Lo que se ganó y lo que se perdió en la gestión K

El Gobierno nacional respaldó con ayudas indirectas a Tucumán, pero no cedió terreno para que la provincia, una de las aliadas, tenga autonomía política y financiera.

Las decisiones políticas unilaterales de la Casa Rosada (la última fue el aumento salarial a los docentes) obligan a efectuar un balance respecto de los efectos que esas medidas de la gestión de Néstor Kirchner generan en las provincias. Y fuerzan a efectuar una interpretación local: ¿cuánto ganó y cuánto perdió Tucumán? Transcurrido prácticamente el mandato, algunos hechos pueden dar cuenta de cuál es la situación.
En su paso por la provincia, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna recordó que en abril de 2003 impulsó un proyecto de redistribución de los fondos coparticipables que implicaba una reparación histórica para el NOA y para el NEA, las regiones que sufren en mayor medida de necesidades básicas insatisfechas. Es bueno recordar que esa iniciativa terminó de elaborarse aquel año en la Casa de Gobierno de Tucumán, con la presencia de casi todos los ministros provinciales y de una comisión especial conformada por hombres del duhaldismo, hoy cercanos al kirchnerismo. Fue cuando se afianzó el concepto de “federalismo con responsabilidad fiscal”. De ese concepto sólo sobrevivió la parte de la “responsabilidad fiscal”, porque el proyecto naufragó debido al “unitarismo” de los distritos más grandes y de la propia Nación que no querían perder terreno en el reparto de fondos de coparticipación. Si ese proyecto hubiera prosperado, Tucumán habría recibido hasta nuestros días, grosso modo, unos $ 1.200 millones más por transferencias nacionales, monto equivalente a un plan de obras públicas anual.
El sistema de reparto de recursos sigue como entonces. De alguna manera, el Gobierno nacional debía contribuir a que las provincias salieran de los desequilibrios fiscales. Tucumán pudo sacar de circulación los bonos con un crédito del cual falta pagar cerca de $ 150 millones de capital. Paralelamente, se crearon los Planes de Financiamiento Ordenado (PFO), uno de los elementos que incrementan la deuda pública tucumana, que, según el Tribunal de Cuentas, supera los $ 3.700 millones. Los PFO implicaron patear parte de la deuda hacia adelante, pero a un costo superior a los $ 1.000 millones desde 2003 hasta la fecha.
El principal acreedor es la Nación, y por eso, Lavagna dice que los gobernadores del interior -entre ellos, José Alperovich- no tienen el coraje de reclamarle a Kirchner los fondos para atender las subas salariales en cada distrito.
En los últimos tres años, se reavivaron las discusiones por incremento de los sueldos que venían atrasados por efecto de la devaluación. El Gobierno nacional ordenó mejoras paulatinas en las remuneraciones. El efecto no es el mismo en la administración nacional, para la cual trabajan 180.000 personas, que en las provincias, donde hay 1,5 millón de empleados. En el caso de Tucumán, el costo de la suba salarial fue de $ 600 millones en el último trienio, y no obtuvo para ello ayuda federal directa.
Buenos Aires, por caso, logró que el ministro de Educación, Daniel Filmus, anunciara que la Nación contribuirá con el dinero que haga falta para mejorar los sueldos de los docentes de ese distrito. ¿Qué pasará en Tucumán? Es probable que parte de los $ 65 millones anuales que implicaría el aumento para los maestros se obtengan de un aporte federal. Dicen que hay promesas de financiar el 50% de ese monto.
Pero las demandas de aumentos salariales no son las únicas que llegan a la Casa de Gobierno. Los empresarios señalan que, con sus aportes, financian al Estado y que, por lo tanto, es necesario que desde el Ejecutivo también se atiendan sus reclamos. Por caso, una baja en la presión fiscal. En el PE contestan que los beneficios impositivos están en estudio, pero que por ahora no es posible otorgarlos. ¿Por qué? Porque la Nación mira de cerca las conductas de las provincias. Un ejemplo de esa situación se vive en Córdoba, donde el gobernador, José de la Sota, otorgó exenciones impositivas mientras negocia un crédito nacional para pagar deudas (el viejo PFO), tal como lo hace Tucumán.
Lo dicho sirve para ejemplificar lo que se ganó y lo que se perdió desde 2003. Pese a que fueron constantes las ayudas federales, lo real es que la Nación nunca cedió poder ni dio autonomía a las provincias, ni siquiera a las aliadas, como Tucumán. No es lo mismo ingresos genuinos que dinero prestado. en este último caso, siempre habrá una obligación -política o financiera- con el acreedor.