La grave situación planteada en Derecho

Como hemos informado en detalle, se investiga actualmente una muy seria situación en el ámbito de la Facultad de Derecho de la UNT. Sus autoridades denunciaron la posibilidad de que se hayan cometido delitos en la anotación de clasificaciones de los alumnos. En efecto, aparecen discordancias entre las actas de los profesores y las notas que, supuestamente de acuerdo con dichas actas, se registraban luego en el sistema informático. Todo empezó a fines del año pasado, a raíz de denuncias anónimas por irregularidades -sobornos mediante-  en ese registro, y que motivaron la realización de una auditoría en la Facultad.
La semana pasada, el decano de Derecho solicitó al rector de la UNT la apertura de un sumario interno en la Dirección de Registro de Alumnos. Preventivamente, se dispuso el resguardo de toda la documentación y el bloqueo de las claves informáticas que habilitaban el acceso al sistema de los empleados encargados de grabar notas. Esto, además de otras medidas como la guardia nocturna en el edificio y el cambio de diversas cerraduras. El decano ratificó sus denuncias ante el fiscal federal, y resolvió suspender la ceremonia de colación de grados. Anunció, asimismo, la creación de una Unidad de Fiscalización Interna, y anticipó que la casa no protegerá a nadie en la investigación correspondiente.
Los hechos apuntados configuran una situación en extremo grave. Las clasificaciones oficiales de los alumnos tienen el respaldo del Estado. Por lo tanto, se supone que su trámite está rodeado de la más celosa observancia de las reglamentaciones. Es un tema donde no puede existir la más mínima duda acerca de la transparencia con que se cumplieron las diversas etapas, que se inician con el examen del estudiante y que culminan con el registro, en el sistema informático, de las notas obtenidas.
La comunidad nunca ha dudado de que quien va aprobando las asignaturas de una carrera, y que finalmente egresa con un título, ha cumplimentado previamente todos los requisitos necesarios que cada facultad exige. Puede calcularse, entonces, la estupefacción que invade a todos cuando se ve abierta la posibilidad de que acaso existan falsedades o delitos en los registros finales.
No es la primera vez que se develan hechos tan lamentables. Como se recordará, casos similares se investigaron hace algunos años en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional. Y también está fresco en la memoria de todos el caso de los certificados falsos que se incluían en los legajos de docentes provinciales. Lo que indica que la corrupción -dramático fenómeno tan generalizado en nuestro tiempo- también ha llegado hasta lugares que se consideraban tradicionalmente a salvo de ella .
Frente al caso de la Facultad de Derecho no pueden existir dos opiniones. Todo lo denunciado debe ser investigado a fondo por la Justicia. Ella ha de tener en cuenta, muy especialmente, que anomalías de esa índole sólo pueden perpetrarse con la complicidad directa o la desatención culpable de varias personas. Si se comprobara su responsabilidad, esas personas deben ser separadas de sus cargos y sometidas al correspondiente proceso. Del mismo modo que deben anularse las notas -o los títulos- afectados por la irregularidad. Todo esto debe llevarse a cabo con la máxima celeridad, ya que el público debe readquirir, con urgencia, su confianza en las clasificaciones y en la validez de los grados universitarios. Además, corresponde que se den a publicidad, en detalle, tanto los pasos como las conclusiones a que llegue la investigación. Así se cumplirá debidamente el requisito de transparencia que debe rodear toda la actividad oficial, y mucho más cuando se trata de temas como el que nos ocupa. La comunidad tucumana merece que tan deplorable episodio se esclarezca completamente.