23 Febrero 2007
Aumentan las demandas contra la Municipalidad
Al menos cinco planteos fueron interpuestos ante dos salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo contra el Tributo de Emergencia. Se suman los pedidos de medidas cautelares, como el que dictaron a favor de Casino Club en la Justicia Federal. Agria disputa.
CON MENORES RECURSOS. Las arcas de la intendencia podrían ser afectadas como consecuencia de una serie de resoluciones judiciales adversas. LA GACETA / JOSE NUNO
La Municipalidad de la capital puede sufrir una catarata de demandas a raíz de la creación del Tributo de Emergencia Municipal (TEM). Amén de la ya concretada por la empresa Casino Club S.A ante la Justicia Federal, al menos cinco acciones fueron entabladas en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Justicia local.
Los planteos, efectuados por diferentes firmas del medio pertenecientes a diversos rubros, buscan que sea declarada la inconstitucionalidad de la ordenanza 3.807, promulgada el 29 de noviembre y por medio de la cual el intendente Domingo Amaya fijó el TEM. Además, buscan que se ordene la inaplicabilidad de las normas tributarias, supuestamente por resultar contrarias a la Constitución nacional, así como a la provincial.
Dos de las demandas fueron interpuestas ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y otras tres, ante la sala III del mismo tribunal, según pudo averiguar ayer LA GACETA.
Asimismo, como lo hizo Casino Club S.A., los demandantes solicitaron una serie de medidas cautelares (no innovativas), a fin de que el municipio se abstenga de cobrar el tributo cuestionado hasta tanto no sea resuelta la cuestión de fondo. Aquellas, de ser concedidas, podrían afectar la recaudación en esta capital.
Aunque en la Justicia Federal, la primera cautelar ya fue ordenada a favor de Casino Club. No obstante, otra estaría próxima a ser resuelta en la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El 18 de enero, Marta Abregú de Padilla (subrogó al juez federal Jorge Parache durante parte de la feria judicial) ordenó a la Municipalidad que, precautoriamente, no aplicara el TEM a Casino Club. Este tenía plazo hasta el 25 de enero para cumplir con el tributo a razón de $ 700 por máquina. No obstante, nueve días antes interpuso la demanda. Como consecuencia de la resolución, la Dirección de Rentas dejará de percibir $ 210.000 por mes teniendo en cuenta que la compañía chubutense dispone de 300 tragamonedas.
Una dura polémica
La medida cautelar dispuesta por Abregú de Padilla quedó firme porque el fiscal municipal, Leonardo Szachniuk, no recurrió la resolución. Argumentó que lo importante era el fondo de la cuestión, que la empresa jamás había pagado y que una cautelar puede ser alterada durante el desarrollo del proceso.
No obstante, el intendente reconoció que aún no decidió si adoptará algún medida contra el funcionario. El edil radical José Luis Avignone (ver “Cinco días...”) ya pidió explicaciones a Amaya por la actitud del fiscal. En el mismo sentido, el republicano Claudio Viña aseveró: “resulta vergonzoso que no haya apelado la cautelar. Es obligación de él, como funcionario público, defender los intereses del municipio, agotando todas las medidas administrativas o judiciales a su alcance”. Anticipó que hoy pedirá que lo interpelen a Szachniuk. “Quiero que explique su acción o, más bien, su inacción”, ironizó.
Pese a la molestia de los ediles, Amaya y el propio Szachniuk relevaron ayer a Fernando Augusto Grucci de la Dirección de Despacho, mientras que le aceptaron la renuncia a Alberto Flores, director de Control Judicial, por medio de los decreto 754 y 755, respectivamente. En el caso del segundo, se invocó razones personales.
Los planteos, efectuados por diferentes firmas del medio pertenecientes a diversos rubros, buscan que sea declarada la inconstitucionalidad de la ordenanza 3.807, promulgada el 29 de noviembre y por medio de la cual el intendente Domingo Amaya fijó el TEM. Además, buscan que se ordene la inaplicabilidad de las normas tributarias, supuestamente por resultar contrarias a la Constitución nacional, así como a la provincial.
Dos de las demandas fueron interpuestas ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y otras tres, ante la sala III del mismo tribunal, según pudo averiguar ayer LA GACETA.
Asimismo, como lo hizo Casino Club S.A., los demandantes solicitaron una serie de medidas cautelares (no innovativas), a fin de que el municipio se abstenga de cobrar el tributo cuestionado hasta tanto no sea resuelta la cuestión de fondo. Aquellas, de ser concedidas, podrían afectar la recaudación en esta capital.
Aunque en la Justicia Federal, la primera cautelar ya fue ordenada a favor de Casino Club. No obstante, otra estaría próxima a ser resuelta en la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El 18 de enero, Marta Abregú de Padilla (subrogó al juez federal Jorge Parache durante parte de la feria judicial) ordenó a la Municipalidad que, precautoriamente, no aplicara el TEM a Casino Club. Este tenía plazo hasta el 25 de enero para cumplir con el tributo a razón de $ 700 por máquina. No obstante, nueve días antes interpuso la demanda. Como consecuencia de la resolución, la Dirección de Rentas dejará de percibir $ 210.000 por mes teniendo en cuenta que la compañía chubutense dispone de 300 tragamonedas.
Una dura polémica
La medida cautelar dispuesta por Abregú de Padilla quedó firme porque el fiscal municipal, Leonardo Szachniuk, no recurrió la resolución. Argumentó que lo importante era el fondo de la cuestión, que la empresa jamás había pagado y que una cautelar puede ser alterada durante el desarrollo del proceso.
No obstante, el intendente reconoció que aún no decidió si adoptará algún medida contra el funcionario. El edil radical José Luis Avignone (ver “Cinco días...”) ya pidió explicaciones a Amaya por la actitud del fiscal. En el mismo sentido, el republicano Claudio Viña aseveró: “resulta vergonzoso que no haya apelado la cautelar. Es obligación de él, como funcionario público, defender los intereses del municipio, agotando todas las medidas administrativas o judiciales a su alcance”. Anticipó que hoy pedirá que lo interpelen a Szachniuk. “Quiero que explique su acción o, más bien, su inacción”, ironizó.
Pese a la molestia de los ediles, Amaya y el propio Szachniuk relevaron ayer a Fernando Augusto Grucci de la Dirección de Despacho, mientras que le aceptaron la renuncia a Alberto Flores, director de Control Judicial, por medio de los decreto 754 y 755, respectivamente. En el caso del segundo, se invocó razones personales.
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