Proselitismo desde cargos públicos

El Código Electoral de la Nación establece un límite de 90 días con anterioridad a los comicios, en el caso de la campaña presidencial, y de 60 para los legislativos, para renunciar a un cargo público -o tomar licencia- en caso de que el candidato se desempeñe como funcionario o como parlamentario. Por su parte, la ley de ética pública prohíbe que en la publicidad oficial consten “nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. Pero entre ambas disposiciones legales se están produciendo circunstancias que, más que rozarlas, con frecuencia las violentan, si que poder alguno -especialmente el judicial- las impida o sancione. Hay casos tan notorios como el del vicepresidente de la República, Daniel Scioli, quien -de acuerdo con informaciones muy difundidas y no desmentidas- realizó desde el 1 de enero más de 30 viajes por la provincia de Buenos Aires con ese rango, pero se refirió en ellos a su promoción como candidato a gobernador de esa jurisdicción. Además, mantuvo un número elevado de reuniones con carácter oficial, vinculadas a su nominación por el presidente Kirchner.
En el distrito bonaerense, por lo demás, no se ha formulado convocatoria a comicios. Pero no solamente eso, sino que Scioli ha comenzado a ser acompañado por el ministro de Educación, Daniel Filmus, quien por su parte es nominado como candidato a jefe del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires.
Ninguna disposición legal impide que un funcionario realice actividad proselitista, pero va de suyo que no debe llevarla a cabo con medios oficiales ni recursos públicos y menos anunciando decisiones de gobierno que, como es común, se presentan como golpes de efecto contra los rivales políticos. Aparece así en ese punto la conveniencia y hasta la necesidad de que los funcionarios candidatos renuncien al cargo o soliciten licencia desde el momento establecido por los plazos previsto por el Código Electoral. En ese sentido, el ministro Filmus ha manifestado que lo hará en la fecha correspondiente, pero lo cierto es que en recientes apariciones públicas ha tenido comportamientos proselitistas valiéndose de medios u oportunidades oficiales. Costosas comitivas suelen viajar desde la Capital Federal al interior, encabezadas por el Presidente de la Nación, para anunciar obras en las provincias cuyo volumen no guarda relación con el alto costo del desplazamiento. En esas oportunidades, el doctor Kirchner se refiere a cuestiones ajenas a las obras en sí, y lo hace con fuerte tono proselitista.
El proceder de Kirchner es imitado por muchos candidatos oficialistas, como algo lógico y natural, sin reparar en las múltiples objeciones éticas que la ciudadanía puede formular.
Durante décadas, la política nacional ha transcurrido con rumbos sinuosos hasta llegar a una crisis histórica como la que el país padeció hace un lustro. Sin embargo, fue hábito muy difundido y generalizado el alejamiento o licencia de quienes desempeñaban funciones públicas para hacerse cargo de sus tribunas proselitistas. La ética, pues, fue dejando de ser un valor esencial para las conductas públicas, por lo que no son las prohibiciones legales -que se diluyen en interpretaciones y pasividades de los órganos de control- sino el cumplimiento de las normas morales lo que la sociedad requiere para sentirse satisfecha en sus derechos. Fundamentalmente, porque advierte que los medios y recursos públicos son de todos y no están para servir a intereses oportunistas de quienes transitoriamente y por mandato temporal los administran.