El futuro del Tributo de Emergencia Municipal (TEM) es una incógnita para la intendencia de la capital. La idea de aumentar la recaudación se puso en riesgo a partir del fallo judicial a favor de la empresa Casino Club, dedicada a los juegos de azar.
La orden de Marta Abregú de Padilla (subrogó al juez federal Jorge Parache en el juzgado Nº 1 durante parte de enero), para que el municipio se abstenga de cobrar el tributo a la firma patagónica, podría derivar en una escalada de demandas judiciales en el fuero provincial. Esa es la principal preocupación del gabinete del intendente, Domingo Amaya, que ordenó un seguimiento meticuloso sobre los otros cinco planteos que se tramitan en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Amaya decidió que el fiscal municipal adjunto, Hernán José Colombres, siga a cargo de la fiscalía como reemplazante natural del renunciante, Leonardo Szachniuk, hasta el final del mandato. El funcionario estará a cargo de ejercer la defensa legal del municipio en tribunales. (Ver aparte).
El revuelo que generó el caso, derivó en el final de sus funciones de Szachniuk y de Fernando Grucci (director de Despacho) y de Alberto Flores (director de Control Judicial). Pero también activó las reacciones de los concejales que pretenden conocer qué ocurrió con la medida cautelar de Casino Club; quiénes fueron los responsables de que el municipio no haya respondido a esa demanda y qué rol cumplirá la intendencia en adelante en la causa judicial.
Desde la comisión de Peticiones y Poderes, que preside el edil Eloy del Pino (PJ), se redactó ayer un pedido de informes detallado a la Municipalidad. El documento fue avalado por los propios aliados del oficialismo Hugo Danesi, Raúl Pellegrini, Gloria Díaz y Oscar Cano.
La petición llegará en la víspera del acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, previsto para mañana, a las 17.
Durante ese acto, el intendente Amaya deberá rendir cuentas de su gestión y anunciar los planes de gestión a futuro. Los ediles esperan que el jefe municipal haga alusión al caso del tributo por las tragamonedas durante su mensaje oficial. “No puede dejar de hacer referencia a un tema tan importante que se ha complicado, porque se trata del principal ingreso municipal que hoy en día está en jaque”, afirmó el bussista Claudio Viña.
El requerimiento está basado en dos puntos: primero, cuál ha sido el curso administrativo de la medida cautelar de Casino Club; y segundo, cuáles son las medidas que se adoptarán en el caso.
El lunes caducó el primer vencimiento del TEM, desde su creación, pero Casino Club pudo evitar el pago de $ 210.000 -por orden judicial- que corresponden a las 300 máquinas tragamonedas que funcionan en su local, ubicado en avenida Adolfo de la Vega al 400.
Con resignación, varios funcionarios municipales y algunos concejales oficialistas admitieron anoche a LA GACETA -aunque con reserva de sus nombres- que el polémico caso logró enturbiar la marcha de la gestión en la capital.
La orden de Marta Abregú de Padilla (subrogó al juez federal Jorge Parache en el juzgado Nº 1 durante parte de enero), para que el municipio se abstenga de cobrar el tributo a la firma patagónica, podría derivar en una escalada de demandas judiciales en el fuero provincial. Esa es la principal preocupación del gabinete del intendente, Domingo Amaya, que ordenó un seguimiento meticuloso sobre los otros cinco planteos que se tramitan en la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Amaya decidió que el fiscal municipal adjunto, Hernán José Colombres, siga a cargo de la fiscalía como reemplazante natural del renunciante, Leonardo Szachniuk, hasta el final del mandato. El funcionario estará a cargo de ejercer la defensa legal del municipio en tribunales. (Ver aparte).
El revuelo que generó el caso, derivó en el final de sus funciones de Szachniuk y de Fernando Grucci (director de Despacho) y de Alberto Flores (director de Control Judicial). Pero también activó las reacciones de los concejales que pretenden conocer qué ocurrió con la medida cautelar de Casino Club; quiénes fueron los responsables de que el municipio no haya respondido a esa demanda y qué rol cumplirá la intendencia en adelante en la causa judicial.
Desde la comisión de Peticiones y Poderes, que preside el edil Eloy del Pino (PJ), se redactó ayer un pedido de informes detallado a la Municipalidad. El documento fue avalado por los propios aliados del oficialismo Hugo Danesi, Raúl Pellegrini, Gloria Díaz y Oscar Cano.
La petición llegará en la víspera del acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, previsto para mañana, a las 17.
Durante ese acto, el intendente Amaya deberá rendir cuentas de su gestión y anunciar los planes de gestión a futuro. Los ediles esperan que el jefe municipal haga alusión al caso del tributo por las tragamonedas durante su mensaje oficial. “No puede dejar de hacer referencia a un tema tan importante que se ha complicado, porque se trata del principal ingreso municipal que hoy en día está en jaque”, afirmó el bussista Claudio Viña.
El requerimiento está basado en dos puntos: primero, cuál ha sido el curso administrativo de la medida cautelar de Casino Club; y segundo, cuáles son las medidas que se adoptarán en el caso.
El lunes caducó el primer vencimiento del TEM, desde su creación, pero Casino Club pudo evitar el pago de $ 210.000 -por orden judicial- que corresponden a las 300 máquinas tragamonedas que funcionan en su local, ubicado en avenida Adolfo de la Vega al 400.
Con resignación, varios funcionarios municipales y algunos concejales oficialistas admitieron anoche a LA GACETA -aunque con reserva de sus nombres- que el polémico caso logró enturbiar la marcha de la gestión en la capital.
NOTICIAS RELACIONADAS







