El juez Parache cuestiona la ley que permite que lo puedan citar a declarar como imputado

El juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza al destituido Felipe Terán) aún no decidió si citará a su par del juzgado número uno, Jorge Parache, a que declare como imputado en dos causas en la se que se investigan presuntas irregularidades vinculadas a títulos de la deuda pública. No obstante, a fin de bloquear tal posibilidad, Parache cuestionó la constitucionalidad de la Ley 25.320 (o de Fueros), que precisamente posibilita que los magistrados -entre otros- sean llamados a prestar declaración indagatoria, sin necesidad de que previamente hayan sido destituidos. También recusó al fiscal federal Carlos Brito, que llevó adelante las actuaciones preliminares a partir de las cuales requirió a Racedo (tres veces en uno de los expedientes) que convoque a Parache (ver "Lo recusaron...").
Con el patrocinio de los abogados Fernando Poviña y Hernán Frías Silva (h), Parache solicitó a Racedo que declare la inconstitucionalidad de la Ley 25.320, más conocida como Carrió, por entender que "limita en forma irrazonable derechos y garantías expresamente reconocidas a los magistrados nacionales por la Carta Magna, desconociendo y desnaturalizando el mandato constitucional".
Hasta la sanción de la Ley 25.320, los jueces debían ser destituidos por un proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (según el sistema diseñado por la Constitución de 1994), para poder posteriormente ser investigados penalmente. No obstante, la mencionada norma, que modificó artículos del Código Procesal Penal de la Nación, ahora permite que la causa avance hasta su definitiva conclusión sin que la citación a declarar como imputado pueda ser considerada como una medida restrictiva de la libertad o que afecte las prerrogativas del juez.
Además de las dos imputaciones penales (causas "Taranto" y "Scaravilli López"), Parache afronta un sumario ante la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura. Por ello, esgrimió: "me ocasiona un grave perjuicio (por la Ley 25.320) al tener que asumir la defensa de mis derechos en un segundo proceso... Esta situación, además de atentar contra la persona del juez, obstaculiza en forma evidente la más elevada de las funciones de la magistratura: la administración de justicia", manifestó.

Principios en juego
Parache argumentó que la Ley Carrió (por el nombre de la ex diputada nacional Elisa Carrió, que la impulsó) vulnera la garantía de la independencia de los magistrados y el principio de igualdad ante la ley, entre otros. "Habilita al juez de la causa a llamar a indagatoria a un magistrado sujeto a desafuero antes de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se haya pronunciado", expresó.
El juez insistió en el argumento de que la ley permite la superposición de dos procesos diferentes. "Al persistir el Ministerio Público (por los requerimientos del fiscal Brito) con su solicitud de indagatoria se consiente que coexistan dos procesos en mi contra: uno ante el Consejo de la Magistratura y el otro ante la Justicia", puntualizó.
Parache hizo reserva del caso federal a fin de, eventualmente, poder llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 17 de octubre de 2006, un día antes de que el Jurado de Enjuiciamiento destituyera a Terán, Brito requirió a Racedo que, en la causa "Taranto", llamara a declarar a Parache por considerarlo presunto partícipe necesario de una supuesta defraudación contra el Estado. Posteriormente, también solicitó que lo convocara -por el mismo cargo- en la causa "Scaravilli López". En esta y en "Taranto" investigan pagos desembolsados por el fisco -orden judicial mediante- por $ 1,2 millón y $ 1,3 millón, respectivamente.