La dilatada negociación salarial de los docentes

Con el comienzo del mes de marzo, en nuestra provincia, como en el resto del país, millones de personas se preparan para que sus hijos inicien un nuevo período escolar. Y son las familias enteras las que viven el proceso, aunque sólo uno de sus integrantes sea el que debe volver -o ir por primera vez- a las aulas. La situación tiene distintas aristas, que fueron analizadas en profundidad a través de varias notas de nuestro diario en los últimos días: desde los pasos que pueden dar los padres para asegurarse de que la educación de sus hijos está en buenas manos, hasta los montos -nada despreciables, en algunos casos- que deben desembolsarse para que los escolares tengan todos los elementos necesarios para enfrentar un nuevo período lectivo.
 Muchas veces se ha subrayado desde este espacio la importancia capital que tiene la educación en la evolución y en el desarrollo armónico de una sociedad. Es por eso que se ha insistido en la idea de impulsar el debate de los temas vinculados al funcionamiento de las escuelas y de los colegios, ya que allí es donde se genera el proceso en el que -en buena medida- se marca el destino de los integrantes más jóvenes de la sociedad.
 También se ha señalado la trascendencia que adquiere la labor de los docentes, para la que deben estar capacitados de la mejor manera. Y, en consonancia, sus remuneraciones tienen que asegurarles la posibilidad de vivir una existencia digna, sin privaciones y con la posibilidad de acceder a oportunidades de perfeccionamiento que los ayuden a desempeñar con más eficiencia la delicada misión que tienen como formadores de los futuros ciudadanos.
 Es por eso que resulta poco menos que increíble que, una vez más, se haya llegado a la víspera de la fecha anunciada para el comienzo de las clases sin que se haya resuelto la negociación abierta por los reclamos salariales de los educadores.
 Se ha desaprovechado -una vez más- el largo período de receso en el que los escolares no deben asistir a las aulas; la lógica más elemental indica que es el lapso indicado para llevar adelante todas las negociaciones que hagan falta para que las legítimas aspiraciones de los docentes se contrapongan a las reales posibilidades económicas y financieras del Gobierno provincial, y se llegue a un acuerdo que deje satisfechas ambas partes. Salta a la vista que las negociaciones salariales, acotadas en el tiempo por la inminencia del inicio de las actividades, no pueden tener la fluidez ni gozar de la disponibilidad del tiempo que demanda el examen a fondo de las distintas alternativas.
El resultado es desalentador: mientras el Gobierno insiste en que el cronograma establecido para el período lectivo se respetará sin excepciones, desde las distintas agrupaciones gremiales de los docentes se advierte que pueden surgir inconvenientes si la oferta salarial no resulta satisfactoria; las dudas sobre el comienzo regular de las clases crecen, y las decisiones comienzan a tomarse contrarreloj.
No se discute el derecho de los docentes a reclamar la remuneración que estimen justa para la importante prestación que entregan; tampoco se cuestiona el hecho de que las autoridades del área expongan las posibilidades de cumplir con las demandas de los educadores que les permiten los recursos asignados.
Lo que no puede volver a ocurrir es que, en el medio de esta discusión, queden atrapados los alumnos, que tienen derecho a un período lectivo sin sobresaltos, ni sus padres, que en muchas ocasiones realizan esfuerzos considerables para que sus hijos estén en condiciones de asistir a las aulas.