A mediados de 2006, la propia Cámara Federal de Apelaciones había informado a los cuatro juzgados y a los Tribunales Orales en lo Criminal, que dependen de ella, que cualquier vacante que se produjera debía ser cubierta con quienes se desempeñaran ad honorem como meritorios. Por ello, les había requerido que elevaran la nómina del personal que prestaba servicios en ese carácter.
En el caso de los juzgados Nº 1 y Nº 2 de Tucumán, el 25 de julio de 2006, el presidente de la Cámara, Raúl David Mender, les había comunicado que tenían que ajustarse a lo dispuesto por el acta acuerdo 14/2006, en referencia a lo que el 28 de junio habían convenido representantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional y del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En la resolución, Mender recordaba el tercer punto del acta acuerdo. “Las vacantes de auxiliar y escribiente auxiliar genuinas o por corrida escalafonaria que se produzcan deberán ser cubiertas con meritorios incluidos en el censo”, establece.
La alusión al censo se debe a que, por medio de la resolución 396/05, el Consejo de la Magistratura había ordenado que se censara a los meritorios de todo el país que habían iniciado tareas antes del 30 de junio de 2005, fecha a partir de la cual quedaba prohibida la incorporación de personas en ese carácter.
El censo buscaba tener identificados los meritorios (son unos 1.400 en todo el país) para que, en caso de que se produjeran vacantes, fueran tenidos en cuenta y que se les diera debida prioridad.
Por ello, la resolución de Mender terminaba de la siguiente manera: “remítanse a los juzgados y tribunales orales de la jurisdicción copias del acta y del censo de meritorios para su estricta observancia, requiriendo sinceren la nómina de sus meritorios en las distintas secretarías, constatando la efectiva prestación de servicios”.
Sigue la polémica
Ayer, Mender recibió la información que había requerido a los cuatro juzgados que dependen de la Cámara (los dos de Tucumán, el de Santiago del Estero y el de Catamarca). El Nº 1 (a cargo de Jorge Parache) y los dos de las otras provincias informaron que no tenían meritorios, mientras que el Nº 2 (a cargo de Mario Racedo) comunicó que cuatro personas se desempeñan en ese carácter.
La polémica se desató porque, pese a la resolución de Mender, el gremio se quejó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque para una Secretaría ad hoc (entenderá en causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, y bajo la órbita del Juzgado Nº 1 y del Tribunal Oral) fueron contratadas tres personas, pero ninguna era meritoria.
En el caso de los juzgados Nº 1 y Nº 2 de Tucumán, el 25 de julio de 2006, el presidente de la Cámara, Raúl David Mender, les había comunicado que tenían que ajustarse a lo dispuesto por el acta acuerdo 14/2006, en referencia a lo que el 28 de junio habían convenido representantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional y del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En la resolución, Mender recordaba el tercer punto del acta acuerdo. “Las vacantes de auxiliar y escribiente auxiliar genuinas o por corrida escalafonaria que se produzcan deberán ser cubiertas con meritorios incluidos en el censo”, establece.
La alusión al censo se debe a que, por medio de la resolución 396/05, el Consejo de la Magistratura había ordenado que se censara a los meritorios de todo el país que habían iniciado tareas antes del 30 de junio de 2005, fecha a partir de la cual quedaba prohibida la incorporación de personas en ese carácter.
El censo buscaba tener identificados los meritorios (son unos 1.400 en todo el país) para que, en caso de que se produjeran vacantes, fueran tenidos en cuenta y que se les diera debida prioridad.
Por ello, la resolución de Mender terminaba de la siguiente manera: “remítanse a los juzgados y tribunales orales de la jurisdicción copias del acta y del censo de meritorios para su estricta observancia, requiriendo sinceren la nómina de sus meritorios en las distintas secretarías, constatando la efectiva prestación de servicios”.
Sigue la polémica
Ayer, Mender recibió la información que había requerido a los cuatro juzgados que dependen de la Cámara (los dos de Tucumán, el de Santiago del Estero y el de Catamarca). El Nº 1 (a cargo de Jorge Parache) y los dos de las otras provincias informaron que no tenían meritorios, mientras que el Nº 2 (a cargo de Mario Racedo) comunicó que cuatro personas se desempeñan en ese carácter.
La polémica se desató porque, pese a la resolución de Mender, el gremio se quejó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque para una Secretaría ad hoc (entenderá en causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, y bajo la órbita del Juzgado Nº 1 y del Tribunal Oral) fueron contratadas tres personas, pero ninguna era meritoria.
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