Denuncian al comisionado de Los Puestos

Durante enero, las designaciones irregulares de empleados desencadenaron un escándalo político y judicial en El Chañar, que terminó con la intervención de la comuna y la detención del comisionado rural, Enrique Ignacio Robles. Ayer, la tensión comenzó a apoderarse de las autoridades de Los Puestos: la administración del sureste intimada por el Tribunal de Cuentas a raíz de la falta de registros oficiales sobre el cobro de tributos y sobre las contrataciones de personal.
A las observaciones del organismo de control publicadas en su edición de ayer por LA GACETA, el delegado rural de esa localidad, Norberto Omar Rivadeneira, sumó en su contra una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de peculado y de estafa. El trabajador Jorge Luis Herrera aseveró ante la Justicia que las autoridades de esa comuna le retienen el sueldo que percibe mensualmente.
Según denunció Herrera, ingresó a trabajar en esa delegación -por pedido expreso de Rivadeneira- el 1 de noviembre de 2005. Detalló que, durante el primer mes, prestó servicios como sereno y que en la actualidad efectúa arreglos en una bomba de agua. Para esa tarea, cumple horarios de 8 a 11 y de 15 a 18.
Pero, según especificó en el escrito, hasta diciembre no percibió ningún ingreso por el trabajo: permaneció 13 meses sin cobrar su salario. “Trabajó sin percibir absolutamente nada a cambio. Sólo en los meses de enero y febrero de este año recibió la magra suma de $ 200, previo a concurrir a la Policía y obtener una carta de pobreza, a la que accedió por haber hablado antes el delegado comunal de Los Puestos con el personal policial”, explicó su abogado, Gustavo Morales.
Finalmente, el letrado aseveró que el comisionado rural nunca le solicitó ni le exigió a su defendido la presentación del DNI o una fotocopia del documento para justificar legalmente su ingreso a la planta temporaria de la comuna. “Se queda, para provecho personal, con dineros que forman parte de los fondos públicos”, espetó Morales.


El dirigente peronista Enrique Romero (Cruzada Peronista) amplió su denuncia penal, en la Justicia Federal, por la falta de datos oficiales sobre el manejo de los fondos públicos en los municipios y en las comunas rurales.
El ex funcionario mirandista presentó una demanda penal en contra del gobernador José Alperovich; del ministro de Economía, Jorge Jiménez; del interventor de la Caja Popular, Osvaldo Jaldo y del secretario de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales, Sergio Mansilla por una supuesta administración fraudulenta, entre otros delitos. Ahora en la ampliación de su denuncia, Romero incorporó entre los acusados al intendente de Concepción, Osvaldo Morelli por haber enviado una rendición de cuentas de apenas tres carillas.
En la demanda, Romero acusó al mandatario provincial de manejar a su criterio el dinero público que le corresponde a cada comuna rural. El escrito, firmado por el abogado Ezequiel Avila Gallo (h), fue remitido al fiscal federal general, Carlos Gómez.