El reclamo violento

Hace muy pocos días nos referimos en este espacio a la necesidad de solucionar la cuestión de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, organismo cuya actividad está totalmente detenida desde largo tiempo atrás, a causa del conflicto permanente que mantiene con su personal por el atraso en el pago de los sueldos. Dijimos entonces que en la ciudad se planteaba, como un requerimiento urgente de sus habitantes, el restablecimiento de la tarea municipal, para revertir la situación de caos en que se encuentran sumidas nuestras calles.
Como hemos informado, el viernes último tuvo lugar una nueva protesta del personal de la comuna. Esta se manifestó con la toma de la Intendencia, durante varias horas, que impidió la salida al personal que allí se encontraba. También los reclamantes se lanzaron contra las vallas de la Casa de Gobierno, acción que debió ser repelida por los efectivos policiales. Hubo corridas y la rotura de cristales de un edificio de las proximidades. Los manifestantes finalmente se dispersaron, no sin advertir que "el lunes será peor".
En nuestro anterior comentario, expresamos que nadie puede discutir que el Estado tiene obligación de satisfacer puntualmente los sueldos que adeuda a su personal. Es evidente que en el caso de la Municipalidad de la Capital, el atraso es ya demasiado considerable. La protesta, entonces, resulta comprensible y justificada. Pero de ninguna manera puede admitirse que ella adquiera características de violencia contra las personas ni contra los edificios, como ha ocurrido en la jornada que comentamos.
Se trata de actitudes que pueden tener derivaciones graves, que nadie puede legítimamente desear. Sobrada experiencia existe, en el país y en la provincia, en ese sentido. La violencia carece de virtudes germinativas, y lo único que puede engendrar es más de lo mismo. Demasiados problemas tiene Tucumán como para que se le agreguen los derivados de esta clase de intemperancias.
Por cierto que el Estado debe mostrar la máxima sensibilidad frente a las reclamaciones salariales, y poner todo lo que esté a su alcance para aportarles alguna forma de solución. Ello porque la retribución de todo trabajador es algo de la mayor importancia siempre; y mucho más en una época de dura crisis como la que atravesamos, donde cada día es más difícil, para cualquier ciudadano, sostenerse a sí mismo y a su familia.
Es necesario, entonces, que las soluciones aparezcan con urgencia, y que el poder público dirija su más constante esfuerzo en esa dirección. Debe darse un diálogo franco entre el Estado y los protestatarios, que permita llegar a un acuerdo con mutuas concesiones. Por cierto que ese diálogo solamente será posible a partir de una tesitura realista, donde no se trate de imponer al Estado condicionamientos que este no tiene posibilidades de aceptar. Sabemos de sobra la grave situación de las finanzas públicas, tema sobre cuyas alternativas informa constantemente la prensa. Las disponibilidades financieras de la Provincia están forzosamente atadas a los aportes de la Nación, y nada es posible hacer si tales aportes no se producen.
Pero, reiteramos, los reclamos no pueden ingresar en la peligrosa variante que mostraron durante la jornada del viernes último. Debe dejarse de lado todo lo que signifique violencia, agresión o intemperancia. No han de venir las soluciones por ese lado, y sí han de producirse en cambio, indefectiblemente, enfrentamientos que la más elemental prudencia aconseja evitar a todo trance. Es algo que debiera tenerse muy en cuenta.
Todos compartimos el reclamo salarial de los agentes municipales. Pero no podemos compartir esa clase de exteriorizaciones.