La sociedad ante el drama de los menores en riesgo

La crónica policial abunda, con alarmante frecuencia, en la relación de hechos delictivos en los que están directamente involucrados los menores de edad. El escenario es, generalmente, alguno de los barrios de la periferia de la ciudad; un ingrediente infaltable es la droga, ya sea porque los protagonistas actúan bajo sus efectos o porque las disputas que terminan en hechos de sangre se originan en la venta o la distribución de los estupefacientes; y un dato estremecedor es la precocidad con la que los delincuentes inician su desgraciado camino por la senda del delito. A esta triste realidad se agrega un hecho que ya resulta habitual: delincuentes mayores de edad responsabilizan a los menores de los crímenes que cometen, en la certeza de que justamente por su condición, no caerá sobre ellos el castigo que las leyes contemplan para quienes tienen más de 18 años.  
   Es alrededor de este tema que la sociedad, en su conjunto, con el gobierno en primerísimo plano, está inexcusablemente obligada a actuar con planes concretos y con objetivos claros. Y debe hacerlo inmediatamente, porque el cuerpo social está empezando a anestesiarse y a perder la percepción de la magnitud del desastre moral que implica la repetición a diario de este tipo de hechos.
   Hay un número creciente de chicos que viven en barrios marginales y que pasan sus días librados a su suerte, sin nadie que se ocupe de ellos, los contenga y los oriente para ayudarlos a encontrar el sentido de su existencia y convertirlos en personas integradas y activas dentro de la sociedad. No puede esperarse otra cosa que un destino trágico para estos pequeños seres, porque serán inevitablemente captados por la siniestra maquinaria delictiva y terminarán sus días recluidos en una institución si es que antes algún hecho violento no les arrebata la vida.
   Ampliar y mejorar los espacios para la reclusión de los menores que delinquen es una necesidad, pero de ninguna manera es la solución que requiere un problema tan complejo. Desde luego que las obras que está realizando el gobierno en el instituto Roca son bienvenidas, pero si paralelamente no se concretan planes de reeducación y de reinserción para los menores en sintonía con una estrategia multidisciplinaria, la cantidad de plazas en los lugares de reclusión será siempre insuficiente. Pero si en estas mismas instituciones se registran hechos gravísimos como es la comprobación del consumo de sustancias prohibidas por parte de los internos, tal cual se consignó hace pocos días en una información aparecida en nuestro diario, no cabe la menor duda de que debe revisarse toda la estrategia y corregir rápidamente las grietas estructurales que permiten tamaños fallos.
   El problema de la falta de contención de los menores en riesgo, de su cada vez más más temprana incursión en el mundo del delito, y de la falta de lugares adecuados para lograr su reinserción en la sociedad nos atañe a todos y exige acciones inmediatas por parte del Estado. Es una lamentable situación de la que el cuerpo social toma conciencia sólo cuando se producen hechos que lo sacuden por sus escandalosas características, pero que germina día a día nutriéndose de la explosiva combinación de marginalidad, pobreza y abandono.
   El control de la situación no se logrará con una mayor cantidad de policías, con la sanción de leyes más duras o con la disponibilidad de más centros de reclusión. Se trata de recuperar a seres humanos que tienen el derecho de vivir en armonía con la sociedad y a los que el Estado tiene la obligación de contener, atender y rehabilitar.