Propugnan el equilibrio entre los concursos y la carrera judicial

Equilibrio. Esa es la palabra que impera en la Corte Suprema de Justicia frente a los reclamos, como el del Colegio de Abogados, para que se generalicen los concursos como metodología a fin de cubrir cualquier vacante en los tribunales provinciales (el pedido de los letrados también estaba referido a la Justicia Federal).
El presidente del alto tribunal, Alfredo Carlos Dato, aseguró ayer a LA GACETA que, cuando se trata de cubrir cargos nuevos es más fácil articular sistemas de selección abiertos a todos los interesados a partir de una prueba escrita de oposición y del cotejo de los antecedentes de los postulantes. "Esto es lo que sucedió para la cobertura de 15 cargos de ayudante fiscal y otros diez de secretarios especializados en Concursos y Quiebras (en igual número de juzgados en lo Civil y Comercial Común)", afirmó.
No obstante, cuando se producen vacantes en los cargos ya existentes, la prioridad consiste en privilegiar la carrera judicial. "Para los ascensos tenemos en cuenta los antecedentes, la capacitación, la puntualidad, etcétera, del personal. Tenemos una tabla de calificaciones con puntaje (para cada ítem), que elabora la Dirección de Recursos Humanos. Esto es lo que consideramos cuando debemos tomar una decisión", dijo.
En cuanto al actual sistema de ingresos al Poder Judicial, Dato se limitó a manifestar: "la Corte hace cumplir que se haga efectivo el requisito de la idoneidad (para acceder a un cargo)".

Fuerte crítica
El presidente del máximo tribunal fue duramente criticado por el abogado Luis Iriarte, vicepresidente del Movimiento Popular Tres Banderas (MP3). Dato había reprochado a los camaristas María Poliche de Sobre Casas y Pedro Roldán Vázquez. Estos, entre otras cosas, habían pedido que todos los cargos en la Justicia fueran cubiertos mediante concursos y habían manifestado que las designaciones en puestos de confianza de los magistrados sean efectuadas con la consulta y participación de los interesados.
Dato replicó aseverando que los camaristas opinaban con la libertad de quienes no tienen la responsabilidad de conducir el Poder Judicial. Y advirtió que correspondía analizar si no habían transgredido la limitación para opinar sobre cuestiones políticas que pesa sobre los magistrados.
Iriarte se sumó a la polémica. En relación con los concursos, recordó: "es lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, exigencia que fue desconocida por muchos años por la Corte local. Es uno de los cargos que formulé cuando interpuse contra todos sus vocales un pedido de juicio político". También dijo que la velada insinuación de que los camaristas podrían ser sancionados es errónea. "¿Les aplicarán la mínima sanción prevista -apercibimiento-, como hicieron con el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, cuando acusó públicamente que dos vocales lo presionaban por sus investigaciones?", inquirió.