Cuestión de fe

Por primera vez en mucho tiempo, en medio del enésimo escándalo ocurrido por problemas con jóvenes conflictivos en el instituto Roca, el juez de Menores Raúl Ruiz elogió la política que el Estado lleva a cabo con estos chicos marginales. Para referirse a la información de que se había detectado que varios chicos internados en el Roca habían consumido marihuana, usó palabras contundentes y positivas, que llamaron más la atención que la defensa nerviosa que hizo la secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin. La funcionaria, alarmada por lo que consideró una filtración armada en una "operación política", trató de explicar que su área está trabajando con los chicos en riesgo, "pero -dijo- no ponemos en conocimiento público las situaciones que viven nuestros menores".
Los elogios del juez, sin embargo, no alcanzaron para despejar las inquietudes que dejaron dos episodios fuertes con menores esta semana. En el caso del instituto Roca, la explicación dada sobre la droga fue curiosa. Según dijo la funcionaria, algunos internos se habrían tragado la marihuana para ingresarla al instituto. ¿Cómo harían para fumarla después? Con este razonamiento, se aventaba la sospecha plantada por los padres, que dijeron que a ellos, cuando van de visita, los revisan de pies a cabeza. Esta sospecha fue corroborada por el mismo jefe de Policía, Hugo Sánchez, que, al explicar que sus hombres revisan a quien entra y a quien sale, aclaró que él tenía el control con 50 policías afuera del instituto, pero que adentro estaban los operadores propios del Roca. Si no fueron los padres y tampoco los operadores, la única explicación de que se hubiera consumido droga en el instituto era que los chicos la hubieran llevado en el estómago. Aunque se haya tratado de internos que no habían salido del Roca.

Demasiado esfuerzo
No obstante, a pesar de la insistencia con que se defendió la idea de que se trabaja en silencio con un edificio remozado y con recursos humanos nuevos, quedó claro que para contener a los menos de 60 menores conflictivos alojados en el Roca hacen falta por lo menos 50 policías y otros 50 operadores, y que aun así se dan situaciones problemáticas.
El juez Ruiz, en su elogio hacia la política que se lleva a cabo, puso el dedo en la llaga, porque dio a entender que se trata de la continuidad del proyecto que puso en funcionamiento la anterior directora del Roca, la psiquiatra Susana Viale, quien renunció hace pocos meses, envuelta en la polémica por el tratamiento con supuestos psicotrópicos dados a los menores, y por la investigación que se lleva a cabo por la muerte de un chico alojado en el instituto. Y aunque Ruiz elogió el proyecto que dejó Viale, todavía la Justicia no aclaró qué ha pasado con el tratamiento con las drogas Clozapina y Citalopran, que mantenían adormecidos a los chicos. El tratamiento, que logró el "milagro" de que no hubiera motines, sólo obtuvo el visto bueno del perito Enrique Bernabé Pino, puesto en esa tarea por la Corte Suprema. Pero otros profesionales, como Trinidad Bo de Astudillo (jefa del Servicio de Salud Mental del hospital Padilla), no están de acuerdo con la medicación indiscriminada. Por su parte, el legislador opositor José Cano dice que se tendría que haber pedido informe a la cátedra de Farmacología de la UNT. Tampoco el fiscal Ramón Gallo concluyó la pesquisa sobre la muerte del menor. Pero el apoyo del juez Ruiz ya parece absolver a Viale, que, además, fue quien organizó el equipo de "operadores" que están trabajando actualmente en el instituto.
Esta semana también tuvo episodios fuertes en los que intervinieron menores de edad. El asalto a un ómnibus en el que resultó herida una mujer Policía, en Villa 9 de Julio, pareció la antítesis del panorama casi idílico que se pinta ahora del instituto Roca.
El chico asaltante, que fue atrapado por la Policía el jueves, que a los gritos le decía a su propia madre "¡Mamá, callate!", es uno de los 2.000 que -se calcula- pululan por las calles de los barrios de la periferia, mientras el medio centenar que está encerrado en el Roca puede ahora educarse y trabajar, con episodios raros cada tanto, como el de la marihuana. Por cierto que el reclamo de la madre del chico asaltante de Villa 9 de Julio es muy parecido al de las familias de los jóvenes del Roca: no saben qué hacer con sus hijos.

Sin contención
Precisamente, el juez Ruiz, en diciembre, decía que un gran problema era la falta de contención de las familias. Y pedía entonces un encuentro entre los tres poderes del Estado para buscar soluciones. Nada se hizo, pese a que el pedido no es nuevo. El juez dijo, también, que hay que crear un protocolo para asistir al adolescente. Tampoco se hizo.
En realidad, lo que el magistrado afirma ahora que se hace, y lo que la funcionaria de Políticas Sociales dice que se hace (pero, afirma, no se pone en conocimiento público) parece ser un comienzo. Quizás un buen comienzo. Si además se escuchara el reclamo de las defensoras de Menores, que dicen que no dan abasto -siguen siendo cuatro personas para atender cuestiones civiles, familiares y penales en la capital- y si se atendiera la angustia de los padres de chicos adictos (no sólo de adolescentes adictos que delinquen), que piden un lugar para tratarlos porque ellos no pueden darles contención. Que se sepa, en Tucumán no hay una comunidad terapéutica estatal para menores de 18 años adictos. Sólo se trata a los menores delincuentes, por orden de un juez, y en el Obarrio, sitio inadecuado para esto.
El Gobierno ha puesto sus esfuerzos para inaugurar un lugar para mayores adictos. No está mal, pero los expertos consideran que la adicción a las drogas está empezando a los 11 años. ¿No será un poco tarde tratarlos cuando ya son grandes? Hace pocos meses, el toxicólogo Alfredo Córdoba, del servicio de asistencia a las adicciones de la Asistencia Pública, dijo que se atienden 40 casos nuevos por mes. La verdad es que el hecho de que los chicos del Roca consuman marihuana -y encima, se la traguen- suena nimio, si se considera el drama de la droga que se vive afuera, y el drama de la violencia que impera en la periferia.
Ahora bien, la afirmación del juez de que un equipo interdisciplinario controla con premios y castigos a los chicos del Roca, y la aseveración de la secretaria de que se está haciendo seguimiento y tratamiento permanente a los menores consumidores alojados en la institución, deberían ser acompañados por elementos que muestren cómo las cosas están cambiando. Porque, hasta ahora, sólo trasciende lo malo, que es lo que inquieta a la funcionaria, temerosa de ser víctima de una operación política.
Decir quién tiene la verdad en esto es muy difícil, sobre todo cuando no hay elementos de análisis, y cuando la Justicia tarda en llegar al fin de las investigaciones. Por lo general, es importante recurrir al sentido común. Bertrand Russell solía desconfiar de las promesas de la fe sobre el más allá. Decía que si en un cajón de naranjas, las primeras estaban en mal estado, nada lo podría convencer de que las de abajo estarían buenas. A menos que uno tenga fe.