Despidieron a una testigo del caso Betty

El sorpresivo despido de una docente que reveló datos claves en el caso obligó a los familiares de Angela Beatriz Argañaraz a insistir ante la Justicia que investigue si cabe acusar de haber hechado un manto de encubrimiento al colegio Padre Roque Correa. En el establecimiento trabajaban la docente desaparecida y Susana Acosta, quien junto a Nélida Fernández,  está detenida por el caso.
“Pasa algo extraño. Ya son demasiadas coincidencias y seguimos sosteniendo que las autoridades del colegio están ocultando algo”, sostuvo Liliana Argañaraz, que -a seis meses de la desaparición de su hermana- continúa recorriendo los pasillos de Tribunales para que se aclare el caso.
El testimonio de Blanca Helena Galera fue clave en la investigación del caso. Ella fue la que declaró ante la Justicia que había sido agredida por las dos acusadas. La mujer, que en el momento del incidente era directora del establecimiento educativo, le habría recriminado a Acosta el trato que tuvo con sus alumnos. Este reclamo generó la ira de las ex novicias. Según consta en el expediente, Fernández la agredió físicamente en su oficina. Acosta también estuvo en el lugar, y de acuerdo con la denuncia realizada por la mujer, la habría empujado para que su amiga la golpeara.
Galera, después del hecho, inició los trámites administrativos correspondientes, pero no hizo ninguna denuncia policial. A los pocos meses, de acuerdo con el testimonio que realizó en la Justicia, fue separada del cargo. “Ella fue la única del colegio que, con su testimonio, aportó un indicio sobre la conducta de las acusadas. Ahora la dejan sin trabajo. La actitud es mucho más que sospechosa”, indicó Argañaraz.

Análisis
Esta no es la primera vez que la familia de Betty le pide a la fiscal Adriana Giannoni que investigue la conducta que tuvieron las autoridades y los empleados del colegio. El año pasado, por ejemplo, solicitó, por medio de sus abogados Leonardo Coria y Carlos Picón, que se analizara el libro de firmas pues se sospecha que alguien había falsificado la rúbrica de Acosta.
La Justicia aceptó el pedido, pero sólo comparó las firmas con una de las empleadas administrativas del establecimiento educativo, cuando en realidad, los profesionales habían solicitado que todo el personal fuera sometido a la pericia. Los familiares también solicitaron que se investiguen los movimientos económicos del establecimiento, pero su pedido no fue aceptado.
LA GACETA intentó infructuosamente comunicarse ayer con las autoridades del establecimiento para que dieran a conocer su versión de los hechos.

Elevación a juicio
La causa, en estos momentos, está en manos del juez Alfonso Zottoli (secretaría de Diego López Avila), que definirá si acepta o no su elevación a juicio, tal como ya se lo solicitó la fiscal Giannoni. Al mismo tiempo, el magistrado analiza todos los planteos de nulidad que fueron presentados por Gustavo Morales, defensor de Acosta y de Fernández.
Las ex novicias están acusadas de homicidio agravado y se encuentran detenidas en la Cárcel de Mujeres. Luis Fernández, hermano de Nélida, también fue acusado, ya que se sospecha que colaboró con las mujeres en el secuestro y en el posterior homicidio de la docente, que desapareció el 31 de julio del año pasado.
El hombre, después de comprobar que su situación procesal se había agravado, huyó. Los investigadores sospechan que se ocultó en otra provincia o en un país limítrofe. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, tras una reunión con los familiares de Betty, decidió otorgar una recompensa de $ 120.000 al que aporte datos para lograr su captura.