro, porque en el que emitió el miércoles ya sentó las bases administrativas para afrontar la situación.
En el dictamen, González Navarro había concluido: "aquellos estudiantes respecto de los cuales se hayan detectado discordancias entre notas asentadas en registro y en soporte informático pueden, hasta tanto no se hayan adoptado resoluciones definitivas en la materia, proseguir el normal desarrollo de sus estudios".
Como consecuencia de esto, el inconveniente se presenta únicamente respecto del cursado de las materias que exigen tener aprobada la correlativa, cuya legitimidad está en cuestión y es objeto de una investigación judicial.
El hecho de anotarse para cursar una determinada asignatura implica tener aprobada obligadamente la materia correlativa. Esto es lo que da derecho a rendir los parciales y a promocionar, eventualmente, la asignatura para cuyo cursado se ha concretado la inscripción.
El inconveniente ya se había planteado respecto del turno de exámenes libres, que comenzó el jueves. La salida adoptada por medio de una resolución firmada por el decano, José Luis Vázquez, y por el secretario de Gestión Institucional, Fernando Valdez, fue la de excluir de la lista de inscriptos a los estudiantes que se hubieran anotado para rendir en la materia que tiene como correlativa a aquella en la que constataron que ellos figuraban como aprobados en el soporte informático de la Dirección Registro de Alumnos, pese a que los registros de los docentes (se hacen por duplicado) dicen otra cosa.
En la disposición, Vázquez aclaró que se trataba de una medida preventiva, sugerida por el director general de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, porque hay un sumario administrativo en marcha, además de una investigación en la Justicia Federal y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dependiente de la Procuración General de la Nación.
Inicio de clases
El problema ahora se plantea, porque desde el 29 del corriente y hasta el 9 de abril, fecha prevista para el inicio de las clases de segundo a sexto año, los alumnos pueden inscribirse para cursar las materias que serán dictadas durante el primer cuatrimestre o en forma anual.
El sistema único de cursado de Derecho tiene la particularidad de que los estudiantes no están obligados a asistir a las clases, pero si pretenden promocionar la asignatura deben aprobar los hasta tres parciales previstos -o, en su defecto, las respectivas recuperaciones- y obtener en total una calificación promedio de seis puntos. Quienes no cumplen estos objetivos quedan automáticamente habilitados para rendir en las mesas de exámenes como libres o para volver a intentar en el futuro la promoción.
Un dictamen clave
El decano se verá obligado a emitir una nueva resolución para precisar la situación de los -hasta el momento- casi 70 alumnos respecto de quienes fueron constatadas las contradicciones. Entre las autoridades, hay quienes conjeturan que ya no es necesario pedir nuevamente otro dictamen a González Navarro, porque en el que emitió el miércoles ya sentó las bases administrativas para afrontar la situación.
En el dictamen, González Navarro había concluido: "aquellos estudiantes respecto de los cuales se hayan detectado discordancias entre notas asentadas en registro y en soporte informático pueden, hasta tanto no se hayan adoptado resoluciones definitivas en la materia, proseguir el normal desarrollo de sus estudios".
Como consecuencia de esto, el inconveniente se presenta únicamente respecto del cursado de las materias que exigen tener aprobada la correlativa, cuya legitimidad está en cuestión y es objeto de una investigación judicial.
El hecho de anotarse para cursar una determinada asignatura implica tener aprobada obligadamente la materia correlativa. Esto es lo que da derecho a rendir los parciales y a promocionar, eventualmente, la asignatura para cuyo cursado se ha concretado la inscripción.
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